Читать книгу El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres - Santiago García Campá - Страница 3

España se convirtió en un referente mundial de la igualdad entre hombres y mujeres en la primavera de 2007. Gobiernos, organismos internacionales, instituciones y entidades académicas, grupos y asociaciones de todo el mundo volvieron su mirada hacia nuestro país, que acababa de aprobar una ley pionera, con el objetivo de cerrar la brecha de género en todos los ámbitos de la sociedad. Una ley fruto de la convicción y el compromiso de un gobierno feminista, con un presidente feminista a la cabeza, José Luis Rodríguez Zapatero, que supo entender que la igualdad es el mayor factor de transformación política, económica y social. Sin democracia no hay igualdad, como sabemos muy bien quienes estuvimos en la lucha de la transición, pero sin igualdad tampoco hay democracia.

La igualdad es un elemento constitutivo de una sociedad democrática que defienda las libertades fundamentales. Yo siento una inmensa satisfacción por haber sido vicepresidenta de un gobierno que, con la aportación y el compromiso de muchas personas, elaboró y sacó adelante en el Parlamento la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ha cumplido diez años.

Antes que nada, quiero subrayar que la ley de 2007, como máxima expresión del principio democrático de soberanía popular de nuestro estado constitucional, recogía no sólo derechos, sino también obligaciones para combatir la desigualdad y cerrar la brecha de género. Y es que aquella ley, en desarrollo del artículo 14 de la Constitución Española, por primera vez en la historia de nuestro país, iba al corazón mismo de las desigualdades estructurales de género, apelando a la representación política, al mundo laboral y familiar –desde el emprendimiento a la paternidad– a la educación, la salud, la función pública, las Fuerzas Armadas, pero también suscitando un ejercicio de las conciencias.

Fue una norma vanguardista, ambiciosa, con vocación de actuar y de servir a la ciudadanía en todos los terrenos y ámbitos de la vida para combatir las discriminaciones. Sabíamos que avanzando en igualdad avanzaríamos en justicia, en libertad, en dignidad e integridad; en calidad democrática, en progreso y bienestar. Y también sabíamos que ejecutar los mandatos y requerimientos de la ley exigía una intensa acción política y económica de todas las instituciones del Estado y la sociedad.

Hoy contemplamos con satisfacción que el tiempo nos ha dado la razón. Muchos países han seguido también esta senda y otorgado rango de ley al combate público contra la desigualdad. No hay un solo organismo internacional que no afirme ya que donde las mujeres participan en condiciones de igualdad con los hombres la sociedad avanza, la modernización y la democracia se consolidan; la economía, la salud, la educación, la política y la paz ganan en calidad.

A pesar de los avances, tenemos que ser conscientes de que esta última década no ha sido una buena etapa para las mujeres, ni en nuestro país ni en el mundo en general. El camino hacia la igualdad real se ha estancado. La crisis económica global, la gran recesión –sólo un año después de la aprobación de la ley– y las políticas de austeridad que resultaron de ello han supuesto un retroceso. No hay más que ver cómo se ha disparado la desigualdad económica hasta cotas que creíamos ya superadas para las mujeres. Por tanto, tenemos que tener muy presente que, aunque en democracia no avanzar es retroceder, la historia del progreso social y la conquista de derechos y libertades nunca es un proceso lineal; y mucho menos aún, en lo que atañe a las mujeres que, como decía ya hace tiempo la gran historiadora Gerda Lerner, siempre avanza en espiral.

Aun así, en España contamos con una buena ley que costó mucho trabajo sacar adelante y fue fruto de las contribuciones y del compromiso de muchas personas de dentro y fuera del Gobierno, especialmente de las mujeres, las asociaciones de mujeres, el movimiento feminista, las académicas –algunas de las cuales son autoras en este libro–; a todas ellas quiero rendir tributo.

La ley fue y es un punto de partida necesario, una valiosa hoja de ruta, una norma que marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero hoy es obligado preguntarse qué temas no han funcionado, que aspectos habría que reformular y reforzar y qué ámbitos nuevos es exigible abordar en este tiempo. Las leyes no son estáticas, marcan y canalizan complejos procesos socio-culturales que, a su vez, deben encontrar eco en nuevas recomendaciones y normativas.

En la actualidad, tenemos tres grandes retos pendientes a los que hay que responder urgentemente en clave de igualdad y a la luz del espíritu de la ley de 2007: (1) las violencias políticas –contra las mujeres en el espacio público, en la política… pero también el acoso, los obstáculos, las limitaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito de poder y liderazgo–; (2) las desigualdades económicas –desigualdad salarial, el tristemente famoso «techo de cristal», la presencia de las mujeres en los órganos de gobierno de las empresas, la pobreza, la precarización laboral, el trabajo no remunerado y la economía de los cuidados–; (3) la educación –los planes de estudio, el contenido de los libros de texto, la educación sexual, el sexismo en la publicidad, los medios de comunicación, las redes sociales, los estudios de género en la universidad pública, el analfabetismo.

Todos los días contemplamos con estupor burlas y comentarios machistas en los parlamentos, en las asambleas, allí donde se representa la soberanía popular; nos indigna la invisibilidad o intimidación de candidatas en elecciones, las agresiones físicas e incluso el asesinato al que están expuestas quienes tratan de abrirse camino en el ámbito de la política o la defensa de los derechos humanos. No hace mucho supimos del asesinato de la concejala y activista brasileña Marielle Franco, la última de una larga lista en la que también está la prometedora líder laborista británica Jo Cox, asesinada en plena campaña contra el Brexit, y numerosísimas activistas feministas en favor de los derechos humanos, como la hondureña ambientalista Berta Cáceres. Son sólo unos pocos ejemplos en torno a asuntos de máxima gravedad y alcance global.

Miramos los índices de violencia machista, los «modelos» que los jóvenes están emulando, la esclavitud sexual a la que millones de mujeres se ven sometidas. Y no dejamos de preguntamos: ¿qué queda por hacer para que leyes como la nuestra atajen todo esto? ¿Dónde están las mujeres en los libros de texto, en la historia? ¿Qué nuevos paradigmas nos aportan los feminismos y cómo podemos legislar con ellos? ¿Cómo construir una sociedad en donde exista igualdad real para todas y todos si no se empieza ya en las escuelas? ¿Cómo se integra una verdadera conciencia de género en la sociedad para cimentar profundas transformaciones?

El gobierno en el que yo participé supo tomar el relevo y honrar lo que se venía gestando desde hacía mucho tiempo con la lucha y las aportaciones de las feministas de este país. Con la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, nuestro país puso los cimientos para comenzar a dar respuesta y abordar cuestiones tan vitales que son garantía para la consolidación de la democracia. Las leyes y la democracia van a la par, se necesitan mutuamente. Legislar es defender los derechos de la ciudadanía, pero también canalizar sensibilidades, inquietudes, deseos y aspiraciones.

En nuestro largo camino por la igualdad las feministas hemos aprendido y denunciado que el modelo patriarcal se reinventa a sí mismo permanentemente. Del mismo modo, las leyes y los feminismos deben reinventarse, matizarse, actualizarse, unirse, para evolucionar con los tiempos. Y en el tiempo que vivimos, ello implica abordar complejas interrelaciones entre nosotros, con la naturaleza, con el entorno, como tan bien han explicado intelectuales como Bruno Latour y tantos otros. Las leyes marcan y refuerzan el progreso de una sociedad, pero no debemos resignarnos a una idea de progreso que desatienda niveles de ésta que a menudo quedan relegados o son invisibles. Hacer política y legislar es permanecer muy atentos a los vertiginosos vaivenes del presente al tiempo que se anticipan retos futuros. Nuevas formas de discriminación, nuevas violencias requieren nuevos poderes, nuevas soluciones. Un análisis heterodoxo y comprehensivo de la diversidad y pluralidad que conforman la lucha por la igualdad de género en la actualidad es esencial para matizar y complementar la ley de 2007.

Afortunadamente, hoy tenemos nuevas razones bien fundadas para esperar que los tiempos para alcanzar una igualdad real se acorten. Desde la ya histórica marcha de las mujeres en Washington en enero de 2017, se han sucedido manifestaciones en todo el planeta y campañas –Time’sUp o MeToo– que han dado una enorme visibilidad a antiguas reivindicaciones. La igualdad de género ha entrado de lleno en el debate global de una manera mucho más minuciosa que hace tan solo unos años. El feminismo, además de ser un movimiento social con historia propia y tener una muy sólida trayectoria como pensamiento crítico en todas las disciplinas, se ha convertido en un sentimiento ampliamente compartido. Quizás, hoy más que nunca, podemos afirmar que una de las grandes reivindicaciones del feminismo, la universalidad de su causa, es por fin reconciliable con la diversidad, singularidad y heterogeneidad de sus posicionamientos y de la ciudadanía.

Y es que, tras varias décadas de intenso debate intelectual y activismo, la igualdad de género, como tarea del ámbito legislativo, ya no puede sino abordarse con perspectivas interseccionales que reflejen la complejidad de una socialización de género. Por tanto, no se trata sólo de acotar y poner fin a un modelo de poder que discrimina y limita las libertades fundamentales, sino también de reforzar lo que podríamos estar presenciando como «un cambio de época» en donde las mujeres son protagonistas.

La pregunta obligada es: ¿qué papel ha jugado la ley de 2007 en nuestro país en estos aires que corren llenos de fuerza y esperanza? Aunque seguramente la respuesta será plural, creo que el objetivo fundamental de aquella ley, cuya trayectoria abordan con rigor autoras y autores de este libro, está cumplido. Me refiero a que, aunque quedan grandes retos pendientes, hemos logrado establecer un marco de convivencia y respeto por la igualdad de género que ha permeado las conciencias, movilizado a amplios sectores de la sociedad y contribuido a afianzar los valores fundamentales de nuestra democracia.

Hoy sabemos que es posible un mundo mejor y sabemos que uno de los hechos más alentadores de la globalización es la extensión de la perspectiva democrática y feminista. Feminismo que como han destacado muchas de nuestras filosofas y activistas ha sido vital, determinante. Armó nuestro discurso, nos cargó de razón y de razones para exigir nuestros derechos, arranco de la política, de los partidos, de los parlamentos, de los gobiernos, su reconocimiento, y desplegó una imparable acción social. Ha sido la alianza entre estos ámbitos: pensamiento científico y filosófico y acción política y social lo que nos ha traído hasta aquí.

Este libro se convertirá en referencia obligada para quienes quieran conocer a fondo una década que, con sus luces y sombras, ha sido, sin duda, caudalosa en ideas y rica en debates sociales en torno a la igualdad. Analizarla al hilo de la ley es un ejercicio valioso y fructífero, y creo de justicia agradecer a todas las autoras y autores de estas páginas y en especial a sus directores, Asunción Ventura Franch y Santiago García Campá, un trabajo bien hecho.

María Teresa Fernández De la Vega

Presidenta del Consejo de Estado

Madrid, marzo de 2018