Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 76

En el ámbito específico de la política criminal, el discurso gerencialista pretende proporcionar una respuesta a la pregunta acerca de si es posible racionalizar el funcionamiento del sistema penal (y, si es posible, conforme a qué criterio(s) de racionalidad); o si, por el contrario, estamos abocados necesariamente a que sus operaciones sean irracionales en cuanto a su producto (por más que se puedan establecer limitaciones, externas al sistema, tanto en cuanto a qué productos son deseables como en lo que se refiere a los medios aceptables para obtenerlos). Y su respuesta es que sí que es posible dicha racionalización, pero que la única racionalidad disponible es la meramente instrumental, consistente en asegurar la eficiencia del sistema: la asignación eficiente de los recursos (escasos) disponibles, para que el producto (en términos de prevención de delitos) sea el mejor de los posibles6.

Así pues, lo que el gerencialismo pretende es proponer criterios de asignación eficiente de los recursos del sistema penal, para obtener el mejor resultado (el mayor número de infracciones prevenidas) posible. Para la ideología gerencialista, por consiguiente, qué haya de ser protegido a través del sistema penal (qué constituya un problema de seguridad) es una cuestión previa: el gerencialismo se concentra en los medios, no en los fines. Las cuestiones morales (cuestiones relativas al merecimiento de sanción o a los derechos) no son, en principio, relevantes en la racionalidad gerencialista (aunque, por supuesto, puedan ser impuestas desde fuera, como límites a la misma).

Una política criminal gerencialista marca objetivos globales de producción del sistema (número de infracciones prevenidas, de infractores identificados, etc.) y medios eficaces para lograrlos. Los aspectos individuales (= los actos individuales de aplicación de las normas jurídico-penales) son considerados principalmente como manifestaciones y consecuencias de las políticas globales. Y, consiguientemente, los evalúa por su nivel de eficiencia: por si había otra forma de actuar que, con los mismos recursos, habría sido más Pareto-eficiente; es decir, habría logrado nivel de una producción (de prevención de infracciones) mayor al mismo coste.

De este modo, en el discurso gerencialista el sistema penal aparece principalmente como un instrumento para la gestión masiva de riesgos sociales. Y la política criminal como aquella política pública orientada a gobernar dicho instrumento.

Gobernanza (del sistema penal) es, por lo tanto, un concepto clave: se trata, en efecto, de controlar los outputs del sistema, asegurando que la actuación del mismo produzca, en términos globales, el mayor nivel de producción, con el mejor nivel de calidad, y al coste más reducido que sea posible. En términos prácticos, esto implica que las políticas criminales, en tanto que estrategias de gobernanza del sistema penal, deben incorporar los elementos que (desde la perspectiva gerencialista) resultan imprescindibles para una buena gobernanza:

– Planificación estratégica: una planificación que fija una misión global para el sistema penal y objetivos específicos temporalmente acotados, y que vincula los planes parciales de actuación y las decisiones sectoriales (aquí: las de todos los operadores del sistema) a dicha misión y a dichos objetivos.

– Estándares prefijados de actuación óptima para cada operador del sistema.

– Participación activa de todos los operadores del sistema en la elaboración, implementación y evaluación de las estrategias y estándares de actuación.

– Controles a posteriori de la actuación, de la productividad, de la calidad y del impacto: fijando en los planes indicadores, realizando auditorías organizacionales y evaluaciones del desempeño y del impacto.

– Toma en consideración, para la evaluación, y aprendizaje a partir de la experiencia de usuario: de las experiencias vividas por las víctimas, por los infractores, por todos los operadores del sistema y, en general, por la ciudadanía que entra en contacto con el sistema penal.

– Obligación de rendir regularmente cuentas (sobre la producción del sistema) ante la opinión pública.