Читать книгу Historia de la República de Chile - Juan Eduardo Vargas Cariola - Страница 68

Los escenarios indicados, en los cuales se rehízo la Iglesia Católica en Chile en el siglo XIX, estuvieron influidos en parte por las condiciones vividas por el papado en Europa, en particular en sus relaciones con España. El periodo que se analiza abarca el corto pontificado de Pío VIII (1829-1830), y los dos pontificados siguientes, que son de larga duración y fundamentales en la historia de la Iglesia universal, y muy en especial, en la de América Latina: los de Gregorio XVI (1831-1846) y Pío IX (1846-1878).

El mayor mérito de Gregorio XVI respecto de América Latina fue el haber sido el primer pontífice que advirtió el carácter irrevocable de los acontecimientos políticos ocurridos en el continente. Gregorio XVI (1765-1846) fue un monje camaldulense, Mauro Cappellari, que llegó a Roma a principios de 1814 a ejercer funciones en su orden, y después en la Congregación de Propaganda Fide, la cual dirigió, ya como cardenal, en calidad de prefecto desde 1826 hasta ser elegido Papa en 1831.

La acción de gobernante y las intuiciones de Gregorio XVI fueron las propias de un estadista, pues percibió la situación eclesiástica más allá de Europa, y la orientó en un camino que empezaba a manifestarse, esto es, en la separación definitiva de la Iglesia y el estado.

Hay varios hechos políticos y religiosos que a Mauro Cappellari, ya como prefecto de Propaganda, ya como pontífice, le fueron dando una adecuada visión para orientar la toma de decisiones y después para articularlas como una carta programática de su pontificado, tanto en materias de orden religioso como diplomáticas. Por ejemplo, fueron significativos los hechos ocurridos en España, Francia y Austria en lo relativo al paso de gobiernos monárquicos hacia el estado moderno de raíces liberales, y los originados en América Latina con los nuevos gobiernos marcados por la impronta de la modernidad. Estos acontecimientos dan luces sobre la gestión pontificia hacia América Latina.

Después de la caída de Napoleón recorrió por toda Europa el entusiasta anhelo de reconstruir el pasado. La Restauración, aspiración inmadura, frágil y ahistórica, duró no más de 30 años, aunque en Italia excepcionalmente se prolongó más. Desde 1830, pasado el impulso restaurador, se reinstalaron en forma definitiva los principios de las revoluciones norteamericana y francesa.

Se debe tener presente que en este periodo de restauración se desarrollaron los procesos emancipadores en la América hispana, lo que permite comprender las reacciones de la Santa Sede ante ellos, como fueron la dos encíclicas favorables a la Corona española⁹¹⁰.

Quizás más interesante fue lo que, como proceso de restauración, se produjo en el plano de la teología política. Lo más visible fue el fortalecimiento del primado pontificio. Joseph de Maistre (1753-1821), en su obra Du Pape, concentró su reflexión en demostrar determinados atributos del papado, como la infalibilidad, la dimensión temporal de su autoridad y la influencia de este en la cultura, especialmente como factor de unidad a través de las épocas. Por su parte, Félicité Lamennais (1782-1854), quien editó hacia 1825 De la religión considerée dans ses rapports avec l’ordre politique et civil, definió allí a la sociedad de su tiempo como atea, a pesar de que las constituciones expresaban la confesionalidad del Estado como católico; exaltó al papado, e hizo una crítica severa al galicanismo.

Estos autores y sus textos generaron una posición según la cual no era suficiente volver al antiguo régimen, sino que se debía construir un nuevo sistema social. Y en este la Iglesia habría de tener plena libertad y, al mismo tiempo, el total apoyo del estado. Sobre semejante base se articuló la defensa de la Iglesia, en la que participaron corrientes sociopolíticas y religiosas caracterizadas por la intransigencia en materia teológica, por el conservadurismo en materia de tradición y costumbres, y por cierto maniqueísmo en el combate de las ideas.

La otra vertiente que surgió dentro del catolicismo, conocida en la historiografía como liberalismo católico, sostenía que el antiguo régimen estaba definitivamente terminado, y postulaba que la misión de la Iglesia consistía en alcanzar un nuevo pacto, en el cual se compaginaran los principios eternos e inmutables con las nuevas circunstancias histórico-políticas.

En este escenario los católicos liberales buscaron poner en un primer plano los derechos del ciudadano y la nueva concepción del Estado, promover la separación de este de la Iglesia y abrir espacios a la libertad de cultos, a la educación y a las publicaciones. Entre sus representantes más connotados estuvieron Henri Lacordaire (1802-1861), Félicité Lamennais (1782-1854), Charles de Montalembert (1810-1870), Federico Ozanam (1813-1843) y en Italia, el clérigo Antonio Rosmini (1797-1855) y Vincenzo Gioberti.

En este ambiente de grandes cambios, con un fuerte acento antirreligioso y anticlerical, hubo de realizar su gestión Gregorio XVI.

El hecho político más importante respecto de América Latina en el cual Cappellari mostró sus dotes de estadista fue la asesoría que dio a la Congregación de Propaganda sobre la solicitud que tanto el clero como el gobierno de la Gran Colombia habían enviado a Roma en 1824, para que se cubrieran los cargos de sedes vacantes de la provincia eclesiástica. En la elaboración del informe tuvo en sus manos no solo la solicitud colombiana sino también la documentación de la misión Muzi a Chile y otras generadas por los agentes eclesiásticos de obispos hispanoamericanos en Roma. Con esos antecedentes, Cappellari elaboró el informe cuya estructura argumental tiene dos pilares, los cuales profundizó en sus años de pontífice hasta consolidarlos como política universal.

Los principios fueron los siguientes: no se podía separar el aspecto político del religioso-eclesiástico, y se debía diferenciar la atención espiritual de los fieles de las tareas administrativas de la Iglesia.

En el primer principio el cardenal Cappellari abordó la realidad hispanoamericana. Por una parte, los acontecimientos políticos de la independencia habían producido un estado deplorable en la vida de la Iglesia, y, por otra, los gobiernos buscaban la ayuda de la Santa Sede para solucionar los problemas eclesiásticos, y así, derivadamente y al unísono, lograr que las nuevas repúblicas fueran reconocidas por Roma.

En el segundo principio acogió con realismo el estancamiento de las misiones en el continente, y por otro lado asumió la inestabilidad de los órganos eclesiásticos, los cuales pasaban por un periodo no solo de fragilidad institucional sino de peligro para su supervivencia ante la avalancha de presiones políticas de los nuevos gobiernos. Así, resolvió el problema distinguiendo las necesidades de los fieles y la necesidad de administrar la Iglesia. Por ello sugirió abordar el trabajo misionero como una tarea pastoral urgente, para lo cual se necesitaba la voluntad política de los gobiernos; al mismo tiempo había que orientar a cada institución de la Iglesia (cabildo, capítulo, vicarios generales, religiosos) por separado y de modo concreto, a fin de asegurar la unidad con Roma, ya que por primera vez el vínculo se hacía directamente y no por mediación de la corona española.

Cappellari dio los pasos indispensables para restablecer la autoridad pontificia, intensamente bloqueada por Napoleón y después por las corrientes legitimistas europeas. Al mismo tiempo separó las cuestiones espirituales de incumbencia solo de la Iglesia, con lo cual puso fin al patronato, dejando a la esfera civil el espacio para articular nuevos diálogos y alcanzar un nuevo trato con las repúblicas nacientes a través de acuerdos o concordatos.

Esta política ya había sido aplicada por León XII —orientación desarrollada en el informe del Prefecto de Propaganda, el cardenal Cappellari— para nombrar obispos en propiedad para la Gran Colombia, en mayo de 1827; a continuación, en diciembre de 1828, instituyó obispo titular de Cerán y vicario apostólico a Manuel Vicuña, para Santiago; instituyó obispo titular de Rétimo a José Ignacio Cienfuegos, para nombrarlo en 1832 obispo de Concepción —en ambos caso fueron obispos in partibus—; y a Justo Santa María de Oro vicario apostólico de San Juan de Cuyo.

Con Cappellari, ya como Gregorio XVI, se inició el irrevocable proceso de término del patronato, y, en su defecto, la recuperación de la libertad de la Iglesia para retomar la actividad misionera y administrativa frente al poder temporal⁹¹¹.

El programa de gobierno de Gregorio XVI se encuentra descrito en la constitución apostólica, poco citada y estudiada, Sollicitudo Ecclesiarum, promulgada el 7 de agosto de 1831⁹¹². La constitución desarrolló los dos principios ya aplicados en el informe para la Gran Colombia, citados más arriba, y que el papa los tornó universales. Por una parte, reafirmó el principio del poder y el alcance universal del ministerio petrino, como lo indica el párrafo introductorio del documento: “La solicitud de las iglesias que urge asiduamente a los romanos pontífices, en virtud del mandato divino de cuidar el rebaño cristiano que les fue confiado, les impulsa a procurar con todas sus fuerzas todo lo que contribuya a la recta administración de las cosas sagradas, en toda la tierra y en todas las partes del mundo, y principalmente los exhorta a procurar todo lo que sea más oportuno para la salvación de las almas.”

El primer principio que estableció fue la orientación netamente religiosa de la Iglesia, para lo cual subrayó la potestad pontificia. Con ella indicó claramente a los gobiernos, tanto legitimistas como revolucionarios, que su incumbencia estaba por sobre la situación política, y que por eso procuraría hacer lo que estuviera en su esfera para dotar de todo “lo que contribuya a la recta administración de las cosas sagradas”.

El documento fundamentó la posición del pontífice paso a paso y diagnosticó la realidad afirmando que “es tal la actual condición de los tiempos y son tantas las vicisitudes y los cambios de las naciones que no raramente los romanos pontífices se ven impedidos para socorrer, con prontitud y libertad, a las necesidades espirituales de los pueblos”.

A continuación del diagnóstico el papa fundamentó en el magisterio pasado la conducta de este en semejantes situaciones políticas. Así, por ejemplo, recurrió a Clemente V, que en el Concilio de Viena advirtió “que si el sumo Pontífice nombra a alguien bajo cualquier título de dignidad de ciencia propia, de palabra, o en cartas lo honorare, o lo trate de cualquier otro modo, no intenta por este hecho constituirlo en esa dignidad o atribuirle algún nuevo derecho”. Gregorio XVI hizo una revisión histórica de esta fórmula canónica, que fue confirmada por Juan XXII, Pío II, Sixto IX y Clemente XI en diversas situaciones políticas.

El papa Gregorio XVI buscó en la jurisprudencia del magisterio petrino los fundamentos en los cuales sostener los nombramientos que se habían hecho y se realizarían, especialmente en lo relativo a los obispos, como asuntos propiamente de administración eclesiástica. En el escenario de profundos cambios políticos que vivió, el papa intuyó que era tiempo de fortalecer la autoridad del romano pontífice, de crear un espacio para dialogar con los nuevos gobiernos y, a la vez, de encaminar diplomáticamente la lenta extinción del régimen patronal.

Desde esta directriz estratégica Gregorio XVI pudo atender a las necesidades espirituales no solo de las iglesias americanas sino de otras regiones del planeta⁹¹³. Respecto de Iberoamérica creó varias diócesis: California, en 1840; San Salvador, en 1842; Nueva Pamplona, en 1835 (desmembrada de Mérida); suprimió Maynas y erigió a Chachapoyas en 1843; Guayaquil, en 1837; San Juan de Cuyo, en 1834; Montevideo, erigido en vicariato apostólico en 1832; Santiago de Chile, erigido en arzobispado en 1840. También, como ya se ha indicado, creó en 1840 las diócesis de La Serena y San Carlos de Ancud. Por otra parte, proveyó de obispos a todas las diócesis fuera en sede vacante o bajo la fórmula in partibus.

Las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con España empeoraron cada vez más. Tras la muerte de Fernando VII en 1833, la promulgación de leyes anticlericales, la supresión de órdenes religiosas; la confiscación de bienes, e, incluso, la matanza de frailes en 1834, llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas con Roma en 1835. Estos hechos impulsaron a la Sede Apostólica a desvincularse de la península y a actuar cada vez con mayor libertad en el orbe católico, en especial en los asuntos relativos a las iglesias americanas.

La política eclesiástica de Gregorio XVI se desenvolvió en forma paralela a la perspectiva que se había formado sobre el desarrollo histórico posterior a la revolución francesa y a la instalación de las ideas liberales, las cuales subrayaban la igualdad de los derechos de todos los hombres, la derogación de los privilegios, el mejoramiento de la administración de la justicia, el fin de las discriminaciones de carácter confesional —la inmunidad eclesiástica entre ellas—, y la promoción de garantías que defendieran a los ciudadanos de las arbitrariedades, entre otras.

Como se indicó antes, en el medio católico habían surgido corrientes que no solo compartían estos principios, sino aceptaban el nuevo orden político. En Francia un grupo de amigos, entre los cuales estaban los ya nombrados Lamennais, Lacordaire y Montalembert, fundó en 1832 el periódico L’Avenir, con el lema Dios y Libertad. Allí se promovieron los principios de la tendencia católica liberal: la separación de la Iglesia y el estado, la reivindicación de todas las libertades, como las de conciencia, de enseñanza, de asociación y de opinión —libertad de impresión y de expresión—, la renuncia a los privilegios del clero —como desistir del subsidio estatal para aquel— y la recuperación de la libertad en el nombramiento de los obispos, entre otros. Era, como es fácil de advertir, un intento, en el marco del complejo desarrollo político europeo, de conciliar el cambio de época con los principios universales del cristianismo.

Charles de Montalembert fue sin duda el más prominente exponente del liberalismo católico, y sus artículos y libros se publicaron en el formato de obras completas ya en 1860⁹¹⁴. Sus escritos más polémicos y de interés para la historia política se encuentran en los volúmenes cuarto y quinto. En el cuarto se recogieron los artículos publicados en el periódico L’Avenir en 1831, además de otros escritos que abordan los acontecimientos político en Polonia y en Alemania, y la libertad de enseñanza. El volumen quinto recogió uno de sus textos más importantes: Des Intéréts catholiques au XIX siècle, publicado en 1852.

Gregorio XVI marcó profundamente la política pontificia de sus sucesores con la Encíclica Miraris Vos (Admirados tal vez), de 15 de agosto de 1832, en la cual fustigó y condenó directamente, sin nombrar a los fundadores de L’Avenir, los principios que promovían, por su efecto contrario a la religión: la libertad de conciencia como corolario del indiferentismo, la libertad de impresión por abrir la puerta al error, y la separación Iglesia-Estado, y reafirmó el deber de someterse a la autoridad de los príncipes, apelando a la ayuda del poder estatal no solo para sostener a la Iglesia sino para defenderla. Esto, como es sabido, originó el alejamiento de Lamennais de la Iglesia.