Читать книгу La reforma francesa del derecho de los contratos y de las obligaciones - Martha Lucía Neme Villarreal - Страница 37

Ante tal confusión, el legislador francés prefirió abandonar completamente una regulación de la capacidad de las personas morales dentro del código civil y remitir esa reglamentación a la ley especial.

El artículo 1145 ratificado por la ley de ratificación del 20 de abril de 2018 quedó definitivamente redactado en estos términos:

Toda persona natural puede contratar, salvo en caso de incapacidad prevista por la ley.

La capacidad de las personas morales está limitada por las reglas aplicables a cada una de ellas.

El código civil francés realizó de este modo una remisión definitiva a la legislación especial en materia de sociedades. Operó una modificación en la forma, pero no en el fondo de lo que establecía inicialmente el código napoleónico, ya que desde el comienzo lo concerniente a la capacidad de las sociedades ha estado regulado por la legislación especial, particularmente por el principio llamado de la especialidad, y no por el derecho civil. Al punto de que algunos autores se preguntan si ese inciso 2 es realmente útil o no²⁰, pues no añade nada a la capacidad de las personas jurídicas ni fija para ellas ninguna regla general que pudiera ser eventualmente interesante para llenar vacíos con el derecho común. Remite entonces a consultar el derecho de sociedades que, en realidad, nada dice en materia de capacidad, salvo en materia de limitación de las facultades de los administradores societarios.

¿No habría sido mejor regresar a la regla contenida en el artículo 1123 del código de 1804, según la cual toda persona es capaz salvo incapacidad prevista en la ley?²¹. Esto lo que refleja, en últimas, es la gran calidad y suficiencia de los artículos iniciales establecidos en el código napoleónico.

Las reglas en materia de sociedades expresan lo que se conoce como el principio de la especialidad, que delimita el radio de acción de los administradores societarios. De acuerdo con el principio de la especialidad, las personas jurídicas son creadas para alcanzar los fines que sus fundadores han previsto perseguir o desarrollar, para lo cual se les otorga la personalidad jurídica. Y esos fines están establecidos en el objeto social, dentro de los estatutos.

Los administradores societarios están, en consecuencia, obligados a limitarse al programa fijado por los socios dentro de los estatutos (en el entendido de que ese programa puede efectivamente ser cambiado en cualquier momento respetando las normas sobre mayorías); y, de llegar aquellos a actuar por fuera del marco de acción estatutariamente permitido, dichos actos serían ultra vires y, en consecuencia, nulos²². El límite que representa el objeto social delimita el radio de acción de la propia persona jurídica mediante las facultades estatutarias de sus representantes. Es por ello que el objeto social impone una limitación a la capacidad de la persona jurídica²³. De hecho, es lo que establece el artículo 99 del código de comercio colombiano:

La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

Para algunos doctrinantes, la inclusión de un principio general en derecho francés, válido tanto para personas naturales como morales, habría sido finalmente útil, ya que las normas especiales en materia de sociedades nada dicen sobre la capacidad de estas²⁴, pues el otorgamiento de la personalidad jurídica es suficiente para que la persona moral sea plenamente capaz, así se le impida ejercer ciertos actos. Bajo esa óptica, para algunos²⁵, más que como un límite a la capacidad, el principio de la especialidad puede ser visto como un límite a los poderes del representante legal, en el sentido de que este no puede comprometer a la persona jurídica por fuera de lo que establece el objeto estatutario, salvo ciertas excepciones conducentes a reconocer la buena fe de terceros cocontratantes de acuerdo a la forma societaria de que se trate²⁶. La posible influencia para el derecho colombiano radicaría más en la rectificación a la modificación inicial en materia de capacidad realizada por la ley de ratificación del 20 de abril de 2018 que en la modificación en sí misma, operada por el Decreto Ley 2016-131: en Colombia cabría considerar la posibilidad de, primero, establecer una mejor estructura para nuestro código civil, que permita tener una mejor legibilidad de las normas, y, segundo, concretamente en materia de capacidad, mantener el articulado actual.