Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 124

Si la prevención de la criminalidad es la finalidad de la Política Criminal, esto es, aspirar a sociedades libres de las diversas formas de violencias (delincuencia grave) de cualquier tipo (física, psicológica, estructural), conviene evocar las palabras de Kofi Annan en su Informe Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos (2005): “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos” (17)5.

Esto es, comprender la seguridad en un sentido holístico, como seguridad humana, esto es entender la interrelación entre desarrollo, seguridad y libertad. Como apunta el Informe es preciso “perfeccionar el triángulo del desarrollo, la libertad y la paz”. En un mundo interconectado, las redes de la delincuencia han de ser superadas por las redes de colaboración y desarrollo, pues no es posible, por ejemplo, una lucha contra el terrorismo o contra las drogas, o contra la trata de seres humanos, o contra la inmigración ilegal, sin un plan de desarrollo de los pueblos implicados que, en muchos casos, no tienen otra salida que aquellas que les ofrecen las organizaciones criminales o ser víctimas de las mismas. El propio Informe nos recuerda: “La amenaza del terrorismo está estrechamente relacionada con la de la delincuencia organizada, que va en aumento y afecta a la seguridad de todos los Estados. La delincuencia organizada contribuye a debilitar a los Estados, obstaculiza el crecimiento económico, alimenta muchas guerras civiles, socava regularmente las iniciativas de consolidación de la paz de las Naciones Unidas y proporciona mecanismos de financiación a los grupos terroristas. Los grupos de delincuentes organizados tienen también un activo papel en el contrabando ilegal de migrantes y en el tráfico de armas de fuego” (95). En efecto, todo está relacionado y, difícilmente podrá conseguirse cuotas de seguridad con una visión del problema limitada a un fenómeno criminal, a un Estado, a la ley penal, sino se establecen programas integrales de políticas sociales y se propone soluciones o planteamientos a nivel global.

El informe, que es rico en detección de las amenazas globales y de propuestas para conjurarlas señala: “Entre las amenazas a la paz y la seguridad en el siglo XXI se cuentan no sólo la guerra y los conflictos internacionales, sino los disturbios civiles, la delincuencia organizada, el terrorismo y las armas de destrucción en masa. También se cuentan la pobreza, las enfermedades infecciosas mortales y la degradación del medio ambiente, puesto que también pueden tener consecuencias catastróficas. Todas estas amenazas pueden ser causa de muerte o reducir gravemente las posibilidades de vida. Todas ellas pueden socavar a los Estados como unidades básicas del sistema internacional” (78). En realidad, un estudio criminológico de los fenómenos criminales que amenazan más gravemente la convivencia democrática, el terrorismo y la criminalidad organizada, nos muestra las dificultades de establecer causas/efectos entre la debilidad democrática, la corrupción (pública, privada), el déficit de desarrollo social, las guerras, la miseria, la desigualdad, esto es, la estructura social. El propio Informe de Europol, Several Organized Crime Threat Assesment (2017), pone en evidencia cuáles son los conductores de crimen en Europa: la tecnología, las estructuras de negocios y la situación geopolítica, dando así énfasis a la amenaza que suponen los países fallidos, las guerras híbridas, los países en conflictos internos y externos.

De acuerdo a estas ecuaciones, en un mundo globalizado, con redes interconectadas, con amenazas globales, en un momento de crisis de representatividad de los Estados democráticos, precisamente es necesaria una comprensión de la seguridad en términos de fortalecimiento de propuestas de reforzamiento del desarrollo humano, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales. Von Liszt sostenía que “la mejor Política Criminal es una buena Política Social”. Parafraseando dicho lema, se puede sostener que “la mejor Política Criminal global es una Política Social global”. Esto es, Estados realmente comprometidos con su deber de remover las causas que favorecen la imposibilidad de las libertades (derechos fundamentales individuales). Como bien nos recuerda BOBBIO (2009, 227), todo ser humano debe poseer en propiedad o como parte de una propiedad colectiva de bienes suficientes para gozar de una vida digna. Ello significa, “tener una suficiente capacidad económica para satisfacer algunas necesidades fundamentales de la vida material y espiritual, sin las cuales las libertades individuales serían vacías”.

Se trata de propuestas de políticas públicas de Estados verdaderamente democráticos, que participen de la promoción de la seguridad de todos los ciudadanos, cada uno con sus propias necesidades. No es un Estado mínimo, sino un Estado comprometido con el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, tal como lo proponen los Objetivos del Milenio. La noción de seguridad humana es más omnicomprensiva que la seguridad ciudadana relacionada con la prevención de la delincuencia, porque incorpora concepciones sobre el desarrollo humano: libertad para elegir, para desarrollar los derechos humanos personales y sociales.