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5. CONCLUSIONES

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El futuro de la política energética europea pasa por (i) la diversificación del suministro, (ii) el aumento de las interconexiones entre los Estados Miembros y (iii) el desarrollo de fuentes hipocarbónicas23). Todos ellos son objetivos ambiciosos y la integración es un proceso complejo desde un punto de vista regulatorio.

En cuanto a la diversificación del suministro, el GNL tiene un enorme potencial como fuente alternativa. La Unión Europea es consciente de ello y a través de la legislación comunitaria ha tratado de impulsar su desarrollo. Tal y como hemos mencionado anteriormente, el papel que puede jugar España en la consecución de este objetivo resulta fundamental habida cuenta de que este país puede convertirse, de superarse los retos pendientes, en la puerta de entrada del gas en Europa. Consciente de ello, el legislador español a lo largo del último año ha introducido una serie de reformas y medidas (tales como el establecimiento de una retribución regulada del gas o la creación del hub ibérico), que deberían favorecer el impulso del sector del GNL en España.

Sin embargo, el problema fundamental que debe afrontar España, al igual que muchos otros Estados Miembros, es la necesidad de desarrollar las infraestructuras necesarias que garanticen la interconexión con el resto de Estados Miembros. Las políticas de desarrollo de infraestructuras han venido acompañadas del desarrollo de los Códigos de Red comunes para facilitar conexiones internacionales que faciliten el uso de las infraestructuras y el uso eficiente del mercado. Sin embargo, aparte de los programas de planificación y la ejecución de los Proyectos de Interés Común y las ayudas económicas, es imprescindible que España cuente con un marco regulatorio estable y predecible. Las inversiones requeridas en el sector demandan que España ofrezca una estabilidad regulatoria que perdure en el tiempo pero que, su vez, sea capaz de adaptarse a un sector dinámico como lo es el sector del gas.

En definitiva, el gas va a seguir jugando un papel fundamental en la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de la Unión Europea en materia de reducción de gases de efecto invernadero.

Anuario de Derecho Administrativo 2017

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