Читать книгу Anuario de Derecho Administrativo 2017 - Miguel Ángel Recuerda Girela - Страница 26

A lo largo de estos últimos años se ha producido una profunda transformación en la posición de las Administraciones Públicas en los procedimientos de insolvencia, ahora englobados bajo el instituto del concurso de acreedores, como consecuencia de la aprobación de la Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal (en adelante, LC), y sus múltiples modificaciones posteriores, de las que cabe destacar la Ley 38/2011, de 10 de octubre, a la que han seguido, más recientemente, el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, la Ley 9/2015, de 25 de mayo y la Ley 25/2015, de 28 de julio 1). A ello se ha unido la interpretación jurisprudencial, la cual por su parte también ha modulado tal posición, dando lugar a lo que se ha denominado en lenguaje coloquial «poda de privilegios».

En el presente trabajo abordaremos de forma sucinta únicamente los aspectos relacionados con la situación de insolvencia del contratista de la Administración, teniendo en cuenta tanto el tipo de contrato celebrado (privado o administrativo), así como el momento en que se aprecia tal situación de insolvencia, y su repercusión en el ámbito de los contratos públicos.