Читать книгу Derecho de los Servicios Públicos Sociales - Belén Alonso-Olea García - Страница 43

La Ley trata de compensar las desigualdades en la educación a través de programas específicos desarrollados en centros docentes escolares o en zonas geográficas donde resulte necesaria una intervención educativa compensatoria, y a través de las becas y ayudas al estudio, que tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación a los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables.

De este modo, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.

Así, las Administraciones educativas deberán garantizar condiciones más favorables para la escolarización durante la etapa de educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales o sociales supongan una desigualdad inicial para acceder a las distintas etapas de la educación. También adoptarán medidas para actuar de forma preventiva con el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa para favorecer su éxito escolar.

En aquellos centros escolares, lugares o entornos en los que se concentre alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, se adoptarán medidas para compensar esta situación, que habrán de evitar la segregación de este alumnado dentro de los centros educativos.

La Ley prevé también, como medida de compensación, que las Administraciones educativas tengan en cuenta el carácter particular de la escuela rural a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades. A tal fin, en la educación primaria se garantiza a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio domicilio o zona de escolarización (sin perjuicio de que en algunas zonas y para garantizar la calidad de la educación se pueda escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia) y se impulsa el incremento de la escolarización del alumnado de zona rural en las enseñanzas no obligatorias.

Por último, para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, la Ley prevé que los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio. El Estado debe así establecer con cargo a los presupuestos generales, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, un sistema general de becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación. También las Comunidades Autónomas pueden regular su propio sistema de becas y ayudas al estudio con cargo a su propio presupuesto en ejercicio de sus competencias.