Читать книгу Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo. Tomo II - Sergio González Rey - Страница 54

Dentro de la multiplicidad de constituciones que se promulgaron en la formación del actual Estado colombiano, podríamos catalogar la Constitución Política de 1991 como el punto de quiebre con el despotismo y la arbitrariedad de parte de los poderes públicos, con la formulación del concepto de constitucionalización del derecho¹. Así, mientras las constituciones de 1863 y de 1886 estuvieron marcadas por una lucha inflexible y desproporcionada por sentar una postura absoluta², la consagración de Colombia como un Estado social de derecho³ desde 1991, permitió concatenar las nuevas necesidades que se empezaban a formular en el siglo XXI.

En esta medida, la constitucionalización del derecho ha permitido que el enfoque en la interpretación de la autonomía de la voluntad en la actuación de la Administración, especialmente en la contratación estatal, esté revestido por criterios de legitimidad, proporcionalidad y coordinación.

Precisamente, el nuevo modelo de organización política denominado “Estado de Constitucionalización”⁴, toma como punto de partida la necesidad de interpretar el derecho conforme a las directrices trazadas por la Constitución Política, lo cual ineludiblemente implica que toda manifestación de la voluntad de parte de la Administración se encuentre permeada por los fundamentos axiológicos que dan sustento a la carta fundamental. En efecto, no se puede hablar del principio de la autonomía de la voluntad en las potestades regladas y discrecionales del contrato estatal sin antes abordar las bases constitucionales que justifican la actuación de la Administración.

Dentro de este contexto, y una vez expuestas las condiciones básicas de la constitucionalización del derecho, podemos concluir que esta se manifiesta con mayor incidencia en el análisis de la autonomía de la voluntad en las potestades discrecionales y regladas de la Administración.

Sentadas las anteriores consideraciones, vamos a enfocarnos en el fundamento de las potestades discrecionales desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad como principio que irradia la actuación administrativa y cómo esta se manifiesta específicamente en la contratación estatal.