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1. Cualquier sistema estatal de arbitraje precisa, junto a un marco legal apropiado, una jurisprudencia que lo aplique e interprete adecuadamente. En España, siguiendo una serie de directrices fijadas por el Tribunal Constitucional, esta función corresponde esencialmente a los Tribunales Superiores de Justicia que desde el año 2011 ejercen importantes funciones en el nombramiento de los árbitros y en el control de los laudos arbitrales, resolviendo las eventuales acciones de anulación respecto de los laudos pronunciados en España y respecto de los laudos pronunciados en el extranjero a través del execuátur. Las Audiencia Provinciales también tienen un cierto papel en lo que atañe a la resolución de los recursos relativos a la denominada “declinatoria” arbitral y a los despachos de ejecución de los laudos firmes. El periodo cubierto por la presente obra parte de la reforma que sobre la Ley de Arbitraje de 2003 se realizó en 2011, confiriendo gran protagonismo a los Tribunales Superiores de Justicia. Es cierto que en los dos últimos años la acción de los tribunales se ha reducido sensiblemente, pero la jurisprudencia en materia arbitral sigue siendo una constante que supera más de 500 decisiones anuales.

En el presente libro se ha realizado una selección rigurosa de varios miles de decisiones, en un afán de aportar la doctrina más relevante de nuestros tribunales, procediéndose a una sistematización que incluye unos 1.400 extractos clasificados en seis rúbricas: 1) Configuración del arbitraje en el Ordenamiento español; 2) Apoyo judicial al arbitraje; 3) Convenio arbitral, 4) Instituciones arbitrales y árbitros; 5) Anulación del laudo arbitral y 6) Execuátur de laudos extranjeros.

Posee esta obra una pretensión de generalidad y un objetivo de utilidad para distintos operadores jurídicos que entran de alguna manera en contacto con el arbitraje. Por ejemplo, para la presentación por parte de los abogados de acciones judiciales relativas a la declinatoria arbitral, al nombramiento judicial de árbitros, al despacho de ejecución de laudos, o para oponerse a las mismas. También, para la articulación y/o oposición de las correspondientes acciones de anulación contra los laudos pronunciados. Resulta de gran utilidad, asimismo, para desarrollo diario de las actividades de las instituciones administradoras del arbitraje y, por supuesto, para los árbitros a la hora del ejercicio de sus complejas funciones.

Puede considerarse el presente repertorio de jurisprudencia una continuación del libro editado por esta misma editorial en el año 2013 realizado en el marco del Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación sobre “Jurisprudencia española de arbitraje (60 años de aplicación del arbitraje en España)” que cubrió un espacio comprensivo de tres reglamentaciones diversas; la Ley de Arbitraje Privado del año 1953 dónde el Tribunal Supremo tenía un papel determinante, dentro del escaso margen que dicha disposición permitía para el desarrollo del arbitraje, habida cuenta de qué estaba prohibida la práctica del arbitraje institucional; la Ley de Arbitraje de 1988 qué confirió el protagonismo a las Audiencias Provinciales, en un marco normativo mucho más moderno, pero que contenía numerosas insuficiencias precisadas de un labor creativa; y, por último, la Ley de Arbitraje de 2003, que implicó la incorporación de nuestro país al modelo Uncitral de 1985, modificada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.

Diez años de Jurisprudencia Arbitral en España

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