Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 118

Esta contribución está dedicada al Profesor Ignacio Muñagorri, quien con su teoría y práctica trabajó para que este mundo sea algo mejor, quien llevó una vida digna de ser vivida y constituyó ejemplo para muchos de nosotros. Él preguntaba en 2009, junto con Beatriz Casares, ¿a quién y para qué sirven las políticas penales de seguridad, con el incremento del control punitivo, de la penalidad y la centralidad de la prisión?… ¿Qué objetivos tiene la política penal de la seguridad? Si más del 70% de la población carcelaria son “pobres, enfermos, drogadictos” (MUÑAGORRI/CASARES, 2009, 171). En estas páginas intento dar algunas respuestas, compartiendo como norte el mismo que inspiró a Muñagorri, el ideal de emancipación del ser humano, dando voz a los más débiles de la Tierra. Con RORTY (2005, 81): “Creo que el sufrimiento de los seres humanos que no poseen suficiente dinero es un ejemplo de sufrimiento innecesario en la sociedad contemporánea, por lo menos en las actuales democracias ricas”.

La Política Criminal de un Estado es el reflejo del grado de maduración democrática de su sociedad. Definimos como delito conductas insoportables para la convivencia y con ello establecemos los límites de las posibilidades de actuación lícita de los ciudadanos en su extremo máximo. En sociedades pluralistas y complejas como en las que vivimos actualmente, este proceso no está exento de ciertas ambigüedades, contradicciones, conflictividades, pues los intereses sociales no son totalmente compartidos por los ciudadanos y, más bien, en ocasiones pueden ser contrapuestos. Los consensos, normalmente se reducen a los delitos clásicos (homicidio, robo, violación, etc.), pero aún estos van cambiando de contenido conforme se producen transformaciones sociales. Piénsese, por ejemplo, en los modernos delitos de feminicidio o en las reformas de los delitos contra la libertad sexual, o los relacionados con la prostitución.

Ciertamente, en las sociedades postindustrializadas o sociedades de riesgo (como desarrolló Ulrich Beck), se asiste a una mayor posibilidad de desarrollar procesos sociales en los que se confrontan intereses públicos frente a privados, generales frente a particulares, nacionales frente a transnacionales, etc. Para muchos autores, el contrato social que amalgamó las sociedades nacidas en el Estadonación del siglo XVIII, está siendo superado por las nuevas dinámicas sociales de grupos multiétnicos, con gran diversidad de valores, muchas veces reunidos en tribus (urbanas, digitales, etc.), por lo que se requieren nuevos pactos, nuevos consensos o, al menos, nuevas treguas para conseguir la ansiada paz social.

Paradójicamente la sociedad ansía más que nunca seguridad. El aumento en las expectativas de vida y en la calidad de vida de grandes masas gracias a los avances tecnológicos y científicos en general, han producido una explosión de demandas sociales. Como recuerda TORRENTE (2001, 32), “hay una cierta creencia en que todos los riesgos son calculables, previsibles y evitables. El concepto de seguridad se presenta como el contra-concepto de riesgo. Pero la seguridad es una ficción social –incluyendo la mal llamada “seguridad ciudadana”– Acumulando largas series de datos se pueden estimar probabilidades, pero no tanto se evitan los riesgos. El riesgo es a la seguridad lo que la enfermedad es a la salud. Se puede intentar paliar la enfermedad, pero no garantizar la salud”. Además, la complejidad de las sociedades complica los factores causales de los riesgos, por lo que resulta a los Estados imposible garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, algo con lo que estos conviven de manera muy incómoda. Se produce, así, una “tormenta perfecta”, esto es, la conjunción de una serie de circunstancias que desembocan en grandes tensiones, muchas de ellas irresolubles, en las que hay una gran cantidad de expectativas y pocas posibilidades de resolverlas. Si el Estado y el Derecho tienen por finalidad conseguir la paz social resulta, en realidad, una misión imposible, al menos desde unas expectativas altas. Debemos aprender a convivir en la continua tensión y en la continua incertidumbre, porque son signos de nuestros tiempos.

En este escenario político de incertidumbre y de crecientes tensiones sociales ¿qué Política Criminal es posible? A esta pregunta intentaré responder en las siguientes líneas, señalando las principales líneas matrices para no caer en dos extremos muy frecuentes en la Política Criminal del Estado. Ni en un punitivismo exacerbado que pretende simbólicamente proteger los bienes jurídicos de los ciudadanos, pero en realidad se trata de respuestas lampedusianas: vamos a cambiar algo para que nada cambie. Pero tampoco en un ingenuo garantismo que se preocupa si la propuesta encaja dentro de principios decimonónicos construidos para realidades diferentes.

Se pretende en este trabajo, simplemente subrayar las bases para la propuesta de una Política Criminal más acorde con las finalidades de prevención de la criminalidad en un contexto social complejo, interconectado, de incertidumbre, en el que los riesgos se han ido incrementando notablemente.