Читать книгу La estabilidad económica en la Constitución Española - Mauricio José Reyes Opazo - Страница 38

Desde 1957 se había generado en algunos grupos políticos e intelectuales españoles un cierto consenso en cuanto a que el modelo económico desarrollado a partir de 1939 se encontraba agotado y que era urgente una gran reforma que, no solo produjera estabilidad macroeconómica, sino que «dismin[uyera] y, en muchos casos supri[miera] (…) una serie de intervenciones que no permitían un funcionamiento eficiente de los mercados»231.

Siguiendo estos criterios, y junto con otras medidas, el Gobierno de la época decidió con motivo de la visita de la primera misión del FMI a España, en febrero de 1959, iniciar negociaciones con el citado organismo internacional para, por un lado, ingresar al FMI y, por otro, debatir y contrastar las reformas económicas que se proponían para la economía. En particular, las autoridades españolas querían saber si «un plan de estabilización económica, (…) aprobado por el FMI, [sería apoyado financieramente por] éste y otros organismos internacionales»232.

Luego de varios meses de preparación, a fines de junio de 1959, el Gobierno español envió a las autoridades del FMI y de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE)233 un Memorándum de entendimiento en el que se fijaron «un conjunto de medidas destinadas a lograr la estabilidad monetaria y de los precios, el equilibrio exterior y la expansión económica futura dentro de un sistema de mercado no intervenido»234.

Como sostuvo Sardá, la «mayoría de directivas mencionadas en el Memorandum del Gobierno español al Fondo Monetario Internacional y a la OECE, fueron puestas en práctica inmediatamente, especialmente las que no requerían acción legislativa»235. En el caso de las materias que requirieron modificaciones legislativas236, éstas comenzaron su proceso de adecuación a partir de la publicación del Decreto-Ley 10/1959, de 21 de julio, de Ordenación Económica, siendo posteriormente perfeccionadas y ampliadas a través de la publicación de Leyes, Decretos y Órdenes.