Читать книгу Derechos humanos y empresa en el sector minero-petroleo - Luis Bustos - Страница 37

Actualmente los derechos a la igualdad, a la no discriminación y al trabajo se ven reflejados en las empresas en el momento de diseñar sus esquemas de generación de empleo y contratación de bienes y servicios. Este tipo de contrataciones buscan garantizar que las oportunidades se den a conocer a todos y que durante los procesos de selección se analicen los candidatos u ofertas en igualdad de condiciones. Sucede en algunos casos que el objetivo del estándar es claro, pero la forma de materializar ese objetivo no lo es o las dinámicas sociales no permiten concretarlo. Para responder a ese tipo de vacíos, el Estado ha generado normas como el Decreto 4433 de 2011 sobre equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres; el Decreto 1668 de 2016 sobre medidas especiales con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación de mano de obra local en los municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y la generación del estándar mundial denominado “Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas” (EITI). Aun con ese tipo de normas expedidas, todavía se visualizan dificultades que deben enfrentar las empresas, y manifestaciones de inconformidad por parte de los grupos de interés en la materialización del estándar y, por ende, en la consolidación del respeto por los derechos a la igualdad, a la no discriminación y al trabajo.

Para el caso de la contratación de bienes y servicios, la situación es muy similar. Las empresas han identificado que no hay igualdad en los procesos de contratación debido a que los proveedores no están todos en igualdad de condiciones. Para subsanar esta situación, algunas empresas han creado programas de fortalecimiento empresarial para apoyar en especial a aquellos proveedores ubicados cerca a los proyectos, de manera que puedan desarrollar o mejorar aspectos básicos que les permitan ofrecer los bienes y servicios en condiciones de igualdad y lograr ser competitivos.

Es evidente que el factor humano y la adquisición de bienes y servicios son esenciales para que los proyectos del sector minero-energético se puedan adelantar. Es por ello que las empresas se preocupan por este tipo de situaciones y buscan mecanismos de solución individuales o de la mano de las autoridades nacionales o locales.

En este caso, la relación de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y al trabajo con los estándares del sector minero-energético es diferente a lo que acontece con los derechos a la vida y a la seguridad. Es el sector privado para este caso el que tiene la responsabilidad directa de la generación de empleo, de contratar personal y adquirir bienes y servicios para el desarrollo de la empresa. El papel del sector privado está más orientado a generar lineamientos y reglas para que su uso se cumpla y para hacer el seguimiento respectivo. La ambigüedad que se presenta por este tipo de relación está precisamente en que las partes no están asumiendo una misma función y, por lo mismo, el éxito en la protección de estos derechos recae en la adecuada interacción y coordinación entre la parte que establece lo que se debe hacer (las autoridades) y la parte que efectivamente adelanta las gestiones (las empresas). La dicotomía que se presenta en la práctica consiste en que no siempre los lineamientos y las reglas están diseñados para amparar estos derechos. Es decir, la realidad de la situación supera lo que en su momento se tuvo en cuenta para generar un parámetro, un estándar o unas normas sobre la materia. Por ejemplo, los estándares para la contratación de personal extranjero, de personal de mano de obra calificada y no calificada, son variables para evaluar constantemente porque las características de los proyectos van determinando el rumbo del mercado laboral que deben atraer las empresas, sin que esto signifique entrar en procesos de desigualdad o discriminación. En ese orden de ideas, un correcto seguimiento y oportuna interacción entre las autoridades y las empresas sobre lo que acontece y los desarrollos tecnológicos propios del sector, es la principal herramienta para detectar esas inconsistencias o falencias que se presentan, aun cuando el espíritu del actuar tanto de las empresas como de las autoridades siempre parte de la necesidad de materializar y proteger estos derechos.

Esto también podría contribuir a diseñar nuevos esquemas o políticas de educación y empleabilidad, para generar programas de educación que permitan capacitar a nivel local o regional a personas en aquellos perfiles o especialidades que el sector minero-energético va demandando.