Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural - Luis Miguez Macho - Страница 17

El proceso de despoblación no solo supone un grave problema demográfico, sino que puede acarrear considerables problemas sociales, con consecuencias como la pérdida de identidad territorial y de valores culturales y sociales, o el deterioro de la sostenibilidad ambiental (Leco et al., 2016). Además, las zonas rurales más afectadas por la despoblación pueden entrar en un “círculo vicioso de declive” (ESPON, 2017; Vaquero y Losa, 2020), en el que cada vez más personas se verán abocadas a abandonar estas áreas en busca de mejores perspectivas laborales y de una mejor y mayor provisión de servicios.

El desarrollo rural, entendido como “el conjunto de actividades y acciones de diversos actores que en conjunto conducen al progreso en las áreas rurales” (Shepherd, 1998) se vuelve imprescindible para frenar este proceso de sangría demográfica. Si bien, este es un concepto que ha ido cambiando desde su concepción, como respuesta a la cada vez mayor complejidad de las áreas rurales, donde la agricultura se ha ido relegando de forma paulatina, dejando así de constituir un aspecto distintivo de estos territorios (Nieto y Gurría, 2010). Y con el cambio en el concepto de desarrollo rural, también el énfasis de las políticas enfocadas en los territorios rurales ha cambiado. De un enfoque centrado fundamentalmente en el sector agrario, se ha pasado a un enfoque más holístico e inclusivo que incorpora otros sectores económicos, además del medio ambiente, abogando así por una mayor sostenibilidad de las áreas rurales.

Tal es el caso de la Unión Europea, donde sus políticas de desarrollo rural tenían su foco inicial en la agricultura, a través de la Política Agraria Común (PAC), para posteriormente ir dando paso a políticas cada vez más integrales, que tratan de fomentar el desarrollo rural endógeno de los territorios a través de otras actividades económicas, y que han motivado la aparición de fondos como los LEADER (Liaisons entre Actions de Développement de l’Économie Rural).

Para tratar de aproximarse al concepto de desarrollo rural desde un punto de vista más empírico, a lo largo de las últimas décadas se han propuesto diferentes indicadores. Así, organismos internacionales como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han tratado de elaborar diferentes índices para evaluar el desarrollo de los territorios (Bhattacharyya et al., 2018).

Estos indicadores compuestos están integrados por diferentes dimensiones. En el caso de la OCDE, se enfocan en cuatro –población y migración; bienestar social y equidad; estructura y desempeño económicos; y medio ambiente y sostenibilidad–, mientras que en el caso del Banco Mundial los indicadores se centran en cinco dimensiones –datos básicos; entorno propicio para el desarrollo rural; crecimiento económico de base amplia para la reducción de la pobreza rural; gestión de recursos naturales y diversidad biológica; y bienestar social–. La dimensión ambiental es, por consiguiente, un factor cada vez más considerado a la hora de aproximarse al desarrollo sostenible de los territorios rurales, como también refleja la propuesta de Fernández-Martínez et al. (2020).

La literatura científica confirma la utilidad de los indicadores compuestos para abordar problemas complejos –como es el caso del despoblamiento rural– y apoyar procesos de toma de decisiones. Sin embargo, Cherchye et al. (2007) consideran que el uso de este tipo de indicadores puede resultar controvertido, entre otros aspectos, por la subjetividad a la hora de asignar peso a los diferentes ítems o variables que forman los indicadores y, por ello, proponen como alternativa el uso de la metodología del Análisis Envolvente de Datos (o DEA –ata Envelopment Analysis–, por sus siglas en inglés) para superar estos inconvenientes.