Читать книгу Delincuencia económica - Covadonga Mallada Fernández - Страница 18

La disolución producirá la pérdida definitiva de la personalidad jurídica, así como la de la capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. La pena conlleva pues el cese de toda su actividad, la clausura de los establecimientos y la liquidación de la sociedad con la consiguiente constancia en los registros mercantiles, por ello también se la denomina «la pena de muerte empresarial».

La solicitud e imposición de esta pena capital para la persona jurídica deberá reservarse para los casos extremos, como los delitos de especial gravedad y repercusión social o que revistan los caracteres del denominado delito masa (con gran número de perjudicados), velando por el efectivo resarcimiento de las víctimas y/o la protección de los derechos de los trabajadores y acreedores de la corporación. A diferencia de la pena de multa, cuya imposición es obligatoria en todos los casos, los jueces y tribunales no están obligados a imponer la disolución de la persona jurídica.