Читать книгу Las reestructuraciones de las sociedades de capital en crisis - Aurora Martínez Flórez - Страница 41
IX. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD POR LOS ACREEDORES
ОглавлениеLa posibilidad de que la acción social de responsabilidad sea ejercida por los acreedores ex art. 240 (“Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus socios, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos”) confirma la tesis de la separación que venimos sosteniendo en estas páginas. Como dicen Bermejo/Rodríguez Pineau62):
desde el momento en que una sociedad es insolvente, los acreedores, en su calidad de titulares económicos del patrimonio social, también podrán exigir que se repare el daño ocasionado al patrimonio social. En principio, los deberes que los administradores han de observar en su gestión al frente de la sociedad no cambian por el hecho de que la sociedad pueda encontrarse próxima a la insolvencia. En las inmediaciones de la insolvencia, los acreedores, –al menos los contractuales–, se siguen protegiendo a través de las garantías pactadas y frente a las eventuales actuaciones fraudulentas o perjudiciales en las que pudiera incurrir deudor cuentan con una protección ex post bastante eficaz (i.e., las acciones revocatorias concursales). Ya en situación de insolvencia... los administradores deberán instar la declaración de concurso si no pueden adoptar ninguna medida razonable para restaurar la capacidad financiera de la sociedad.
Pues bien, dada la naturaleza y el carácter de la acción social (exigir a los administradores que dejen el patrimonio social indemne de los daños que le hayan causado en su actuación como gestores por haber infringido sus deberes como administradores sociales), la legitimación subsidiaria de los acreedores pone de manifiesto que éstos no reclaman a los administradores el cumplimiento o la indemnización por incumplimiento de ningún deber fiduciario que aquéllos ostenten frente a ellos. Sólo reclaman –en vía subrogatoria– que los administradores indemnicen a los beneficiarios de sus deberes fiduciarios porque ellos –los acreedores– son acreedores de tales beneficiarios (en cuanto miembros de la persona jurídica y con la limitación de responsabilidad prevista en la Ley). Cualquier reclamación directa de los acreedores debe realizarse individualmente mediante la llamada “acción individual” o en ejercicio de la responsabilidad por deudas sociales o, colectivamente, mediante las acciones previstas en el Derecho Concursal.
Si los acreedores sólo pueden demandar a los administradores por incumplimiento de sus deberes fiduciarios a través del ejercicio subsidiario de la acción social de responsabilidad, se sigue que los deberes de éstos no cambian porque estemos en una situación de insolvencia sin declaración de concurso y sin disolución. Los administradores siguen sometidos a los mismos deberes de diligencia y lealtad hacia la sociedad y los acreedores demandantes deberán justificar, no que ellos sufrieron un daño, sino que la sociedad sufrió un daño como consecuencia de la infracción de esos deberes que los administradores soportan frente a la sociedad63).
Y, en su defensa, los administradores podrán oponer a la acción social ejercida por los acreedores, las mismas defensas que podrían oponer si la acción fuera ejercida por la sociedad o por los socios minoritarios. Es decir, podrán alegar, sobre todo, que aunque su decisión acabó perjudicando a los acreedores, su actuación estaba protegida por la business judgment rule y que actuaron dentro del ámbito de discrecionalidad protegido porque optaron por una alternativa tras un proceso adecuado de decisión, esto es, lo hicieron informada y desinteresadamente. La justificación de la aplicación de la business judgment rule también en la insolvencia no declarada se justifica por las mismas razones que se justifica cuando la sociedad es solvente: las decisiones de los administradores se adoptan en un entorno incierto64).
Y también por las mismas razones que no se ha declarado la insolvencia, esto es, los administradores no deben lealtad a los acreedores sociales sencillamente porque tal deber está previsto en las normas de Derecho Concursal y, en tanto no se declare el concurso no se produce el supuesto de hecho de aplicación de tales normas. La insolvencia ha de declararse.
El primer apartado de este escrito se publicó como entrada en Jesús Alfaro, Administradores frente a accionistas y acreedores cuando acecha la insolvencia, Almacén de Derecho, 2018, https://almacendederecho.org/administradores-frente-accionistas-acreedores/ donde debe leerse también la entrada de Francisco Garcimartín, de nuevo sobre los deberes fiduciarios y la proximidad del concurso, Almacén de Derecho 2019, https://almacendederecho.org/de-nuevo-sobre-los-deberes-fiduciarios-y-la-proximidad-del-concurso/ donde se desarrolla el argumento –muy eficaz– según el cual, la cuestión ni siquiera se plantearía en el caso de un deudor individual –una persona física– que tuviera un factor para la gestión de su empresa. El resto de este escrito desarrolla el argumento que se realiza en el primer apartado.
Baird, Douglas G. and Henderson, M. Todd, Other People's Money. Stanford Law Review, Vol. 60, Symposium issue, 2008; disponible en https://ssrn.com/abstract=1017615, p. 19 ss.
Como explica Garcimartín, para entender que ese es el comportamiento debido de los administradores sociales y que no cambia porque la sociedad cuyo patrimonio administran esté al borde de la insolvencia, la comparación con el deudor persona física o el deudor persona jurídica cuando el patrimonio es gestionado –gobernado– por los propios socios es pertinente. En tal caso, no nos cabría ninguna duda de que el deudor individual, en una situación pre-insolvencia tiene derecho a defender sus intereses y no tiene por qué comportarse como un fiduciario en relación con los intereses de los acreedores, v., entrada citada en nota 1.
Pero que pueden no serlo como ocurriría si los administradores, temerosos de resultar responsables, defieren a los accionistas las decisiones más arriesgadas o si se trata de sociedades cerradas donde socios y administradores coinciden o si se trata de sociedades de un único socio en cuyo caso su situación es semejante a la de un deudor individual con la distorsión que induce la limitación de responsabilidad)
Sobre esta “regulación” en la fase próxima a la insolvencia y, por tanto, en la que puede obligarse a la sociedad a renegociar o restructurar sus deudas mediante un acuerdo con los acreedores v., Francisco Garcimartín, De nuevo sobre los deberes fiduciarios y la proximidad del concurso, Almacén de Derecho 2019. Sobre la sentencia del Tribunal Supremo referida en el texto v., Cándido Paz-Ares, Perseverare diabolicum (A propósito de la STS 26-II-2018 y la retribución de los consejeros ejecutivos) InDret 2/2018. Disponible en http://www.indret.com/pdf/1387.pdf y mi entrada, La retribución de los consejeros ejecutivos y los estatutos sociales”, Almacén de Derecho 2018, disponible en https://almacendederecho.org/la-retribucion-los-consejeros-ejecutivos-los-estatutos-sociales/
Sobre la relación entre esta norma y la obligación de declarar el concurso v., Antonio Perdices, La responsabilidad de los administradores por deudas sociales a la luz de la ley concursal, InDret, 295(2005), http://www.indret.com/pdf/295_es.pdf
Permítaseme la remisión a Jesús Alfaro, La llamada acción individual de responsabilidad o responsabilidad “externa” de los administradores sociales, InDret 1/2007, disponible en http://www.indret.com/pdf/413_es_1.pdf
Corresponde a Paz-Ares entre nosotros el mérito de haber subrayado –frente a las doctrinas “orgánicas”– el carácter de mandato colectivo de la relación entre los administradores y la sociedad. La formulación más generalizada puede leerse en Fried, Jesse M. and Chaver, Alon, Managers' Fiduciary Duty Upon the Firm's Insolvency: Accounting for Performance Creditors (2002). Vanderbilt Law Review, Vol. 55, pp. 1813-1844, 2002. Disponible en https://ssrn.com/abstract=338920 “It is a fundamental principle of corporate law that the managers of a solvent corporation owe a fiduciary duty to the corporation and its residual claimants, the shareholders. Under this duty, managers must place the interests of the corporation’s shareholders ahead of their own interests and ahead of the interests of any other parties with claims against the firm’s value, including creditors. Creditors have been considered adequately protected by their loan agreements with the firm, as well as by statutory provisions and common law doctrines designed to prevent borrower misbehaviour (such as fraudulent transfer law). Thus, it has been widely believed that there is no need to extend fiduciary protection to creditors”.
Se equivocan, pues, Baird y Henderson cuando critican a otros autores diciendo que si no se afirma que los administradores tienen deberes fiduciarios frente a los acreedores no podría explicarse por qué aquéllos habrían de pedir nunca el concurso de la sociedad, siendo así que, dada la responsabilidad limitada de los accionistas, siempre será preferible para éstos continuar manteniendo el control de la sociedad y esperar un milagro que haga rentable la compañía. Baird, Douglas G. and Henderson, M. Todd, Other People's Money. Stanford Law Review, Vol. 60, Symposium issue, 2008; Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=1017615 , nota 16
Como dicen Ribstein/Alces, p. 531: “the insolvency scenario... relates to duties corporate debtors owe their creditors individually. The main question... is whether the creditors individually should have a general fiduciary-type remedy for conduct of this sort that does not fit within specific liability categories such as fraudulent conveyances. They should not because this situation does not involve the broad delegation of discretion that characterizes a fiduciary relationship”. Ribstein, Larry E. and Williams, Kelli Alces, Directors' Duties in Failing Firms, Journal of Business and Technology Law, Vol. 1, No. 2, p. 529, 2007 Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=880074
Recuérdese que el acreedor insatisfecho puede solicitar la declaración de concurso y es premiado con un privilegio si es el primero (acreedor instante del concurso). Sobre las acciones rescisorias v., León Sanz, Francisco José, Los efectos de la rescisión, Liber amicorum, prof. José María Gondra Romero. Madrid, 2012, págs. 465-492. La idea es que, si no se anulan las transacciones a las que se refiere el art. 71 LC, unos acreedores –los que han cobrado sus créditos antes de la declaración del concurso pero cuando el deudor estaba ya en una situación de insolvencia– pueden resultar beneficiados en cuanto al cobro de sus créditos frente a otros –los que forman la masa pasiva en el concurso–. Como dice Francisco León (La función de la acción rescisoria desde la perspectiva del tercero. A propósito del libro «Le pretese del terzo revocato nel fallimento de Giuseppe Ferri jr.». Anuario de Derecho Concursal 28(2013), pp. 181 a 191: “la rescisión es un instrumento para evitar que la continuidad de la actividad del concursado en la fase en la que ya es insolvente sea a costa de unos acreedores para beneficiar a otros a los que se pone al abrigo del concurso y como medio para reintegrar las salidas patrimoniales en virtud de actos de disposición del concursado que implican una disminución de su patrimonio. De este modo se evita que el riesgo de la insolvencia se traslade del deudor a los acreedores que han realizado su prestación en la fase anterior a la declaración del concurso y cuyos créditos están pendientes de cumplimiento en el momento de la declaración de concurso, es decir, que los acreedores concursales se vean forzados a soportar un mayor sacrificio como consecuencia de la continuidad de la actividad cuando el deudor ya era insolvente, por haber utilizado el crédito de los acreedores concursales para satisfacer a los terceros con los que se ha relacionado antes de la declaración del concurso. V., también, León Sanz, Francisco, La rescisión de las operaciones societarias, disponible en http://catedraperezllorca.ie.edu/sites/default/files/La%20rescisi%C3%B3n%20de%20las%20operaciones%20societarias.pdf donde se expone la relación entre las distintas reglas – societarias y concursales – de protección de los acreedores en caso de modificaciones estructurales como el aumento de capital o la escisión; Sancho Gargallo, Ignacio, Reintegración de la masa del concurso: aspectos procesales de la acción rescisoria concursal, RJCat 105(2006), pp. 321-342, disponible en http://www.icab.cat/files/242-165327-DOCUMENTO/sancho.pdf. Sobre la causa onerosa de las garantías otorgadas a favor de la matriz o de otra sociedad del grupo v., Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2014.
Esta es la posición de Riley, C, Directors’ Duties and Interests of Creditors, The Company Lawyer, 10 (1989), pp. 87-93, apud Recamán, Eva, Los Deberes y la Responsabilidad de los Administradores de Sociedades de Capital en Crisis, 2016, p. 92.
Valsan, Remus D. and Yahya, Moin A., Shareholders, Creditors, and Directors' Fiduciary Duties: A Law and Finance Approach. Virginia Law & Business Review Vol. 2, No. 1, 2007. Disponible en https://ssrn.com/abstract=998165 , p. 24 “Several vital legal principles having great relevance in the area of fiduciary duties (such as the individuality of firm’s patrimony, the value of the firm, shareholders’ limited liability, etc.) are grounded on the principle of the firm’s separate legal capacity”. O, mejor dicho, en el carácter de patrimonio organizado de la corporación, o sea, de las sociedades con estructura corporativa: “once we regard the corporation as a distinct entity, it is highly intuitive to affirm that directors must defend the best interests of the corporation they are managing”.
“However, others entail fiduciary administration for purposes rather than persons. These are governance mandates. All fiduciary mandates imply purposes in as much as the fiduciary’s discretion is to be oriented to the achievement of certain objects. However, purposes are distinctive in governance mandates insofar as they are not identified with determinate persons and their practical interests; they are, in this sense, abstract. The purposes that underlie fiduciary governance mandates reflect goals or commitments defined in relation to groups, associations, or communities and are so tied to the interests of the group, community, or association that the interests of individuals cannot be disaggregated from those of the collectivity without undermining either the collectivity or the integrity of the purpose(s) posited for it” Miller, Paul B./ Gold, Andrew S., Fiduciary Governance, 57 WM & Mary L. Rev, 2015, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2584502
Maitland explica muy bien cómo se pasa de ser un trustee que debe actuar en interés de beneficiarios concretos a serlo en interés de un objetivo valioso para la comunidad más allá de los intereses de los que crearon el patrimonio separado y lo asignaron a un trustee para que lo gestionasen. El ejemplo de los préstamos bibliotecarios es excelente, Frederic Maitland, Trust and Corporation Grünhut’s Zeitschrift für das Privat- and Öffentliche Recht, Bd. XXXII [1904].
Hart, Oliver, Financial Contracting, Journal of Economic Literature, 34(2001), pp. 1079-1100, disponible en http://ssrn.com/abstract=269241. Myers, Stuart C., Capital Structure, J. Econ. Persp. 15(2001), pp. 81-102, p. 92, http://es.scribd.com/doc/121554036/Myers-Capital-Structure
Engert, ZGR 2004, p. 818 ss.; “Creditor concerns are not a material issue as long as the corporation is solvent, as creditor capital is not then at risk; rather, it is the shareholders’ residual claim (and the potential reduction in its value) that serves as the ultimate financial backstop” Katz v. Oak Indus. Inc., C.A. No. 8401 (Del. Ch. Mar. 7 1986) https://www.casebriefs.com/blog/law/corporations/corporations-keyed-to-klein/corporate-debt/katz-v-oak-industries-inc/. Hargovan, Anil and Todd, Timothy M., Financial Twilight Re-Appraisal: Ending the Judicially Created Quagmire of Fiduciary Duties to Creditors (2016). University of Pittsburgh Law Review, Vol. 78, No. 2, 2016 https://ssrn.com/abstract=2943069
Valsan y Yahya, Shareholders, pp 26-27 “Limiting the scope of fiduciary duties to maximizing the value of the firm is a simple and efficient way to circumvent the daunting task of assessing ex ante the effects the business decisions have on each constituency, without jeopardizing such interests”.
Obsérvese que limitan los “interesados” o stakeholders a los inversores, es decir, a los que financian el patrimonio separado, lo cual es, cuando menos, sorprendente.
Baird/Henderson, Other People’s, p. 24 “This observation suggests that corporate law should follow the lead of Judge Easterbrook in Central Ice Cream: The duties of the directors should go towards all the investors as a group, that is, to the firm. Their duty is analogous to the principle in the law of trusts known as “the duty of impartiality”. This is a duty that pushes trustees in the direction of considering the trust as a whole: A creates a trust where the income is to be distributed to B during her lifetime, with the principal distributed to C upon B’s death. The trustee has duties running to both beneficiaries and their interests’ conflict. The trustee may, for example, be forced to choose between an investment that offers high current income and one that offers long-term growth” Other things equal, the trustee should try to maximize the value of the trust as a whole. In the case of trusts, other things are often not equal. If B is an elderly widow and C an entirely self sufficient adult child, the trustee would be remiss if the trust generated no current income, even if this course would maximize the expected value of the trust. Maximizing value under these circumstances runs counter to any sensible interpretation of the settlor’s intent. The law of trusts does not require the trustee to act robotically or without regard to the particular needs and interests of those for whom she is taking care. Rather the trustee’s obligation is to “act impartially and with due regard for the diverse beneficial interests created by the terms of the trust.”
V., un caso recientemente decidido en Delaware, en Alfaro, Jesús, Venta de empresa con derecho de arrastre y distribución en cascada del precio, en Almacén de Derecho 2018, http://almacendederecho.org/compraventa-empresas-deberes-fiduciarios-del-socio-mayoritario/
La exposición de Engert de esta cuestión es inmejorable y es la que he seguido en el texto: Engert, Andreas, Life Without Legal Capital: Lessons from American Law (January 2006). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=882842 v., también, de este mismo autor, Andreas Engert, why manager liability fails at controlling systemic risk, en Lomfeld, Somma, Zumbansen, Reshaping Markets. Economic Governance, the Global Financial Crisis and Liberal Utopia, 2016 traducido en https://almacendederecho.org/gestion-del-riesgo-responsabilidad-los-ejecutivos-bancarios/
Roza el absurdo porque, como explican Valsan y Yahya, Shareholders, pp. 43-44: las expectativas racionales hacen que el acreedor –o el accionista– anticipe la conducta del administrador y no se financie a éste en primer lugar o el que recibe los fondos se comporte de la manera esperada por el financiador: la conducta del accionista/administrador “is not a rational expectations equilibrium... Given that those specifying the model (such as ourselves, Chancellor Allen etc.) of the entrepreneur’s behaviour anticipated that he would choose the riskier project after representing to the creditor that the first project would be chosen, the creditor would also anticipate this behaviour... Hence, the creditor will automatically assume that the shareholder will choose the riskier project and adjust the interest rate to be 39%, forcing the entrepreneur always to choose the riskier project... The second problem is that, from the prospect of shareholders’ interest, the best thing is not to invest in a risky project at all; rather, the best and safest course of action would be to finance exclusively with debt, declare the cash from the debt as a one-time dividend, and then declare bankruptcy leaving the creditor with no return. Again, a creditor would anticipate this behaviour would then not lend any money at all, thereby breaking down the corporate credit market. For this reason, creditors have developed a set of contracts that prevent debtors from engaging in risky or fraudulent activities at creditors’ expense, and that allow the shareholders to have access to credit capital”.
Un ejemplo menos extremo de Chaver/Fried: “Example 1: Suppose that Firm has $100 of debt due at the end of the year. If Firm continues in its current “safe” line of business (“S”), it will have assets totalling $80 by the end of the year. As a result, Firm will default on its debt and be taken over by its creditors. Alternatively, Firm could change to a different “risky” line of business (“R0”). If Firm switches to business R0, there is a 50% likelihood that Firm will have assets totalling $120 by the end of the year and a 50% likelihood that it will have no assets by the end of the year. Because the expected value of business R0 is $60 and the expected value of business S is $80, from an efficiency perspective, Firm’s managers should choose business S. However, if Firm continues in business S, the expected value of equity is $0, and if Firm switches to business Ro, the expected value of equity is $10 (50% x $20). Thus, shareholder value maximization would lead managers to inefficiently choose business Ro over business S. The intuition behind this example is that when the firm would otherwise fail and leave shareholders with nothing, managers seeking to maximize shareholder value will have an incentive to choose a different strategy in which there is some possibility that the firm will be able to pay its debts”.
El problema se resume en los siguientes términos: “since shareholders elect directors, the directors are beholden to the shareholders; when the firm is in the vicinity of insolvency, the shareholders will prefer that directors engage in risky projects that have a large upside potential much to the chagrin of creditors who would rather the directors engage in less risky activities so that they may recover some of their principal. Hence, the courts have expressed concern that directors may sometimes gamble away creditors’ money” Valsan/Yahya, Virginia L & Buss. Rev. 2(2007), 1; Recamán, Los deberes y la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital en crisis, Madrid 2016, p. 107 ss.
Bermejo Gutiérrez, Nuria; Rodríguez Pineau, Elena. Normas de protección de acreedores: entre el derecho de sociedades y el derecho concursal.InDret, 2006, https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/122200
Con un ejemplo numérico de Chaver/Fried: “Example 2: Suppose that... Firm owes $100 that is due at the end of the year, and has the same two business opportunities: S, which will leave Firm with assets totalling $80 by the end of the year, and R0, which has a 50% probability of leaving Firm with assets totalling $120 by the end of the year and a 50% probability of leaving Firm with no assets. We saw in Example 1 that SVM would lead managers to inefficiently choose business Ro over business S. Now suppose that managers must instead maximize creditor value. The expected value of creditors’ claims under business S is $80. The expected value of those claims under business Ro is $50 (50% x $10). An obligation to maximize creditor value (or indeed any duty focusing exclusively creditors’ interests) would require managers to choose business S- the value maximizing decision. The intuition is that under the CVM approach, managers seek to maximize the value available to creditors and do not take into account the effect of their decisions on shareholders”.
Ribstein/Alces, 2007, p. 537.
Eidenmüller, Horst, Comparative Corporate Insolvency Law (June 23, 2016) Disponible en https://ssrn.com/abstract=2799863 las citas sin nota en el texto son de este trabajo de Eidenmüller.
José María Gondra, “Reflexiones en torno a la «funcionalidad» del sistema concursal proyectado”, en Estudios sobre el Anteproyecto de ley concursal, RFDUC monográfico nº 8, p. 157 ss. Como ha expuesto Gondra, “lo que sucede es que esta situación o estado de impotencia del patrimonio del deudor no se puede conocer realmente, en su verdadera dimensión, sin invadir la esfera de privacidad del deudor... La situación de impotencia patrimonial se encuentra normalmente en estado latente y, salvo que el propio deudor se preste a desvelarla (quiebra o concurso voluntarios), no se puede conocer realmente sin una investigación ad hoc. En efecto, al exterior únicamente afloran –y con frecuencia demasiado tardíamente– ciertas señales de alarma, que son sólo reveladoras, per se, de cierto grado de anormalidad o irregularidad en la situación económica del deudor. Son los conocidos «hechos de quiebra», es decir, hechos sintomáticos de una posible situación de quiebra, recogidos tradicionalmente de forma casuística en el derecho histórico de la quiebra. De todos ellos, fue la «cesación en los pagos» –junto a la fuga del deudor– el hecho prototípico indiciario de la quiebra, sobre el que las legislaciones de tipo latino –como la nuestra– que siguen el modelo francés, han puesto especial énfasis hasta el punto de generar cierta confusión... en torno al verdadero fundamento de la quiebra. Los sistemas, en cambio, de cuño germánico... técnicamente más evolucionados, han puesto siempre especial cuidado en distinguir los hechos más o menos sintomáticos de una situación de anormalidad patrimonial o financiera del deudor que, por sí mismos, sólo legitiman la ruptura de aquella privacidad del deudor... con la consiguiente iniciación de una investigación judicial para averiguar las causas de tal irregularidad –y, todo lo más, la adopción de ciertas medidas cautelares–, de la verdadera causa de fondo en que se fundamenta la apertura del procedimiento concursal, la incapacidad de pago o insolvencia del deudor como presupuesto material de la quiebra. En particular, la legislación concursal alemana prevé un sistema de comprobación judicial ex ante del presupuesto económico de fondo del concurso, cuando la solicitud de concurso provenga de un acreedor, de tal manera que la apertura del procedimiento concursal habrá de denegarse por el juez”.
Marta Flores Segura, El «sacrificio desproporcionado» de los acreedores financieros, 2018 en Almacén de Derecho, http://almacendederecho.org/sacrificio-desproporcionado-los-acreedores-financieros/
Eidenmüller, Comparative, p. 15 resume la situación en el Derecho Comparado: “As a matter of first principles, there is much to be said in favour of a strong governance role of the firm’s creditors in an insolvency proceeding. As the new residual claimants to the firm’s assets, their money is at stake, so they have appropriate incentives to take economically rational decisions...”. El caso español debe de ser más semejante al modelo inglés o alemán que al francés o al norteamericano: Who sits “in the driver’s seat” in various jurisdictions? Again, jurisdictions worldwide differ significantly in the governance mechanisms employed. Mirroring an earlier categorization or classification of different jurisdictions being more or less creditor or debtor oriented, creditors enjoy a very strong position both in England and in Germany. This holds true for the various (insolvency) proceedings in England, especially for the CVA and the SoA that do not involve an insolvency administrator/receiver, but also, albeit to a somewhat lesser degree, for the German Insolvenzordnung under which the appointment of at least a supervisor is mandatory if no insolvency administrator is installed. Such a supervisor functions as a controller for significant transactions but also as a mediator between the interests of all other stakeholders. Both in England and in Germany, the insolvency courts are of course in the picture, too. However, they don’t actively “manage” the case but rather function as an arbiter that makes sure that fundamental procedural rules and rights are observed. By contrast in the US, the debtor typically sits “in the driver’s seat”. This was certainly the case before the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005 curbed some of the debtor’s rights and privileges in Chapter 11,67 but it is still true today, albeit to a somewhat lesser degree. In France, it is the bankruptcy courts that hold a strong governance position. It was already mentioned that in a Redressement judiciaire, for example, the competent court can always decide on the closure or sale of distressed business – regardless of the business’ economic viability”. Para el caso norteamericano, v., el análisis de Carlos J. Cuevas, Myth of Fiduciary Duties in Corporate Reorganization Cases, 73 Notre Dame L. Rev. 385 (1998). Available at: http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol73/iss2/9, p. 389.
Eidenmüller, Comparative, pp. 15-16, “Putting creditors in the driver’s seat does not imply that the debtor should be completely disempowered. The debtor’s managers and, with respect to closed corporations, its shareholders will usually have a significant comparative informational advantage with respect to the debtor’s economic and financial health. This can best be “exploited” for the timely initiation of insolvency proceedings if the debtor’s managers and its shareholders are rewarded by retaining some control over the firm’s management by a debtor in possession-like proceeding and possibly also can expect to receive some equity value in the firm that is to be restructured. However, here again biases need to be controlled: as with out-of-the-money creditors, shareholders have a strong continuation bias even where a financially distressed firm should be liquidated because it suffers from economic failure”.
Carlos J. Cuevas, Myth of Fiduciary Duties in Corporate Reorganization Cases, 73 Notre Dame L. Rev. 385 (1998). Available at: http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol73/iss2/9, p. 389. Téngase en cuenta que en 2005 se reformó el Derecho Concursal federal norteamericano para reforzar la posición de los acreedores en los procedimientos concursales que finalizan por convenio de reestructuración (Chapter 11) que, hasta entonces se limitaba a participar en un comité (to negotiate a consensual reorganization plan) que no siempre se constituía y que tenía ciertas funciones supervisoras de la gestión de la empresa en concurso. Cuevas, Myth, p. 390: “The Court also noted that when a debtor is insolvent the interests of the shareholders must be subordinated to the interests of the creditors. In particular, Chapter 11 can function only if the debtor's management is capable of exercising its fiduciary duties to the creditors in the same manner as a trustee”.
Valsan/ Yahya, Shareholders, “In Production Resources, the Delaware Court of Chancery argued that, even in insolvency, the corporation itself remains the recipient of fiduciary duties. Vice Chancellor Strine pointed out: ... even in the case of an insolvent firm, poor decisions by directors that lead to a loss of corporate assets and are alleged to be a breaches [sic] of equitable fiduciary duties remain harms to the corporate entity itself. According to Strine’s judgment, the only significant shift that occurs in insolvency is the constituency that stands to loose the most in case of breach of fiduciary duties. In financially distressed firms, creditors become the residual claimants. Consequently, directors have the obligation to maximize the value of the firm “on behalf” of the creditors. Although the reasoning of this decision is based on the premise that the corporation is the beneficiary of directors’ fiduciary duties regardless of its solvency, Vice Chancellor Strine failed to distinguish between the interests of the corporation itself and the particular interests of corporate constituencies. He used interchangeably the concepts of fiduciary duties owed to the corporation itself and fiduciary duties owed to the residual risk-bearers (shareholders, when the corporation is solvent, and creditors in insolvency), thus adding to the confusion.
V., las indicaciones de la jurisprudencia norteamericana en Valsan, / Yahya, Shareholders, pp. 9-11 con detalles sobre el momento que se considera relevante para establecer el desplazamiento de los deberes fiduciarios de los accionistas a los acreedores.
Recamán, Deberes, p. 93 citando a Finch, para el Derecho inglés y p. 98 para el derecho norteamericano y llamando la atención sobre que esta doctrina tenía sentido en un momento histórico –1824– en el que no existía una ley de quiebras que protegiera la prioridad de los acreedores en el cobro de sus créditos respecto de los accionistas su cuota de liquidación. Y pp. 109 ss. para el derecho español.
Bermejo Gutiérrez, Nuria / Rodríguez Pineau, Elena, Normas de protección de acreedores: entre el derecho de sociedades y el derecho concursal.
Paz-Ares, Cándido, La responsabilidad de los administradores como instrumento de gobierno corporativo InDret, 162(2003), p. 54.
Como dice Valsan (Valsan, R., 'Fiduciary duties, conflict of interest and proper exercise of judgment' McGill Law Journal, vol. 62, 2016, no. 1, pp. 1-40, disponible en https://www.erudit.org/fr/revues/mlj/2016-v62-n1-mlj02906/1038707ar/. “Vulnerability to an opportunistic breach of contract, however, does not trigger super-imposed fiduciary duties not to act self interestedly”.
Dice Eidenmüller “Conventional economic reasoning suggests that formal insolvency proceedings should commence once the greater of the going concern value or the liquidation value of a firm falls below the value of its liabilities. Since this test is difficult to apply in practice, an additional cash flow test is needed: formal insolvency proceedings should commence if a firm is not able to pay its due debts. Two factors complicate this analysis: risk-shifting incentives of shareholders/managers in the vicinity of insolvency and the (rapid) decline of a firm's going concern value once it approaches insolvency. The former problem should be addressed by a liability rule for wrongful trading. Based on a review of the current legal position in the United States, the United Kingdom and Germany, a uniform European rule is proposed that imposes liability on managers of insolvent companies for trading while they knew or should have known that insolvency was more probable than not, unless they can show that they took all reasonable steps to avoid insolvency. The decline of a firm's going concern value once it approaches insolvency provides all stakeholders with an incentive to try a workout to save as much of the going concern value as possible. However, workouts often fail in practice due to free-rider effects. Cooperation duties are proposed as a means to support workouts. Such duties should be triggered once a workout is initiated. It is suggested that bankruptcy rules, in general, and rules on the initiation of bankruptcy proceedings, in particular, should in principle be enabling rather than mandatory. Eidenmüller, Horst, Trading in Times of Crisis: Formal Insolvency Proceedings, Workouts and the Incentives for Shareholders/Managers, 2007 European Business Organization Law Review 7(01), pp. 239 ss.
Añádase a lo anterior, que ni siquiera afirmando un deber de lealtad de los administradores frente a los acreedores se resuelve el conflicto entre accionistas y acreedores. Simplemente, se traslada a los acreedores. Así, mientras los “fully secured creditors may push to liquidate the firm even if restructuring would be value-maximizing, and creditors who are out of the money will push towards a restructuring even if the firm is economically distressed and should be liquidated”. Eidenmüller, comparative, p. 25.
V., Recamán, Deberes, p. 123 de forma poco clara afirma que “cuando la sociedad está en crisis y el valor de la acción... es o tiende a cero, la maximización del valor de la acción exige necesariamente la minimización del valor de la deuda (¿?), al menos, en términos relativos. Por tanto, gestionar la sociedad con respeto al interés social exigiría gestionar la sociedad en el corto plazo en interés de los acreedores, administrándola así en interés de los socios pero en el largo plazo. En nuestra opinión, nos encontramos ante un único interés social (maximizar el valor de la empresa social) observado con dos prismas distintos. El prisma de la bonanza empresarial permite ver el interés de los socios en el primer plano. Sin embargo, la crisis obliga a observar como prioritarios los intereses de los acreedores. Los intereses de los socios siguen siendo los principalmente relevantes, aunque en este momento se encuentren en un segundo plano. Esos planos son correlato respectivamente del corto y del largo plazo. La defensa del interés social como interés de los socios exige, en momentos de crisis –es decir, en el corto plazo–, la defensa de intereses distintos a aquel. Lo anterior no implica necesariamente una exclusión absoluta de los intereses de los socios, sino la admisión de un desplazamiento sólo cuando resulte necesario y esté justificado en los siguientes términos: en el contexto de la crisis, la discrecionalidad gestora estaría limitada a la posibilidad de afectación relevante de la capacidad de la sociedad de hacer frente a sus obligaciones... tener en consideración el interés de los acreedores... adquiriría la naturaleza de exigencia en el momento en que se afectara o razonablemente se pudiera predecir que va a afectar el patrimonio de responsabilidad de que disponen los acreedores”.
V., en relación con los acreedores extracontractuales y contestando a la frecuente afirmación según la cual la responsabilidad limitada externaliza sobre éstos el riesgo de la empresa, Alfaro, Jesus, Limited Liability of Shareholders: Status Quaestionis (September 2007). DERECHO DE SOCIEDADES Y GOBIERNO CORPORATIVE, Flor de María Cordova, ed., p. 398, Lima, 2008. Disponible en https://ssrn.com/abstract=1543967 donde se explica, en particular, que es preferible una respuesta como la de considerar personalmente responsables a los administradores ex art. 1902 CC cuando exista un criterio de imputación objetiva del daño sufrido por estos acreedores a los administradores sociales porque éstos hayan infringido un deber que el ordenamiento les impone para proteger tales intereses (fin de protección de la norma). En relación con los trade creditors, v., el clásico de Steven L. Schwarcz, Rethinking a Corporation’s Obligations to Creditors, 17 CARDOZO L. REV. 647, 663 (1996) (pointing out that “trade creditors have various ways to protect themselves at the initial transaction stage, such as shortening payment terms or requiring contemporaneous or even prior payment. Trade creditors seeking additional protection can even demand purchase money security interests to secure repayment”) apud Bainbridge, Much Ado About Little, p. 30.
Recamán, Deberes, p. 121. V., también, mi recensión al trabajo de Recamán en, Jesús Alfaro, Deberes de los administradores en situaciones próximas a la insolvencia, Derecho Mercantil, 2018, disponible en https://derechomercantilespana.blogspot.com/2018/04/business-judgment-rule-en-situaciones.html
Recamán, Deberes, p. 123.
ADC 2009, pp. 1089-1091.
Recamán, Deberes, p. 126.
Recamán, Deberes, p. 126 citando a Tirado, ADC, pp. 1089-1091. En fin, como dicen Baird/Henderson, p. 23. One cannot simply transplant the duties ordinarily owed shareholders to creditors even when they are unambiguously the residual claimants. The positions of creditors and shareholders are not the same. They typically enjoy radically different control rights, different information, different bargaining positions, and different risk profiles. Hence, we should not assume that the running default obligations of directors to creditors parallel to those owed shareholders is value-maximizing ex ante.
Como se vio en el caso Ice Cream Central, si McDonald’s hubiera ofrecido 10 millones de dólares y los créditos privilegiados sumaran esa cifra siendo 2 millones la cuantía de los créditos ordinarios, los acreedores ordinarios votarían con los accionistas porque los administradores de Ice Cream Central no aceptaran la oferta de McDonald’s. Por no hablar de los acreedores de la masa y los superprivilegiados.
Recamán, Deberes, p. 127.
Bermejo/Pineau, InDret, 2006, p. 6.
Dice Eidenmüller, Comparative, p. 10 ss. que las pérdidas indirectas, esto es, lo que Trimarchi llama costes de disrupción pueden representar en promedio el 20% del valor del concurso. Así, según cuenta Eidenmüller, Comparative, pp. 24-25. Así, según cuenta Eidenmüller, aunque no están exentas de problemas, las ventas de la empresa en globo y la capitalización de los créditos por los acreedores constituyen alternativas cada vez más utilizada al convenio y a la liquidación como resultados del procedimiento concursal.
Recamán, Deberes, p. 300 y ss., nos cuenta que el administrador concursal está obligado a proteger el patrimonio existente en el concurso para proteger a los acreedores. El art. 43 LC establece que “En el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso”. Dice que “la discrecionalidad de gestión... ya limitada (por el objetivo)... conservativo...” se contrae aún más por la necesidad de obtener la autorización judicial para enajenar activos o para gravarlos hasta la aprobación del convenio o la apertura de la liquidación ( art. 43.2 LC) salvo que se tratase de actos indispensables para asegurar la viabilidad de la empresa o la continuidad del concurso; de ventas a precios iguales o superiores a los que figuran en el inventario y los inherentes a la continuación de la actividad del deudor. Esta última excepción es la “cláusula general”. El administrador concursal no necesita autorización judicial para los actos que puedan considerarse de ejercicio ordinario de la actividad del deudor quebrado.
Como explican las autoras, Indret, 2006, pp. 8-9 y 18, la responsabilidad concursal ( art. 172 bis LC); la responsabilidad por las deudas sociales ex art. 367 LSC y la aplicación de las reglas generales de responsabilidad a través de la llamada “acción individual” del art. 241 LSC generan en los administradores los incentivos suficientes como para no jugar a la “huida hacia adelante”.
Son concursales las acciones si ofrecen a los “acreedores una tutela colectiva de su interés; en segundo lugar, les brinda una tutela directa de sus intereses; y, en tercer lugar, sólo puede entablarse la acción una vez abierto el procedimiento concursal”, p. 18; “puesto que el daño se hará evidente una vez que se declare el concurso, al no haberse podido remontar la situación de crisis, se entiende que estas acciones reparadoras sólo pueden ejercitarse una vez abierto el procedimiento concursal”. Bermejo/Rodríguez Pineau, InDret, 2006, p. 10 y en p. 11 llaman la atención sobre la relación que tiene la imposición de esta responsabilidad a los administradores con la responsabilidad limitada de los socios. En efecto, como se ha explicado en el texto, las conductas oportunistas de los accionistas contra los intereses de los acreedores sólo vienen incentivadas en sociedades que limitan la responsabilidad por las deudas sociales. Por tanto, tiene todo el sentido que la responsabilidad por el déficit concursal o por provocar o agravar de cualquier forma la insolvencia se imponga sólo a los administradores de sociedades anónimas o limitadas. Y en p. 11-12 explican perfectamente por qué la obligación de solicitar la declaración del concurso no puede verse –contra Spindler– como una norma complementaria de las normas sobre el capital social y, por tanto, societaria (la idea de Spindler es que el supuesto de hecho de la obligación de solicitar el concurso es una “continuación” de las obligaciones derivadas de las normas de capital: como el capital se ha agotado, o se recapitaliza o se disuelve la sociedad... o se pide el concurso). Las autoras dicen que en realidad, más que ante una norma accesoria de la disciplina del capital, estamos ante una regla que opera al margen de ésta, protegiendo a los acreedores a partir de un determinado momento, esto es, el momento en que se desencadena la insolvencia, y de una forma, también, singular: obligando a reparar el daño causado a los acreedores cuando los administradores no gestionan ese patrimonio tomando en consideración su interés (i.e., adoptando medidas de saneamiento que permitan remover la insolvencia cuando ello sea razonablemente posible o, en caso contrario, solicitando derechamente la declaración de concurso). En efecto, cuando se insiste en la idea de que se trata de una regla societaria porque en ordenamientos, como el alemán, sólo los administradores de las sociedades de capital deben responder, se olvida que esta regla también está presente en ordenamientos donde la disciplina del capital no existe para asegurar la posición de los acreedores de aquellas sociedades en las que la responsabilidad de los socios está limitada (p.ej., la acción por wrongful trading del Derecho inglés, aplicable a las private limited companies, que no están sujetas a la misma). En realidad, lo que pone de manifiesto la presencia de esta regla de responsabilidad por no declaración de concurso junto a las reglas asociadas a la disciplina del capital, son las propias limitaciones de esta última para dar respuesta al problema de oportunismo ya descrito. En efecto, la regla que estamos analizando nada tiene que ver con la disciplina del capital, pues no trata de reservar un determinado valor a la satisfacción de los acreedores, evitando su disposición por parte de los socios”.
Lipson, citado por Hargovan, Anil and Todd, Timothy M., Financial Twilight Re-Appraisal: Ending the Judicially Created Quagmire of Fiduciary Duties to Creditors (2016). University of Pittsburgh Law Review, Vol. 78, No. 2, 2016 https://ssrn.com/abstract=2943069. Como dicen estos autores, p. 151: 1º “To be effective, a duty must have a clear triggering point y p 154 If the practical realities of using basic insolvency to trigger the duty are difficult, then expanding that triggering event to the amorphous zone of insolvency is practically impossible. Estas dificultades reducen el escaso valor, para reducir los costes de transacción, de imponer deberes de lealtad hacia los acreedores a los administradores sociales. 2º Además, el contenido de semejantes deberes fiduciarios tampoco está bien definido First is the narrow formulation, which prohibits self-dealing and preferential treatment. Second is the intermediate view, which mandates a duty to minimize losses. Third is the expansive view, which mandates a duty to maximize long-term corporate wealth creating capacity, including a subordination of shareholder interests to creditor interests, p. 158. Y puede dar lugar a exigir de los administradores comportamientos contradictorios y por tanto a hacer no enjuiciables sus conductas: For instance, a group of creditors could sue derivatively (on behalf of the firm), arguing that the board’s path is too risky. But a group of shareholders could file a duelling derivative action (on behalf of the firm), arguing that the same course of action is too conservative”. El siguiente ejemplo de Chaver/Fried es muy expresivo: Suppose... that Firm has $100 of debt due at the end of the year, and that if Firm continues in its “safe” business (“S”), it will have assets totalling $80 by the end of the year. As a result, Firm will default on its debt and be taken over by its creditors. Firm could change to a “risky” business (“R1”), which has a higher expected value than business S: it will leave the firm with $200 in assets by the end of the year with a 50% probability, and no assets with a 50% probability.The expected value of business R1 is therefore $100, $20 more than the value of business S. From an efficiency perspective, Firm’s managers should choose business R1. However, if Firm continues in business S the expected value of the debt is $80, and if Firm switches to business R1, the expected value of debt is $50. Thus CVM would lead managers to inefficiently choose business S over business R1... The intuition behind this example is that creditors bear most of the downside if the firm does poorly, but do not enjoy much of the upside if the firm does very well. Thus, CVM leads managers to act conservatively, even if the total value available to both creditors and equity holders is thereby reduced”. Por no hablar de aplicar prohibiciones como la de aprovechar para sí las oportunidades de negocio ¿de quién? (p. 162). 3º it treats creditors as a homogenous class, which is not accurate. A firm’s creditors have different risk tolerances and are protected differently (e.g., a creditor may be secured, unsecured, or even over secured). Indeed, under secured or unsecured creditors often have interests similar to shareholders’ interests; consequently, they may be willing to take more risk to receive some payoff. Conversely, secured, protected creditors have no interest in additional upside but rather favour liquidation. Thus, if the duty does run to “creditors,” which type of creditor is to be considered? (p. 160). 4º Además, es obvio que si lo que se quiere decir es que los administradores deben maximizar el valor de la empresa, entonces no se está diciendo nada porque ese objetivo se fija con independencia de cómo se reparta ese plusvalor entre titulares de pretensiones fijas sobre él –acreedores– y titulares de pretensiones residuales –accionistas– The director-to-creditor fiduciary duty doctrine also imposes new compliance costs on directors and firms.
Recamán, Deberes, 127.
Recamán, Deberes, p. 133 ss.
En este punto discrepamos de Recamán, Deberes, p. 134. No es necesario extendernos porque la cuestión la analizamos en detalle en Alfaro, Jesús, Recensión a Ángel Rojo y Emilio Beltrán (directores), La responsabilidad de los administradores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005 Indret, 281(2005), en particular en nuestras observaciones al capítulo firmado por Gaudencio Estaban sobre la acción individual. Por lo demás, el análisis que realiza Recamán del deber de los administradores de informarse, de establecer sistemas de alerta temprana frente a riesgos que de deteriorarse puedan poner en peligro la continuidad de la empresa y de llevanza de la contabilidad es correcto –y aburrido– y debe exigirse cualificadamente en relación con el riesgo de que la sociedad devenga insolvente.
De esta cuestión nos ocupamos ampliamente en Alfaro, Jesús, La llamada acción individual de responsabilidad, InDret 2007, pp. 10-11: “Y es que, en efecto, no existe un criterio adecuado que permita imputar objetivamente al administrador los daños sufridos por el tercero porque no constituye el fin de protección de la norma que impone al administrador el deber de comportarse diligente y lealmente en la gestión social ( art. 127 LSA) el de evitar daños extracontractuales a terceros. La finalidad del artículo 127 LSA, cuando impone al administrador gestionar con diligencia y lealtad el patrimonio social es proteger el patrimonio social, no el patrimonio de los terceros y, por lo tanto, en su ámbito de protección está incluida la sociedad y no los terceros”.
InDret 2006, p. 13.
V., especialmente, sobre este punto, Ribstein/Alces, 2007.
Por eso la propuesta de Schwarcz no puede aceptarse. Su “balancing” de los intereses de los acreedores y de los accionistas por parte de los administradores, al estar protegido por la business judgment rule equivale a decir que no hay ningún deber de lealtad hacia los acreedores que pese sobre los administradores si el criterio de enjuiciamiento de la decisión de los administradores es el que resulta de aplicar la business judgment rule. Dice Schwarcz “For example, a corporation considers taking an action that, if successful, will increase its enterprise value by fifty percent but, if unsuccessful, will reduce it by forty percent, causing insolvency. Assume equal chances of success and failure. Ex ante, this business gamble increases enterprise value, yet it exposes creditors to significant risk solely for the benefit of shareholders. Enterprise value by itself is, therefore, an inadequate test... consider a "double-or-nothing gamble" by a corporation with assets of $100, debt of $90, and equity of $10. The corporation takes a risk that gives it a fifty percent chance of doubling its assets to $200 and a fifty percent chance of losing all its assets. This gamble would appear to be acceptable... because it does not change the corporation's value ex ante. The problem, however, is that it cuts the debt's value in half because the debt doesn't share in the upside, and creditors have a fifty percent chance of losing everything. Now analyse these gambles under the balancing approach... Both gambles create a reasonable expectation of insolvency. The corporation's directors, therefore, would have a dual fiduciary obligation to creditors and shareholders, and would be obligated to act in good faith to try to balance the rights of those parties. Under that balancing, the double-or-nothing gamble would appear to go too far in favouring shareholders over creditors, and directors would presumably decide against it. The second gamble, however, appears more difficult to analyse under the balancing test. If the balance were determined by a simple arithmetic comparison of benefit to shareholders with harm to creditors, it would favour the shareholders. Yet that still allows creditors to be exposed to significant risk solely for the benefit of shareholders. The fallacy, of course, is that balancing benefit to shareholders with harm to creditors is like balancing "apples and oranges"-they are not comparable commodities... to more directly address the non-comparable nature of the commodities being balanced. In applying the balancing test, directors should have latitude to make their own good faith weighing of benefit and harm, recognizing that harm to creditors may well be more significant than benefit to shareholders... Directors of an insolvent corporation, or of a corporation whose actions have a reasonable expectation of resulting in insolvency, have a fiduciary obligation to creditors as well as shareholders. Directors then must scrutinize actions that increase shareholder return by impairing creditor claims. The more insolvent the corporation is or would become, the more the fiduciary obligation shifts from shareholders to creditors, in a continuum. In balancing this fiduciary obligation, directors should have latitude to make their own good faith balancing of benefit and harm, recognizing that harm to creditors may well be more significant than benefit to shareholders; and therefore the benefit might have to considerably outweigh the harm, or at least provide a compelling case, to be justified. Nonetheless, directors would not need to assess intrinsic fairness. Further, the business judgment rule would protect directors from being second- guessed if they consider their dual fiduciary obligation in good faith.
