Читать книгу Los delitos de cohecho antecedente - Cristina García Arroyo - Страница 6

No es capricho del penalista elaborar un concepto material de bien jurídico, sino que esta tarea resulta esencial, ya que la elaboración de dicho concepto material cumple una función crítica de los bienes protegidos por el legislador penal y también de la forma en que resultan protegidos y de esta forma, que suponga un verdadero límite al ius puniendi estatal20. El otorgamiento de un concepto de bien jurídico permite alcanzar dos objetivos esenciales, por un lado, la limitación de las conductas merecedoras de pena a aquellas que sean adecuadas para lesionar o poner en peligro un bien jurídico; y, otro, hacer más legítimas y sostenibles las decisiones del legislador en relación con el ámbito de intervención y la técnica de tipificación en el Derecho penal. De este modo, si la lesión o puesta en peligro del bien jurídico es el aspecto esencial e ineludible de la determinación del merecimiento de pena de un determinado comportamiento, resultaría evidente que todas las cuestiones relativas al grado de lesión o puesta en peligro (como la anticipación de la punibilidad a simples situaciones periféricas de peligro, el recurso a tipos cualificados por el resultado, el castigo de la tentativa o la imprudencia o la determinación del marco penal), son elementos que deben tomarse en consideración a la hora de concretar los presupuestos y formas de la punibilidad21. Así, por ejemplo, la ampliación de la punibilidad a casos de simple puesta en peligro abstracto del bien jurídico, tal como sucede en algún delito de cohecho, supone una alta valoración y una especial necesidad de protección del mismo, o incluso, una especial dificultad a la hora de su concreción, y consecuentemente de su efectiva lesión. Por estas y otras razones, la determinación de un concepto de bien jurídico se convierte en el núcleo esencial de la legitimidad de la intervención penal22. Ahora bien, debemos establecer unos parámetros que nos sirvan de punto de partida a la hora de analizar cuál sea el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la Administración Pública y, más concretamente, en el delito de cohecho.