Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural - Luis Miguez Macho - Страница 9

La ganadería ha sido y es una vía de desarrollo económico fundamental, tanto históricamente como en la actualidad. Las poco favorables condiciones naturales del clima, del suelo y de la vegetación en muchas zonas de nuestro país, con periódicas heladas y sequías, dificultan enormemente el cultivo agrícola. De ahí el significado de la ganadería extensiva y trashumante, que permitió la unión económica entre las grandes superficies de monte bajo, de escasa productividad agrícola, y un animal, la oveja, excepcionalmente dotado para tan duras condiciones naturales. El aprovechamiento y la fertilización del rastrojo constituyó una aportación económica fundamental de los ovinos autóctonos que, en su lento pero constante movimiento, transformaron los escasos productos del suelo en lana y carne.

Se trataba, pues, de un característico sistema ganadero de base territorial, apoyado en el medio natural y que solía combinarse con pequeñas explotaciones de otros animales (cerdos, aves) basadas en el aprovechamiento de los subproductos de la explotación agraria. Una fórmula que, en general, se correspondía con los modernamente denominados sistemas extensivos.

Como es sabido, la trashumancia sufrió profundas crisis en determinados momentos históricos, especialmente en el siglo XVIII con la decadencia del comercio lanero y la pérdida de privilegios que supuso la introducción de las ideas liberales patrocinadas por políticos ilustrados. Sin embargo, la cabaña ganadera no decreció, aunque se produjo una alteración del mapa ganadero. Así, entre 1780 y 1860, aumentó la ganadería de labor (necesaria para los nuevos cultivos) y la cabaña porcina (por la demanda de carne en las poblaciones en proceso de crecimiento), se mantuvo el ovino (dado el incremento de los barbechos y rastrojos) y disminuyó, en cambio, la ganadería vacuna y caprina, que fueron, pues, las grandes víctimas de la expansión agrícola del siglo XIX. Posteriormente, cuando el proceso roturador parecía haber llegado a ser incompatible con el mantenimiento de una alta densidad ganadera, el aumento en la producción de grano para piensos parece haber ayudado a mantener los niveles ganaderos tradicionales.

Los modernos sistemas ganaderos industriales se introdujeron de manera general en España en la década iniciada en 1960. Tuvo lugar entonces una modificación sin precedentes de la ganadería española, con introducción de razas extranjeras, opción estabuladora, alimentación con piensos compuestos y gestión mediante los contratos de integración ganadera empleados por las empresas productoras de piensos. Los sistemas tradicionales entraron en una crisis sin paliativos que probablemente hemos de considerar ya definitiva, sin perjuicio de la pervivencia o la recuperación de algunas modalidades de ganadería extensiva.

Diversos factores contribuyeron a los cambios, como la ayuda norteamericana para la importación de soja y semillas usadas en la fabricación de piensos compuestos tras el Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos (1953) o la prosperidad fomentada por el Plan de Estabilización (1959), que hizo crecer la demanda de carne y leche. Pero, especialmente, la estabulación fue la opción vivamente recomendada en el Informe del Banco Mundial sobre la economía española (1965). De esta forma se produjo, ciertamente, un evidente progreso económico inmediato, pero ello a costa de una fuerte dependencia genética, sanitaria y tecnológica del extranjero.

Además, esos sistemas intensivos, que constituyen ya la forma habitual de producción ganadera en las zonas de débil densidad poblacional de la península Ibérica, presentan notables problemas ambientales. Afectan negativamente al aire, por la generación de malos olores, y al suelo, la vegetación y el agua, por los abundantes vertidos de residuos. El empleo del estiércol y otros desechos orgánicos como abono natural ha dejado de ser posible en muchos casos por saturación de las tierras de cultivo.

En alguna experiencia, se ha tratado de establecer una normativa de protección ambiental aplicable a las explotaciones ganaderas conforme a pautas de ordenación territorial. Tal es el objetivo de las Directrices Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas de Aragón (Decreto 200/1997), aprobadas conforme a las previsiones de la legislación de ordenación territorial de la propia comunidad autónoma. Sin embargo, por debajo de las apariencias coordinadoras, el examen de su contenido permite identificar la finalidad de facilitar el cumplimiento por las explotaciones ganaderas del tradicional sistema de las actividades clasificadas.

Llama, por ejemplo, la atención la general reducción de las distancias con respecto a lo que cabría considerar el módulo típico de los dos mil metros de separación entre las instalaciones ganaderas y el núcleo urbano. Así, las rebajas permiten una explotación industrial de porcino a 600 metros del núcleo urbano, distancia que con carácter general se limita a 400 metros si se trata de municipios agrícolas y ganaderos de menos de dos mil habitantes, autorizándose a estos mismos municipios a reducir tales distancias a 250 metros (o a 375 metros, si cuentan con más de dos mil habitantes); incluso cuando el municipio en cuestión esté enclavado en zonas desfavorecidas de montaña, la distancia mínima aplicable es de 200 metros solamente. En la misma línea permisiva, para la regularización de instalaciones se establecieron larguísimos plazos y condiciones muy relajadas, que llegan a prever la continuidad de explotaciones ilegales bajo la calificación de “administrativamente en precario”.

Ciertamente, junto a esas medidas permisivas, en las mismas directrices cabe referir instituciones más interesantes, como las áreas de expansión ganadera, que garantizan la disponibilidad de infraestructuras adecuadas, o las zonas con sobrecarga ganadera, donde se restringe la implantación de nuevas actividades. La línea a seguir es, así, la de coordinar las decisiones relativas a las explotaciones ganaderas con los objetivos correspondientes a la protección del medio ambiente y otras políticas públicas, como el turismo rural. Una vía adecuada a tal fin pueden ser los instrumentos que proporciona la legislación de ordenación del territorio, aunque conviene no dejarse llevar excesivamente por los planteamientos teóricos, ya que el dominio sectorial de las políticas públicas continúa ejerciendo un fuerte peso, como puede apreciarse en la subordinación de los objetivos ambientales a los intereses sectoriales del desarrollo ganadero.