Читать книгу Manual de Derecho Inmobiliario - Rafael Moreno Ubric - Страница 21

– El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana (TRLSRU).

– Las diferentes legislaciones urbanísticas autonómicas42, pues corresponde a las Comunidades la competencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo (art. 148.1 3.º C.E.).

– Los Planes Urbanísticos y las Ordenanzas aprobadas por los municipios en el ámbito de sus competencias, que tienen rango normativo reglamentario.

– La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), que regula los contratos de obra y de concesión de obra pública sometidos a dicha norma y sus procedimientos de licitación.

– El Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario (TRLCI).

– Las distintas legislaciones de derecho tributario con repercusión en el ámbito inmobiliario, como la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria (LGT); el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (TRLITPAJD); el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL); etc.

Asimismo, a las normas de derecho material citadas, cabría sumar otras de índole procesal, como la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC).

La enumeración expuesta no es más que una parte de la ingente cantidad de normas a nivel comunitario, estatal, autonómico y local que tienen repercusión en el ámbito del sector inmobiliario, que, además, se encuentran en continua evolución (aparecen nuevos textos legales al tiempo que otros se derogan o modifican), lo que hace que sea incuestionablemente complejo dominar la materia en su integridad43, aunque sin duda un conocimiento y manejo adecuado de la misma permitirá la mejor defensa de los intereses de promotoras, constructoras, comercializadoras, comunidades de propietarios, particulares, etc., en la participación de cualesquiera operaciones de naturaleza inmobiliaria (contratación, régimen de propiedad horizontal, derecho hipotecario y registral, defensa letrada en procedimientos judiciales, etc.).