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1.5.3. Tutela Judicial

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El significado que el art. 24.1 de la CE a través del derecho a la tutela judicial efectiva otorga a todas las personas «en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos», implica una doble cualidad muy importante como garantía de los derechos: de una lado, siendo garantía de los derechos fundamentales y de otro, siendo en sí mismo un derecho fundamental, incluido en el catálogo de los derechos que poseen el nivel más alto de protección.

La concreción más evidente en el seno de estos derechos es el Recurso de Amparo, cuyo conocimiento y resolución se atribuye por parte del art. 161.1.b) al Tribunal Constitucional, y que supone una de las principales competencias de esta especial jurisdicción. Su específica regulación se encuentra en la L.O. 2/1979 de 3 de octubre.

↔ [Véase recurso de amparo 4/885 y ss.]

Así, dicho recurso se configura como la pieza final interna del sistema de garantía de los derechos y libertades fundamentales. El art. 53.2 CE, al referirse a los instrumentos de protección, establece que «cualquier ciudadano podrá en su caso, recabar la tutela del TC a través del recurso de amparo». Este recurso de amparo tiene por tanto un carácter extraordinario, por cuanto es deducible sólo para la protección de los derechos y libertades fundamentales, y más en concreto, para los reconocidos en la sección 1.ª del capítulo II, del título I.

En cuanto al procedimiento para la protección, la especialidad consiste en dispensar un procedimiento preferente y sumario que permita la pronta reparación del derecho vulnerado, evitando así dilaciones relativamente corrientes en los procedimientos judiciales «normales».

Sirva como ejemplo destacable, la regulación del procedimiento a seguir ante violaciones procedentes de actos administrativos (Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), que introduce un recurso contencioso-administrativo contra el acto supuestamente lesivo con unos plazos muy breves que favorecen su pronta resolución.

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Practicum Ejercicio de la abogacía 2022

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