Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 75

Este trabajo versa sobre política criminal; esto es, sobre (una clase de) políticas públicas. Y, en concreto, sobre el impacto sobre las mismas de ciertas ideologías: sobre el gerencialismo y la aporofobia, en tanto que (partes de) discursos político-criminales, y sobre las posibles interrelaciones entre ambos. Más exactamente: sobre la medida en que la acogida en las discusiones político-criminales de tópicos propios de los discursos gerencialistas puede posibilitar o favorecer la incorporación también de componentes discursivos aporofóbicos.

Así pues, mi atención aquí se centrará en la parte discursiva del dispositivo penal1: no en las prácticas de elaboración o aplicación de normas y otras decisiones políticas y burocráticas; sino más bien en los discursos que pretenden aprehender la realidad social y orientar y justificar aquellas prácticas y decisiones del sistema penal que pretenden incidir sobre la misma. En las racionalidades de gobernanza, en suma, que se proponen2. No obstante, veremos que un análisis de dichos discursos que pretenda poseer capacidad crítica no puede limitarse a examinar en abstracto sus enunciados, sino que tiene necesariamente que concentrarse en el uso de los mismos dentro de un determinado contexto social estructurado (aquí, el de las discusiones sobre políticas penales), pues en la realidad social la ideología no aparece nunca como pura abstracción simbólica, sino siempre materializada en prácticas discursivas concretas, por lo que tanto la interrelación semántica entre los diferentes componentes como la pragmática de la situación comunicativa (el contexto cultural, histórico y situacional en los que se profieren los enunciados) resultan decisivas para poder entender sus efectos sociales.

Como es sabido, la ideología gerencialista aparece como un discurso acerca de “una nueva (y mejor) forma de gobernar”, que propugna la incorporación de conocimientos y métodos procedentes de las técnicas de dirección de las empresas privadas a la elaboración e implementación de las políticas públicas: incorporando, pues, dichos conocimientos y métodos a la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control de las actividades de las organizaciones del sector público3, en todos sus aspectos (gestión de los recursos humanos y de los recursos materiales, organización administrativa, financiación, producción y control de calidad de lo producido)4. De entre todos esos elementos, nos interesa aquí particularmente examinar los objetivos y criterios de calidad que la ideología gerencial ha venido a marcar para el sector público, porque son ellos los que pueden influir (y, de hecho, influyen) sobre los objetivos y estrategias político-criminales que se elaboran e implementan.

En este sentido, existen componentes particularmente centrales en el discurso gerencialista, que enmarcan y orientan la interpretación que se atribuye a la organización del sector público y a cuáles son (= deben ser) sus funciones5:

– Establecimiento de una agenda muy determinada, centrada en la eficiencia y la eficacia de las organizaciones: en la calidad del producto y en la productividad (relación entre el número de unidades producidas y el coste de las mismas).

– Racionalidad y racionalización, entendida en sentido económico, como optimización de los procesos y de las decisiones.

– Cambio e innovación: abandono de las “viejas rutinas” y opción por una gestión “profesionalizada” y “tecnificada” (= eficiente).

– Atribuir a los gestores el máximo poder en las organizaciones.

– Acoger los criterios de eficiencia y de eficacia empleados en la dirección de empresas, así como sus técnicas de gestión.

– Competitividad: competencia entre las organizaciones (o las diferentes unidades organizativas, dentro de la organización) por maximizar su eficiencia y eficacia.

– La actividad pública como actividad cuasi-mercantil: se formula una descripción de la actividad pública que pretende aproximarse a la de los mercados de bienes y servicios, imitándola y simulándolos: la organización pública sería la empresa oferente y los usuarios de sus servicios serían los consumidores demandantes, y la interacción entre la una y los otros debería ser concebida como un intercambio (servicios por legitimidad, o por tasas, o por aceptación, o…).