Читать книгу Derechos humanos y empresa en el sector minero-petroleo - Luis Bustos - Страница 36

La vida y seguridad de las personas que participan en la ejecución de los proyectos del sector minero-energético siempre se ha considerado como un requisito indispensable que prevalece sobre otros criterios técnicos en el momento de la toma de decisiones operacionales. La seguridad industrial ha tomado un lugar muy importante al momento de evaluar los proyectos, no solo por las autoridades técnicas, sino también por las ambientales y laborales. Esto sucede no solo porque la normatividad colombiana e internacional lo exija, sino porque es de la esencia del sector la realización de operaciones seguras para salvaguardar la vida e integridad de las personas y contar con ciclos de producción exitosos que les permitan continuar en el mercado, atraer inversionistas, posicionar su marca, entre otros logros. Adicionalmente, la seguridad de la infraestructura es una variable adicional a considerar en un país como Colombia, en donde el sector minero-energético se ha visto afectado por los ataques terroristas y la manipulación indebida de la infraestructura.

Por otra parte, está la responsabilidad de las autoridades en proteger la vida y los demás derechos y libertades de todas las personas residentes en Colombia. Es evidente que en Colombia ciertos territorios mantienen condiciones de seguridad adversas, debido a la presencia, entre otros factores, del conflicto armado, de grupos al margen de la ley, disidencias, violencia, minas antipersonales (MAP) y municiones sin explotar (MUSE). Por ello la vida y seguridad de las poblaciones se ha visto amenazada y muchas personas han muerto por esos hechos de violencia. Dado que las empresas no son ajenas a estas situaciones de amenazas y violencias, podemos concluir que sí hay una relación directa entre los estándares de seguridad de las empresas con el derecho a la vida y la seguridad de todas las personas.

En la práctica, las empresas del sector minero-energético acuden a las autoridades militares y de policía para analizar caso a caso lo que sucede y poder determinar cómo se puede proceder para que estas empresas apoyen los objetivos que se planteen las autoridades y viceversa, que en últimas va a establecer la viabilidad para dar inicio o continuidad a los proyectos y operaciones del sector. Este es un claro ejemplo de cómo el sector privado y público, al contar con objetivos comunes sobre la vida y seguridad de las personas y, especialmente, estableciendo con claridad la capacidad, legitimidad y viabilidad de la intervención del sector privado (empresas), pueden diseñar y acordar mecanismos de colaboración y apoyo que les permitan aunar esfuerzos para el cumplimiento de dichos objetivos comunes.