Читать книгу Técnicas de innovación docente en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - María Elisa Cuadros Garrido - Страница 9

Aunque a fecha de hoy todas las Universidades públicas cuentan con un plan de igualdad destinado a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, todavía son pocas las Universidades que incluyen al alumnado entre los colectivos que potencialmente podrán resultar beneficiarios de las estrategias incluidas en el citado texto. Y es que no se puede olvidar que la normativa vigente, únicamente configura esta obligación de elaborar planes de igualdad como una medida destinada a favorecer la igualdad de género entre los trabajadores por cuenta ajena7, olvidando individualizar la compleja situación en la que se encuentran las Administraciones públicas en general, y las Administraciones públicas con finalidad docente en particular, a la hora de garantizar la igualdad de género en su ámbito de aplicación, en el que no solo existen empleados con contrato de trabajo, sino también, trabajadores autónomos contratados, funcionarios, usuarios o ciudadanos implicados (en este caso, alumnado y egresados de las respectivas titulaciones, que pueden requerir los servicios de la Universidad).

Es en este contexto donde se aprecia que el alumnado universitario todavía sufre ciertos factores de discriminación indirecta por razón de género, que muchas veces pasan desapercibidos, y sin que, por el momento, los planes de igualdad vigentes en la mayoría de las Universidades españolas hayan reparado en este extremo. En la mayor parte de ocasiones, estas prácticas lesivas se materializan a través de un comportamiento o exigencia aparentemente neutro pero que, valorado en su conjunto, genera un resultado o un efecto más gravoso sobre personas de sexo femenino, lo que hace especialmente complejo, detectarlas y erradicarlas.

En concreto, los principales ejemplos de discriminación indirecta se encuentran en la forma de evaluación que recogen las guías docentes de las respectivas asignaturas. Y es que, todavía existen muchas disciplinas que optan por ofrecer una puntuación específica y diferenciada de la asociada al examen final, que se puede obtener únicamente por asistencia a sesiones concretas (normalmente, prácticas o seminarios, dado que, normativamente, la asistencia a clases teóricas es voluntaria en las Universidades públicas), establecida como irrecuperable e insustituible para el alumnado que no asista. Aunque a primera vista pueda pasar desapercibido, se trata ésta de una forma de evaluación que puede perjudicar seriamente a las personas cuyas cargas familiares, de forma regular o excepcionalmente, les impiden asistir a las citadas sesiones (normalmente, mujeres)8.

Por ese motivo, debería exigirse en todas las guías docentes la utilización de criterios alternativos de puntuación que permitan, a aquellas personas que no puedan asistir con regularidad a las sesiones lectivas, compensar al 100% la puntuación perdida, realizando una prueba o actividad adicional el mismo día del examen final, reclamando la nulidad, por introducir un factor de discriminación indirecta, de cualquier otro sistema de evaluación que no tenga en cuenta estas circunstancias, pues provocaría la invisibilización en las aulas universitarias de los problemas de conciliación socialmente asociados al sexo femenino, impidiéndoles alcanzar la calificación final que su esfuerzo merece.

Pero no solo eso. El gran salto a la digitalización de las aulas a que ha dado lugar la reciente epidemia de coronavirus, obliga ahora a sugerir que, este tipo de actividades puntuables, al menos mientras continúen las restricciones sanitarias, se retrasmitan también en directo, a través del aula virtual (utilizando las distintas aplicaciones de las que actualmente disponen nuestras Universidades, como Zoom, Teams, Google Meet, BB Collaborate, etc.), facilitando la asistencia “a distancia” del alumnado9, alternativa que puede resultar especialmente útil para las personas que tengan cargas familiares en estos tiempos tan complejos en los que la atención de las cargas familiares puede llegar a ser más difícil que nunca10.

Pero no es éste el único problema asociado a la maternidad (o paternidad) del alumnado. Desde un punto de vista muy diferente, se hace necesario visibilizar las serias dificultades a las que se enfrentan las personas que han tenido un hijo para continuar sus estudios durante el año siguiente a su nacimiento. Y es que, aunque no existen cifras concretas que permitan deducir qué porcentaje de abandono de los estudios obedece a situaciones de maternidad o paternidad reciente, ha llegado el momento de exigir un trato similar al que reciben los trabajadores por cuenta ajena que tienen un hijo. Y es que si en el contexto laboral está perfectamente admitido y asumida la suspensión del contrato por nacimiento de un hijo ¿por qué no empezar a extender este derecho al ámbito universitario?

Por ese motivo, se hace necesario que nuestras Universidades implanten un protocolo específico de actuación ante las situaciones de maternidad y paternidad del alumnado. Se trata de un procedimiento especialmente importante en el caso de las estudiantes de sexo femenino, pues son las que atraviesan las vicisitudes propias del proceso biológico del embarazo y la lactancia, muchas veces, difícilmente compatibilizables con la asistencia regular a las clases. De esta forma, si la estudiante lo desea, podría activar, a su voluntad, la suspensión de la matrícula durante el año académico en el que la estudiante da a luz, retomándose íntegramente sin coste económico alguno, al curso siguiente, y sin que este procedimiento se considera una segunda o tercera matrícula a efectos académicos, sino una prolongación causal de la matrícula inicial. Y es que, aunque parezca irrelevante, el hecho de superar una asignatura en primera matrícula puede ser muy trascendente a la hora de optar o mantener una beca académica, o de cara acceder a un puesto de trabajo en el que se valore la responsabilidad de los concurrentes.