Читать книгу Manual de Derecho Inmobiliario - Rafael Moreno Ubric - Страница 7

El sector inmobiliario, entendido como aquel que abarca las operaciones de promoción, construcción, comercialización y venta o alquiler de inmuebles, ha constituido y continúa haciéndolo uno de los principales motores de la economía española1. Pese a que, como sostienen OTERO MORENO, M. y BLANCO GARCÍA LOMAS, J.2, no existen sistemas de cuentas que recojan información agregada sobre el sector, su relevancia viene atestiguada por todos los indicadores y estudios. Por ejemplo, el Informe del Banco de España de 11 de abril de 2019, titulado “Evolución reciente del mercado de la vivienda en España”, señala que la inversión en vivienda cerró el ejercicio 2018 en el 5,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el resto de inversión en construcción se situó en el 5,1 por ciento del PIB. Cabe destacar que el sector inmobiliario no contribuye a la economía de manera aislada, sino que mantiene fuertes vínculos con otros auxiliares como el cementero, el mobiliario o el de los electrodomésticos. La industria inmobiliaria es, además, una importante fuente de empleo3 y uno de los destacados sectores generadores de ingresos públicos a través del cobro de distintos tipos de impuestos, como los que gravan la construcción (ICIO), la compraventa (IVA o ITP y IIVTNU), la tenencia de inmuebles (IBI), o el beneficio de las empresas (IS). Por otro lado, los activos inmobiliarios proporcionan a los ciudadanos un servicio de primera necesidad, como el que constituye el de la vivienda4, sin perjuicio del resto de usos (terciario, industrial o dotacional) a que, según el planeamiento urbanístico, puedan destinarse.

El sector inmobiliario destaca, pues, por su relevancia social y económica, en el que confluyen intereses y sensibilidades diversas y, en ocasiones, contrapuestas, como la del promotor, el constructor o el comercializador, que aspiran a obtener la mayor rentabilidad posible de sus negocios, frente a la de los destinatarios finales del producto que buscan las mejores condiciones económicas considerando que –habitualmente– a su adquisición y mantenimiento destinan la mayor parte de sus recursos5. Y todo ello sin olvidar que las Administraciones Públicas también ostentan importantes intereses vinculados al cobro de tributos o la realización de obras públicas, al tiempo que les compete promover las condiciones y establecer el marco pertinente para hacer efectivo el derecho a la vivienda reconocido en el art. 47 de la Constitución Española.

A las características descritas hay que sumar otras propias del sector inmobiliario español, que (i) destaca por su elevado grado de heterogeneidad por territorios, existiendo importantes diferencias en el número de operaciones realizadas, de precios, etc. en función de la localización concreta de los activos6; (ii) se encuentra estrechamente vinculado al sector financiero al que los distintos agentes intervinientes acuden para obtener fondos con los que aco-meter sus inversiones; y (iii) en la medida en que el desarrollo de las actividades inmobiliarias y la amortización de los activos se dilata en el tiempo, se trata de un sector especialmente vulnerable a los cambios que se producen en el entorno político, económico y social7.