Читать книгу Los Desafíos Jurídicos de la Transición Energética - Isabel González Ríos - Страница 40

En nuestra evaluación de 202089 se planteaba que los resultados de la crisis podrían traer consigo transformaciones efectivas del comportamiento y si las medidas restrictivas impuestas por los gobiernos han establecido un catalizador para los cambios hacia un sector más sostenible y seguro.

El rol de la regulación fue reconocido como fundamental para garantizar el desarrollo sostenible del sector eléctrico con medidas de estímulo para promover las renovables, pero también se generan nuevos instrumentos para incentivos a los inversionistas. El nuevo Informe de IRENA contiene una alerta: aunque en general se identifique una resiliencia y números alentadores de incremento en las renovables, la crisis ha aumentado las desigualdades y hay una caída en el acceso a electricidad en regiones más vulnerables90.

Inversionistas extranjeros, bajo la protección de los tratados bilaterales esperan que el gobierno local, por un lado, adopte un enfoque eficaz para aliviar la propagación de la pandemia y, por otro lado, asegure la estabilidad regulatoria y los compromisos favorables que constituyen la base de su inversión. No obstante, en situaciones emergentes y sin precedentes, las autoridades gubernamentales no tienen más remedio que priorizar la salud pública y suspender las actividades comerciales o incluso derogar los compromisos ofrecidos a los inversores cuando las inversiones empezaran91.

En este contexto, los incentivos gubernamentales se consagrarán como aún más importantes. En el proceso de recuperación tras el COVID-19, la transición energética se convertirá en un motor determinante para generar actividad económica y nuevos puestos de trabajo, además de construir un sistema dotado de sostenibilidad y eficiencia energética.

Con este fin, los gobiernos tendrán que avanzar con tres medidas principales: (i) determinar la previsibilidad, la transparencia y la seguridad jurídica para los inversores en relación con sus objetivos y metas en beneficio de una industria más renovable; ii) reducir los obstáculos administrativos al desarrollo de proyectos que utilicen fuentes renovables; y iii) aumentar el presupuesto para los mecanismos de apoyo financiero, ofreciendo mayores oportunidades a los inversores en energías renovables92.

No por casualidad, en las instituciones internacionales multilaterales y en las economías avanzadas se ha ido formando un consenso de que el espacio fiscal creado por la situación excepcional de la pandemia debe ser utilizado para acelerar la transición energética. Así, se difunde la idea de que el estímulo a la recuperación de la economía debe dirigirse a la agenda climática. La Unión Europea ya está trazando políticas públicas en esta dirección, poniendo a disposición recursos y aumentando los objetivos para la transición energética. El Green Deal se ha reforzado con objetivos más ambiciosos93. Recientemente, el Parlamento Europeo aumentó los objetivos de reducción de emisiones en 2030 en comparación con 1990 del 30% al 55%94.

En el Informe sobre las Inversiones en el Mundo de UNCTAD, ya citado en este artículo, se enfatiza que la prioridad de la organización es apoyar políticas públicas para la reanudación de los flujos de inversión, y la recuperación sostenible. Para posibilitar estos objetivos se incluye la promoción de inversiones en infraestructura para la transición energética. Otra conclusión positiva es que, a pesar de la continuación de la pandemia en 2021 e incluso en ausencia de perspectivas inmediatas de reanudación de inversiones, los organismos de promoción de las inversiones (EPA) mostraron optimismo en el análisis anual de la UNCTAD. En esta encuesta, el 49% de los encuestados predice un aumento del IDI global en 202195.

El Green Deal representa una hoja de ruta (en informática, una hoja de ruta es una especie de “mapa” que tiene como objetivo organizar los objetivos de desarrollo de software) para las políticas para una Europa neutra en carbono para 2050. Así, la estrategia de recuperación de la economía post-COVID implica políticas para promover la descarbonización de la economía en todos los sectores económicos e industrias. También incluye un plan de inversiones y un mecanismo de transición justa96.

El parlamento europeo ha editado una Resolución em 10 de marzo de 2021, presentada em Julio de 2021 para operación prevista em 2023, con la aprobación de un mecanismo de ajuste para las emisiones de carbón, em coherencia con el plan Green Deal de 2019. La nueva decisión traerá muchas implicaciones para los países en desarrollo, que ya expresaron preocupación con el impacto de este mecanismo em sus exportaciones y competitividad97.