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VI. Reflexiones conclusivas

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44. Decía F. Nietzsche que “toda convicción es una cárcel“. Años después, ya en pleno siglo XX, los teóricos de la déconstruction afirmaron que el “logocentrismo” arruinaba el discurso intelectual, incluido el discurso jurídico: hay que escaparse dicen, de la “tiranía de los conceptos”. El filósofo alemán Ludwig Klages subrayó la peligrosa tendencia percibida en el pensamiento occidental que consiste en situar el logos en el centro de cualquier texto o discurso78. El discurso jurídico, así, gira sobre los “conceptos” y ese conjunto de conceptos desplaza a la realidad y se convierte en “una realidad artificial”. Jacques Derrida usa el término para caracterizar la mayor parte del pensamiento occidental desde Platón: la búsqueda constante de la verdad ha quedado oscurecida por las palabras cuando lo importante no son las palabras, sino la “realidad” que expresan tales palabras.

45. El buen jurista especializado en el Derecho internacional privado investiga, indaga, penetra en las palabras, deconstruye los conceptos para extraer la más exacta impresión de la realidad. No se trata ya de la lucha por los conceptos, sino de una lucha por aceptar, en palabras de J. Sutherland, que la deconstrucción es la última emoción intelectual que nos queda79. En tal sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha conseguido, mediante sus técnicas interpretativas, que los conceptos forjados en el paisaje normativo del Reglamento Bruselas I-bis reflejen correctamente la realidad y ayuden a mejorar la vida internacional de las personas. Lo ha hecho, fundamentalmente, mediatne un análisis certero de lso principios y que inspiran el Reglamento Bruselas I-bis y de los objetivos que persigue dicho texto legal.

46. Es cierto que todo texto legal es inherentemente indeterminado, que todo texto legal es aporético, problemático. Ellos sucede porque los conceptos jurídicos no pueden nunca reflejar con plena precisión lo que significan y sólo pueden ser definidos mediante nuevas palabras que los describen. En suma, definir un concepto con exactitud es imposible. Ahora bien, asumido ello, puede afirmarse que el Tribunal de Justicia ha luchado contra el fetichismo del lenguaje, contra la idolatría del concepto, contra su veneración excesiva. Ello queda demostrado por el hecho de que el Tribunal ha empleado diversas técnicas interpretativas para definir distintos conceptos legales y, de ese modo, ha conseguido que el Reglamento Bruselas I-bis sintonice de modo muy satisfactorio con la tutela judicial efectiva y con el progreso de la economía internacional en la Unión Europea.

1. Tratado de la Unión Europea (TUE) (DOUE C 115 de 9 mayo 2008) y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (DOUE C 115 de 9 mayo 2008).

2. DOUE L 351 de 20 diciembre 2012.

3. Vid. Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo de 25 de junio de 2019 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (versión refundida) (DOUE L 178 de 3 julio 2019) (Reglamento Bruselas II-ter); Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DOUE L 177 de 4 julio 2008); Reglamento (CE) N.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”) (DOUE L 199 de 31 julio 2007); Reglamento (CE) núm. 4/2009 del Consejo de 18 diciembre 2008 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DOUE L 7 de 10 enero 2009); Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 mayo 2015 sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido) (DOUE L 141/19 de 5 junio 2015); Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DOUE L 201 de 27 julio 2012); Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (DOUE L 183 de 8 julio 2016); Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo de 24 de junio de 2016 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas (DOUE L 183 de 8 julio 2016); Reglamento (UE) 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (DOUE L 181/4 de 29 junio 2013). También ha sido el modelo seguido por el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 octubre 2007 [Convenio de Lugano II] (DOUE L 339 de 21 diciembre 2007).

4. Cons. [7] RB I-bis: “(7) El 27 de septiembre de 1968, los entonces Estados miembros de las Comunidades Europeas celebraron, al amparo del artículo 220, cuarto guión, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, modificado posteriormente por los convenios de adhesión de nuevos Estados miembros a dicho Convenio (“Convenio de Bruselas de 1968”). El 16 de septiembre de 1988, los entonces Estados miembros de las Comunidades Europeas y determinados Estados de la AELC celebraron el Convenio de Lugano, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (“Convenio de Lugano de 1988”), paralelo al Convenio de Bruselas de 1968. El Convenio de Lugano de 1988 entró en vigor en Polonia el 1 de febrero de 2000”. Cons. [8] RB I-bis: “(8) El 22 de diciembre de 2000, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n.º 44/2001, que sustituye al Convenio de Bruselas de 1968 en los territorios de los Estados miembros a los que se aplica el TFUE, para todos los Estados miembros excepto Dinamarca. Mediante la Decisión 2006/325/CE del Consejo (3), la Comunidad celebró un acuerdo con Dinamarca por el que se establecía la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 44/2001 en Dinamarca. El Convenio de Lugano de 1988 fue revisado por el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (4), firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 por la Comunidad, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suiza (‘el Convenio de Lugano de 2007’)”.

5. Cons [1] RB I-bis: “(1) El 21 de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (3). En dicho informe se concluía que, en general, el funcionamiento del citado Reglamento es satisfactorio, pero que es deseable mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones, facilitar en mayor medida la libre circulación de las resoluciones judiciales y mejorar el acceso a la justicia. Debiéndose llevar a cabo una serie de modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición del mencionado Reglamento”.

6. Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (BOE núm. 251 de 20 octubre 1994 y corr.err. BOE núm. 8 de 10 enero 1995).

7. Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 octubre 2007 [Convenio de Lugano II] (DOUE L 339 de 21 diciembre 2007).

8. Artículo 267 TFUE (antiguo artículo 234 TCE): “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

a) sobre la interpretación de los Tratados;

b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad”.

9. F.K. Juenger, “The Recognition of Money Judgments in Civil and Commercial Matters”, AJCL, 1988, pp. 1-39.

10. Auto TJCE 22 marzo 2002, C-24/02, Marseille Fret SA vs. Seatrano Shipping Company Ltd, [ECLI:EU:C:2002:220] FD 9: “La competencia del Tribunal de Justicia para interpretar el Convenio se encuentra definida en el Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio (DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25), en su versión modificada por los Convenios de adhesión (en lo sucesivo, “Protocolo”)”. FD 10: “A diferencia del artículo 234 CE, que no es de aplicación en la materia, el Protocolo reserva a determinados órganos jurisdiccionales, contemplados en su artículo 2, la facultad de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del Convenio, de modo que procede examinar a este respecto si el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones que se le plantean”. FD 11: “Los números 1 y 3 del artículo 2 del Protocolo enumeran, de forma expresa y limitativa –el primero directamente, el segundo remitiéndose al artículo 37 del Convenio– los órganos jurisdiccionales competentes para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El número 2 del mismo artículo añade que también pueden hacerlo los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes cuando decidan en apelación”.

11. STJUE 1 diciembre 2011, C-145/10, Painer, [ECLI:EU:C:2011:798] FD 54: “No obstante, la petición de decisión prejudicial fue presentada el 22 de marzo de 2010, esto es, después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Pues bien, desde el 1 de diciembre de 2009, fecha de entrada en vigor de éste, el artículo 68 CE está derogado. Desde entonces se aplican a las peticiones prejudiciales sobre interpretación de los actos adoptados en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, en virtud del artículo 267 TFUE, las normas generales que regulan la petición de decisión prejudicial. En consecuencia, el artículo 267 TFUE se aplica asimismo a las peticiones relativas al Reglamento n.° 44/2001”.

12. K. Lenaerts / Th. Stapper, “Die Entwicklung der Brüssel I-Verordnung im Dialog des Europäischen Gerichtshofs mit dem Gesetzgeber”, RabelsZ, 2014-1, pp. 252-293.

13. F.M. Wilke, A conceptual analysis of European private international law: the general issues in the EU and its Member States, Cambridge, Ed. Intersentia, 2019, pp. 33-36.

14. E.-M. Kieninger, “Die weitere Kodifikation des europäischen IPR”, IPRax, 37, 2, 2017, pp. 200-208.

15. Th. Kadner Graziano, “Codifying European Union private international law: The Swiss Private International Law Act – a model for a comprehensive EU private international law regulation?”, Journal of Private International Law, vol. 11, 2015, pp. 585-606: …“makes all PIL rules readily accessible in one place, helps to avoid friction between the rules on jurisdiction on the one hand and applicable law on the other, promotes a uniform view of the whole matter, favours clarity and coherence between the different sets of rules, reduces complexity, increases legal certainty, and considerably adds to the user-friendliness of the rules on PIL”.

16. H.J. Sonnenberger, “Grenzen der Verweisung durch europäisches internationales Privatrecht”, IPRax, 31, 4, 2011, pp. 325-335.

17. T. Azzi, “La cour de justice et le droit international privé ou l’art de dire parfois tout et son contraire”, en L. D’avout / D. Bureau / H. Muir Watt, (Eds.), Les relations privées internationales: Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Audit, Paris, LGDJ, Lextenso, 2014, pp. 43-58; H. Labayle, “Architecte ou spectatrice? La Cour de justice de l’Union dans l’Espace de liberté, sécurité et justice”, Revue trimestrielle de droit européen, v. 42, n. 1, Paris, 2006, pp. 1-46.

18. E.A. Posner / J.C. Yoo, “A Theory of International Adjudication”, John M. Olin Law & Economics Research Paper Series Working Paper N.º 206 / Public Law and Legal Theory Research Paper Series Research Paper N.º 146, 2018, available in: http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html/ http://ssrn.com/abstract=507003.

19. H.-P. Mansel / K. Thorn / R. Wagner, “Europäisches Kollisionsrecht 2010: Verstärkte Zusammenarbeit als Motor der Vereinheitlichung?”, IPRax, 31, 1, 2011, pp. 1-30.

20. L. Coutron, “Un nouveau cas de schizophrénie au Tribunal de l’Union européenne: l’arrêt Front Polisario c/ Conseil!”, Revue trimetrielle de droit européen, 2016, p. 425.

21. B. Bertrand, “Les blocs de jurisprudence”, Revue trimestrielle de droit europeen, 2012, vol. 48, n. 4, pp. 741-770.

22. Auto TJUE 3 septiembre 2020, C-98/20, mBank S.A. vs. PA, [ECLI:EU:C:2020:672].

23. M. Audit, “L’interpretation autonome du droit international privé communautaire”, Journal de droit international Clunet, 2004, pp. 789-816. También H. Kutscher, “Alcune tesi sui metodi d’interpretazione del diritto comunitario dal punto di vista d’un giudice”, Rivista di Diritto europeo, 1976, pp. 283-314 y 1977, pp. 3-24.

24. L. de Lima Pinheiro, “A interpretação no direito internacional privado”, CDT, 2020, n. 2, vol. 11, pp. 496-509.

25. S. Bariatti, “Qualificacione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni”, RDIPP, 2006, pp. 361-376.

26. STJCE 6 octubre 1976, 12/76, Tessili vs. Dunlop, Recueil, 1976, pp. 1473-1495 [ECLI:EU:C:1976:133].

27. C. Kohler, “Grenzen des gegenseitigen Vertrauens im Europäischen Justizraum: Zum Urteil des EGMR in Sachen Avotiņš v. Lettland”, IPRax, 37, 4, 2017, pp. 333-338.

28. STJUE 15 noviembre 2018, C-308/17, Hellenische Republik vs. Leo Kuhn [ECLI:EU:C:2018:911]: “Así sucede con el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.° 44/2001 del Consejo y el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.° 1215/2012, que circunscriben el ámbito de aplicación de dichos Reglamentos a la ‘materia civil y mercantil’, pero sin definir el contenido y el alcance de este concepto, respecto del cual el Tribunal de Justicia ha declarado que ha de considerarse como un concepto autónomo que debe ser interpretado por referencia, por una parte, a los objetivos y a la configuración sistemática de los Reglamentos citados y, por otra, a los principios generales que inspiran todos los sistemas jurídicos nacionales”. STJUE 23 octubre 2014, C-302/13, flyLAL - Lithuanian Airlines AS, en liquidación vs. Starptautiskā lidosta Rīga VAS. [ECLI:EU:C:2014:2319], FD 24: “Procede comenzar recordando que, según reiterada jurisprudencia, con miras a asegurar, en la medida de lo posible, la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que resultan del Reglamento n.° 44/2001 para los Estados miembros y las personas interesadas, no cabe interpretar el concepto ‘materia civil y mercantil’ como una mera remisión al Derecho interno de uno u otro de los Estados interesados. Hay que considerar dicho concepto un concepto autónomo, que debe ser interpretado refiriéndose, por una parte, a los objetivos y al sistema de dicho Reglamento y, por otra, a los principios generales que se deducen de todos los sistemas jurídicos nacionales En sentido siemilar o incluso idéntico: STJUE 5 junio 2014, C-360/12, Coty Germany GmbH vs. First Note Perfumes NV. [ECLI:EU:C:2014:1318] FD 43; STJUE 3 abril 2014, C-387/12, Hi Hotel HCF SARL vs. Uwe Spoering [ECLI:EU:C:2014:215] FD 24; STJUE 13 marzo 2014, C-548/12, Marc Brogsitter vs. Fabrication de Montres Normandes EURL [ECLI:EU:C:2014:148] FD 18; STJUE 27 febrero 2014, C-1/13, Cartier parfums – lunettes SAS, Axa Corporate Solutions assurances SA vs. Ziegler France SA, Montgomery Transports SARL, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Matěja, Groupama Transport, [ECLI:EU:C:2014:109] FD 32; STJUE 15 noviembre 2012, C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG vs. Samskip GmbH [ECLI:EU:C:2012:719] FD 25; STJUE 19 diciembre 2013, C-9/12, Corman-Collins SA vs. La Maison du Whisky SA [ECLI:EU:C:2013:860] FD 30: ‘los conceptos utilizados en el Reglamento deben interpretarse en principio de forma autónoma, primordialmente con referencia al sistema y a los objetivos de dicho Reglamento, para garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros’ ”; STJUE 16 mayo 2013, C-228/11, Melzer vs. MF Global UK Ltd. [ECLI:EU:C:2013:305] FD 22.

29. STJCE 6 abril 1995, C-439/93, Lloyd’s Register of Shipping vs. Société Campenon Bernard, Recopilación, 1995, pp. 961-982. [ECLI:EU:C:1995:104] FD 18: “En tercer lugar, procede recordar que un establecimiento secundario consiste en un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior, como la extensión de una casa matriz, y que está dotado de dirección y materialmente equipado para poder celebrar negocios con terceros de tal modo que éstos, aun sabiendo que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la casa matriz, FD 18: cuyo domicilio social se halla en otro Estado contratante, quedan dispensados de dirigirse a ella directamente”. En sentido similar, STJCE 6 octubre 1976, 14/76, Bloos vs. Bouyer, Recueil, 1976, pp. 1497-1520. [ECLI:EU:C:1976:134]; STJCE 22 noviembre 1978, 33/78, Somafer vs. Saar-Ferngas, Recueil, 1978, pp. 2183-2201 [ECLI:EU:C:1978:205]; STJCE 18 marzo 1981, 139/80, Blanckaert & Willems vs. Trost, Recueil, 1981, pp. 819-839 [ECLI:EU:C:1981:70]; STJCE 9 diciembre 1987, 218/86, Schotte vs. Parfums Rothschild, Recopilación, 1987, pp. 4905-4922 [ECLI:EU:C:1987:536].

30. Vid. STJUE 11 noviembre 2020, C-433/19, Ellmes, FD 37: “Para que dicha disposición sea aplicable, resulta, sin embargo, indispensable identificar una obligación, dado que la competencia judicial determinada por esta disposición se establece en función del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda. Así pues, la aplicación de esta regla presupone la determinación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona con respecto a otra y en la que se basa la acción del demandante”. En sentido autónomo, propio del precepto citado y similar se ha pronunciado un vasto cuerpo de jurisprudencia: STJCE 22 marzo 1983, 34/82, Peters vs. Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, Recueil, 1983, pp. 987-1012 [ECLI:EU:C:1983:87]; STJCE 8 marzo 1988, 9/87, Arcado vs. Haviland, Recopilación, 1988, pp. 1539-1556. [ECLI:EU:C:1988:127]; STJCE 17 junio 1992, C-26/91, Jakob Handte vs. Mecano-Chimoques, Recopilación, 1992, pp. 3967-3996. [ECLI:EU:C:1992:268] FD 15; STJCE 17 septiembre 2002, C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA vs. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS), Recopilación, 2002, p. I-07357. [ECLI:EU:C:2002:499] FD 23-27; STJCE 5 febrero 2004, C-265/02, Frahuil SA vs. Assitalia SpA., Recopilación, 2004, p. I-1543. [ECLI:EU:C:2004:77] FD 24; STJCE 26 mayo 2005, C-77/04, Groupement d’intérêt économique (GIE) Réunion européenne y otros vs. Zurich España, Société pyrénéenne transit d’automobiles (Soptrans), Recopilación, 2005, p. I-4522. [ECLI:EU:C:2005:327] FD 17; STJCE 20 enero 2005, C-27/02, Petra Engler vs. Janus Versand GmbH, Recopilación, 2005, p. I-499. [ECLI:EU:C:2005:33] FD 51; STJUE 14 marzo 2013, C-419/11, Česká spořitelna, a.s. vs. Gerald Feichter [ECLI:EU:C:2013:165] FD 47; STJUE 17 octubre 2013, C-519/12, OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság vs. Hochtief Solution AG, [ECLI:EU:C:2013:674] FD 23; STJUE 10 septiembre 2015, C-47/14, Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH vs. Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim [ECLI:EU:C:2015:574] FD 52; STJUE 21 enero 2016, C-359/14 y C-475/14, ERGO Insurance [ECLI:EU:C:2016:40] FD 44; STJUE 21 abril 2016, C-572/14, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH vs. Amazon [ECLI:EU:C:2016:286] FD 35; STJUE 15 junio 2017, C-249/16, Saale Kareda vs. Stefan Benkö, [ECLI:EU:C:2017:472] FD 28; STJUE 7 marzo 2018, C-274/16, C-447/16 y C-448/16, Air Nostrum [ECLI:EU:C:2018:160] FD 60; STJUE 4 octubre 2018, C-337/17, Feniks sp. z o.o. vs. Azteca Products & Services, S.L., [ECLI:EU:C:2018:805] FD 39; STJUE 8 mayo 2019, C-25/18, Brian Andrew Kerr vs. Pavlo Postnov, Natalia Postnova [ECLI:EU:C:2019:376] FD 24; STJUE 5 diciembre 2019, C-421/18, Ordre des Avocats du barreau de Dînant vs. JN [ECLI:EU:C:2019:1053] FD 26; Auto TJUE 19 noviembre 2019, C-200/19, INA-Industrija nafte d.d. y otros vs. Ljubljanska banka d.d. [ECLI:EU:C:2019:985] FD 30; Auto TJUE 13 febrero 2020, C-606/19, Flightright GmbH vs. Iberia [ECLI:EU:C:2020:101] FD 33; STJUE 26 marzo 2020, C-215/18, Libuše Králová vs. Primera Air Scandinavia A/S [ECLI:EU:C:2020:235] FD 38 y 52.

31. Vid. STJCE 27 septiembre 1988, 189/87, Kalfelis vs. Schröder, Recopilación, 1988, pp. 5565-5588 [ECLI:EU:C:1988:459]; STJCE 19 mayo 1998, C-351/96, Drouot assurances SA vs. Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance, Groupement d’intérêt économique (GIE) Réunion européenne, Recopilación, 1998, p. I-3075 [ECLI:EU:C:1998:509]; STJCE 19 septiembre 1995, C-364/93, Antonio Marinari vs. Lloyd’s Bank plc, Recopilación, 1995, p. I-2719 [ECLI:EU:C:1995:289]; STJUE 24 noviembre 2020, C-59/19, Wikingerhof GmbH & Co. KG vs. Booking.com BV [ECLI:EU:C:2020:950] FD 25; STJUE 12 septiembre 2018, C-304/17, Helga Löber vs. Barclays Bank plc [ECLI:EU:C:2018:701] FD 19; STJUE 21 diciembre 2016, C-618/15, Concurrence SARL vs. Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl [ECLI:EU:C:2016:976] FD 25; STJUE 14 julio 2016, C-196/15, Granarolo SpA vs. Ambrosi Emmi France SA [ECLI:EU:C:2016:559] FD 19-20; STJCE 13 julio 2000, C-412/98, Group Josi Reinsurance Company SA vs. Universal General Insurance Company (UCIG), Recopilación, 2000, p. I-5925 [ECLI:EU:C:2000:399] FD 24; STJUE 21 abril 2016, C-572/14, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH vs. Amazon [ECLI:EU:C:2016:286] FD 29; STJUE 28 enero 2015, C-375/13, Harald Kolassa vs. Barclays Bank plc. [ECLI:EU:C:2015:37] FD 43; STJUE 25 octubre 2011, C-509/09 y C-161/10, eDate Advertising GmbH vs. X y Olivier Martinez, Robert Martinez y MGN Limited, Recopilación, 2011, p. I-10269 [ECLI:EU:C:2011:685] FD 38; STJCE 16 julio 2009, C-189/08, Zuid-Chemie BV vs. Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA, Recopilación, 2009, p. I-6917 [ECLI:EU:C:2009:475] FD 17).

32. C. Castronovo, “On the meaning of ‘matters relating to a contract’ and ‘matters relating to tort, delict or quasi-delict’ in the European sources on jurisdiction”, en Eppur si muove: the age of uniform law: essays in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th birthday, vol. 1, Rome, UNIDROIT, 2016, pp. 538-553.

33. La jurisprudencia al respecto es muy abundante. Vid., ad ex.: STJCE 14 octubre 1976, 29/76, L.T.U. vs. Eurocontrol, Recueil, 1976, pp. 1541-1560. [ECLI:EU:C:1976:137]; STJUE 23 octubre 2014, C-302/13, flyLAL - Lithuanian Airlines AS, en liquidación vs. Starptautiskā lidosta Rīga VAS. [ECLI:EU:C:2014:2319]; STJCE 21 abril 1993, C-172/91, Sonntag vs. Waidmann, Recopilación, 1993, pp. 1963-2003. [ECLI:EU:C:1993:144]; STJCE 16 diciembre 1980, 814/79, Niederlande vs. Reinhold Rüffer, Recueil, 1980, pp. 3807-3837. [ECLI:EU:C:1980:291]; STJCE 1 octubre 2002, C-167/00, Verein für Konsumenteninformation vs. Karl Heinz Henkel, Recopilación, 2002, p. I-8111. [ECLI:EU:C:2002:555.

34. Ch. Kohler, “Abschied von der autonomen Auslegung des Begriffs „Zivil- und Handelssachen“in Art. 1 EuGVVO?”, IPRax, 2015-1, pp. 52-56.

35. Vid. STJCE 26 mayo 1982, 133/81, Ivenel vs. Schwab, Recueil, 1982, pp. 1981-1909. [ECLI:EU:C:1982:199]; STJCE 15 enero 1987, 266/85, Shenavai vs. Kreischer, Recopilación, 1987, pp. 239-258 [ECLI:EU:C:1987:11]; STJCE 15 febrero 1989, C-32/88, Société Six Constructions vs. Humbert, Recopilación, 1989, pp. 341-366 [ECLI:EU:C:1989:68]; STJCE 9 enero 1997, C-383/95, Petrus Wilhelmus Rutten vs. Cross Medical Ltd., Recopilación, 1997, p. I-57 [ECLI:EU:C:1997:7]; STJCE 10 abril 2003, C-437/00, Giulia Pugliese vs. Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio, Recopilación, 2003, p. I-3573 [ECLI:EU:C:2003:219]; STJCE 27 febrero 2002, C-37/00, Herbert Weber vs. Universal Ogden Services Ltd., Recopilación, 2002, p. I-2013 [ECLI:EU:C:2002:122].

36. STJUE 16 mayo 2013, C-228/11, Melzer vs. MF Global UK Ltd. [ECLI:EU:C:2013:305] FD 34: “Pues bien, el uso de conceptos jurídicos nacionales en el marco del Reglamento n.° 44/2001 generaría soluciones divergentes entre los Estados miembros, lo que podría menoscabar el objetivo de unificación de las normas de competencia judicial que establece dicho Reglamento, como se desprende del segundo considerando de éste”.

37. STJUE 12 mayo 2011, C-144/10, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts vs. JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch, Recopilación, 2011, p. I-3961 [ECLI:EU:C:2011:300], FD 28: “Pues bien, según jurisprudencia reiterada, las distintas versiones lingüísticas de una norma de la Unión Europea deben ser objeto de interpretación uniforme, por lo cual, en caso de discrepancia entre las citadas versiones, dicha disposición debe ser interpretada en función de la sistemática general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte….”.

38. STJCE 17 septiembre 2009, C-347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse vs. WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, Recopilación, 2009, p. I-8661 [ECLI:EU:C:2009:561] FD 25: “Con carácter previo, procede señalar que existen divergencias entre las diferentes versiones lingüísticas del artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.° 44/2001. Así, la versión francesa emplea el término ‘victime‘, cuya interpretación semántica remite a la persona que haya sufrido directamente el daño. En cambio, la versión alemana, que es la de la lengua de procedimiento, utiliza la expresión ‘der Geschädigte‘, que significa la ‘persona perjudicada‘. Pues bien, este término puede hacer referencia no sólo a la persona que sufrió directamente el daño, sino también a la que únicamente lo ha sufrido indirectamente”. FD 26: “A este respecto, según reiterada jurisprudencia, la necesidad de una interpretación uniforme del Derecho comunitario excluye la posibilidad de que, en caso de duda, el texto de una disposición sea considerado aisladamente, y, en cambio, exige que sea interpretado a la luz de las versiones redactadas en las demás lenguas oficiales (véanse las sentencias de 12 de julio de 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, apartado 6; de 2 de abril de 1998, EMU Tabac y otros, C-296/95, Rec. p. I-1605, apartado 36, y de 9 de marzo de 2006, Zuid-Hollandse Milieufederatie y Natuur en Milieu, C-174/05, Rec. p. I-2443, apartado 20), y en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (sentencia de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, apartado 14)”; FD 27: “En el presente caso, debe observarse, por una parte, que, al igual que la versión alemana, otras versiones lingüísticas del artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.° 44/2001 emplean la expresión “la persona perjudicada”. Esto es válido para las versiones española (“persona perjudicada”), checa (“poškozený”), danesa (“skadelidte”), estonia (“kahju kannatanud pool”), italiana (“persona lesa”), polaca (“poszkodowany”), eslovaca (“poškodený”) y sueca (“skadelidande”). Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado en el apartado 26 de la sentencia FBTO Schadeverzekeringen, antes citada, que la función de la remisión que realiza el artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.° 44/2001 es añadir a la lista de demandantes, prevista en el artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento a quienes han resultado perjudicados, sin que las personas incluidas en este concepto se limite a aquellas que lo han sufrido directamente.

39. B. Yüksel, “An analysis of the effectiveness of the EU institutions in making and interpreting EU private international law regulations”, en P. Beaumont et al., Cross-border litigation in Europe, Oxford, Hart, 2017, pp. 35-53.

40. STJUE 7 marzo 2018, C-560/16, E.ON [ECLI:EU:C:2018:167] FD 25: “Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las disposiciones del Reglamento n. 44/2001 deben interpretarse de manera autónoma, remitiéndose a su sistema y a sus objetivos ….”. Vid. también STJUE 13 marzo 2014, C-548/12, Marc Brogsitter vs. Fabrication de Montres Normandes EURL [ECLI:EU:C:2014:148] FD 18; STJUE 27 febrero 2014, C-1/13, Cartier parfums – lunettes SAS, Axa Corporate Solutions assurances SA vs. Ziegler France SA, Montgomery Transports SARL, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Matěja, Groupama Transport [ECLI:EU:C:2014:109] FD 33-40; STJUE 19 julio 2012, C-154/11, Ahmed Mahamdia vs. República Argelina Democrática y Popular [ECLI:EU:C:2012:491] FD 43.

41. P. Kinsch, “Le rôle du politique en droit international privé. Cours général de droit international privé”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit international de La Haye, 2019, tome 402, pp. 9-384, esp. pp. 122-124.

42. P. Eleftheriadis, “The moral distinctiveness of the European Union”, International journal of constitutional law, vol. 9, n. 3-4, 2011, pp. 695-713.

43. STJUE 19 abril 2012, C-523/10, Wintersteiger AG vs. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH [ECLI:EU:C:2012:220] FD 18 y 31; STJCE 1 octubre 2002, C-167/00, Verein für Konsumenteninformation vs. Karl Heinz Henkel, Recopilación, 2002, p. I-8111 [ECLI:EU:C:2002:555] FD 46; STJCE 19 febrero 2002, C-256/00, Besix SA vs. Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG), Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl.Ing.W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog), Recopilación, 2002, p. I-1699 [ECLI:EU:C:2002:99], FD 31; STJCE 2 octubre 2008, C-372/07, Nicole Hassett y South Eastern Health Board, Cheryl Doherty vs. North Western Health Board, Recopilación, 2008, p. I-7403 [ECLI:EU:C:2008:534], FD 21: “Como resulta asimismo de dicho informe, los tribunales del Estado miembro en el que la sociedad tiene su domicilio social se hallan, en efecto, en una mejor posición para resolver tales litigios, en particular por el hecho de que las formalidades de publicidad de la sociedad se producen en ese mismo Estado. Por lo tanto, la atribución de esa competencia exclusiva a dichos tribunales se realiza en aras de una buena administración de la justicia ….”. Vid. Cons. [16] RB I-bis: “(16) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación”.

44. STJCE 28 marzo 2000, C-7/98, Dieter Krombach vs. André Bamberski, Recopilación, 2000, p. I-1935 [ECLI:EU:C:2000:164]. Vid. Cons. 6 RB I-bis: “(6) Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las normas relativas a la competencia judicial y al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales se establezcan en un instrumento jurídico de la Unión vinculante y directamente aplicable”.

45. R. Michaels, “EU law as private international law? Reconceptualising the country-of-origin principle as vested-rights theory”, Journal of Private International Law, 2006, pp. 195-242.

46. STJCE 19 febrero 2002, C-256/00, Besix SA vs. Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG), Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl.Ing.W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog), Recopilación, 2002, p. I-1699 [ECLI:EU:C:2002:99].

47. STJUE 7 marzo 2018, C-560/16, E.ON [ECLI:EU:C:2018:167]; STJUE 31 enero 2018, C-106/17, Paweł Hofsoe vs. LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG [ECLI:EU:C:2018:50]; STJUE 19 abril 2012, C-523/10, Wintersteiger AG vs. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH [ECLI:EU:C:2012:220].

48. J.D. Lüttringhaus, “Vorboten des internationalen Arbeitsrechts unter Rom I: Das bei ‘mobilen Arbeitsplätzen’ anwendbare Recht und der Auslegungszusammenhang zwischen IPR und IZVR”, IPRax, 31, 6, 2011, pp. 554-559.

49. STJCE 22 mayo 2008, C-462/06, Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline vs. Jean-Pierre Rouard, Recopilación, 2008, p. I-3965. [ECLI:EU:C:2008:299]; STJUE 19 julio 2012, C-154/11, Ahmed Mahamdia vs. República Argelina Democrática y Popular. [ECLI:EU:C:2012:491]; STJUE 31 enero 2018, C-106/17, Paweł Hofsoe vs. LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG [ECLI:EU:C:2018:50].

50. STJUE 27 febrero 2014, C-1/13, Cartier parfums – lunettes SAS, Axa Corporate Solutions assurances SA vs. Ziegler France SA, Montgomery Transports SARL, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Matěja, Groupama Transport [ECLI:EU:C:2014:109].

51. STJUE 13 marzo 2014, C-548/12, Marc Brogsitter vs. Fabrication de Montres Normandes EURL [ECLI:EU:C:2014:148].

52. STJCE 30 noviembre 1976, 21/76, Bier vs. Mines de Potasse d’Alsace, Recueil, 1976, pp. 1735-1758 [ECLI:EU:C:1976:166]; STJCE 2 octubre 2008, C-372/07, Nicole Hassett y South Eastern Health Board, Cheryl Doherty vs. North Western Health Board, Recopilación, 2008, p. I-7403 [ECLI:EU:C:2008:534]; STJCE 27 enero 2000, C-8/98, Dansommer A/S vs. Andreas Götz, Recopilación, 2000, p. I-393 [ECLI:EU:C:2000:45].

53. STJUE 7 marzo 2018, C-560/16, E.ON [ECLI:EU:C:2018:167].

54. C. Thole, “Die Reichweite des Art. 22 Nr. 2 EuGVVO bei Rechtsstreitigkeiten über Organbeschlüsse”, IPRax, 31, 6, 2011, pp. 541-548.

55. STJUE 5 julio 2018, C-27/17, flyLAL-Lithuanian Airlines [ECLI:EU:C:2018:533].

56. STJUE 11 junio 2015, C-649/13, Comité d’entreprise de Nortel Networks y otros [ECLI:EU:C:2015:384].

57. F. M. Wilke, “Dimensions of coherence in EU conflict-of-law rules”, Journal of Private international law, 2020, n.1, vol. 16, pp. 163-188. También con importantes matices, D. Coester-Waltjen, “Einige Überlegungen zum Gebot der übergreifenden systematischen Auslegung nach Erwägungsgrund 7 Rom I-VO”, IPRax, 2020, n. 5 vol. 40, pp. 385-392. Cons. [7] RR-I: “(7) El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)”. Cons. [7] RR-II: “(7) El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (5) (Bruselas I), y con los instrumentos que tratan sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales”.

58. S. Sánchez Lorenzo, “El principio de coherencia en el Derecho internacional privado europeo”, REDI, 2018, pp. 17-47, que se refiere a “la necesidad de una comprensión axiológica, relativa y dialéctica del principio de coherencia, que requiere una comparación de objetivos y valores jurídicos en cada caso concreto, así como descartar cualquier posibilidad recurrir a un paralelismo automático de conceptos o soluciones jurídicas”.

59. STJCE 14 octubre 1976, 29/76, L.T.U. vs. Eurocontrol, Recueil, 1976, pp. 1541-1560 [ECLI:EU:C:1976:137].

60. C. Kohler, “Gelebte Rechtsvergleichung am EuGH: europäisches Kollisionsrecht in Theorie und Praxis”, ZEuP, 27, 2, 2019, pp. 337-357.

61. DOCE C 189, 28 julio 1990, pp. 122-180.

62. DOCE C 189, 28 julio 1990, pp. 184-256.

63. DOCE C 189 de 28 julio 1990, pp. 257-284.

64. DOCE C 189 28 julio 1990, pp. 35-56.

65. DOCE C189, 28 julio 1990, pp. 180-184.

66. DOUE 13 diciembre 2009.

67. STJCE 6 octubre 1976, 12/76, Tessili vs. Dunlop, Recueil, 1976, pp. 1473-1495 [ECLI:EU:C:1976:133]; STJCE 28 marzo 2000, C-7/98, Dieter Krombach vs. André Bamberski, Recopilación, 2000, p. I-1935 [ECLI:EU:C:2000:164]; STJCE 14 noviembre 2002, C-271/00, Gemeente Steengergen vs. Luc Baten, Recopilación, 2002, p. I-10489 [ECLI:EU:C:2002:656].

68. J.D. Lüttringhaus, “Übergreifende Begrifflichkeiten im europäischen Zivilverfahrens- und Kollisionsrecht: Grund und Grenzen der rechtsaktsübergreifenden Auslegung, dargestellt am Beispiel vertraglicher und außervertraglicher Schuldverhältnisse”, RabelsZ, 77, 1, 2013, pp. 31-68.

69. A. Huet, “Règlement Bruxelles I (Matières civile et commerciale)”, Repertoire Dalloz Droit international, Paris, 2003, pp. 1-75.

70. STJCE 6 octubre 1976, 12/76, Tessili vs. Dunlop, Recueil, 1976, pp. 1473-1495 [ECLI:EU:C:1976:133]; STJCE 6 octubre 1976, 14/76, Bloos vs. Bouyer, Recueil, 1976, pp. 1497-1520. [ECLI:EU:C:1976:134]; STJCE 29 junio 1994, C-288/92, Custom Made Commercial Ltd. vs. Stawa Metallbau GmbH, Rec., 1994, pp. 2913-196. [ECLI:EU:C:1994:268]; STJCE 28 septiembre 1999, C-440/97, GIE Groupe Concorde y otros vs. Capitán del buque “Suhadiwarno Panjan” y otros. Recopilación, 1999, p. I-6307. [ECLI:EU:C:1999:456]; STJCE 5 octubre 1999, C-420/97, Leathertex Divisione Sintetici SpA vs. Bodetex BVBA, Recopilación, 1999, p. I-6747 [ECLI:EU:C:1999:483].

71. G.A.L. Droz, “Delendum est forum contractus?, (vingt ans apres les arréts De Bloos et TessiIi interprétant l’article 5, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)”, Recueil Dalloz, 1997. doct., p. 135; R. Baldi, “Sull’art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles”, Foro Padano, 1987, pp. 219-224. El estudio de P. Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale (l’art. 5 n.1 del regolamento n.44/2001/CE nella prospettiva della armonia delle decisioni, Cedam, Padova, 2006, recoge todos los perfiles de esta disposición legal con admirable precisión. Muy sugestivo también P. Mankowski, “Art. 5.1”, en P. Mankowski / U. Magnus [Eds.], Commentary on Brussels I Regulation, München, Sellier European Law Publishers, July 2007, pp. 77-167.

72. M. Virgós Soriano, Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 67-77.

73. I. Lorente Martínez, “La fundamentación económica del foro especial en materia contractual contenido en el Artículo 7.1 B) Guión Primero del Reglamento Bruselas I-bis”, CDT, 2016, pp. 278-291.

74. J. Carrascosa González, “Art. 5.1”, en A.-L. Calvo Caravaca (Ed.), Comentario al convenio de Bruselas relativo competencia judicial internacional y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, publicada por la Universidad Carlos III de Madrid y el Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, pp. 77-101; A. Di Blase, “La giurisdizone competente in materia di compravendita e di prestazione di servizi nel Regolamento Bruxelles I”, Europa e Diritto Privato, 2011,2, pp. 459-479; M.A. Cebrián Salvat, “La competencia judicial internacional residual en materia contractual en España”, CDT, 2017, pp. 127-150.

75. E. Jayme / Ch. Kohler, “Europäisches Kollisionsrecht 1995 - Der Dialog der Quellen”, IPRax, 15, 6, 1995, pp. 343-354.

76. Vid. STJUE 24 noviembre 2020, C-59/19, Wikingerhof GmbH & Co. KG vs. Booking.com BV [ECLI:EU:C:2020:950] FD 20; STJUE 3 septiembre 2020, C-186/19, Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze vs. Supreme Headquarters Allied Powers Europe [ECLI:EU:C:2020:638] FD 47; STJUE 9 julio 2020, C-343/19, Verein für Konsumenteninformation vs. Volkswagen AG [ECLI:EU:C:2020:534] FD 22-23; STJUE 7 noviembre 2019, C-213/18, easyJet Airline [ECLI:EU:C:2019:927] FD 31; STJUE 29 julio 2019, C-451/18, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. vs. DAF Trucks NV [ECLI:EU:C:2019:635] FD 23; STJUE 10 julio 2019, C-722/17, Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH vs. Enrico Casamassima [ECLI:EU:C:2019:577] FD 36; STJUE 31 enero 2018, C-106/17, Paweł Hofsoe vs. LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG [ECLI:EU:C:2018:50] FD 36; STJUE 21 mayo 2015, C-352-/13, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide vs. Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, S.A. [ECLI:EU:C:2015:335] FD 60; STJUE 21 enero 2016, C-521/14, SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft vs. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy [ECLI:EU:C:2016:41] FD 43; STJUE 7 julio 2016, C-222/15, Hőszig Kft. vs. Alstom Power Thermal Services [ECLI:EU:C:2016:525] FD 30; STJCE 13 julio 2000, C-412/98, Group Josi Reinsurance Company SA vs. Universal General Insurance Company (UCIG), Recopilación, 2000, p. I-5925 [ECLI:EU:C:2000:399]; STJUE 10 septiembre 2009, C-292/08, German Graphics vs. Alice van der Schee, Recopilación, 2009, p. I-8421. [ECLI:EU:C:2009:544] FD 27; STJUE 18 octubre 2011, C-406/09, Realchemie Nederland BV vs. Bayer CropScience AG, Recopilación, 2011, p. I-9773 [ECLI:EU:C:2011:668] FD 38; STJUE 12 septiembre 2013, C-49/12, The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs vs. Sunico ApS [ECLI:EU:C:2013:545] FD 32).

77. STJUE 3 octubre 2019, C-208/18, Petruchová [ECLI:EU:C:2019:825].

78. L. Klages, Die Sprache als Quelle der Seelenkunde, Zürich, Hirzel, 1948; L. Klages, Einführung in die Psychologie der Handschrift, Stuttgart, Walter Seifert, 1924. Sobre este autor y su obra, los más acabados estudios son los debidos a T. Tuppini, Ludwig Klages. L’immagine e la questione della distanza, Milano, Franco Angeli, 2003 y M. Grossheim, Ludwig Klages und die Phaenomenologie, Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH, 1993.

79. J. Sutherland, Cincuenta cosas que hay que saber sobre Literatura, Barcelona, Ariel, 2011, p. 130: “es una limpieza exuberante de la tarima, es una mutilación textual de corte edípico”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Derecho internacional privado

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