Читать книгу Transición ecológica y desarrollo rural - Fernando García-Moreno Rodríguez - Страница 13

Una de las primeras fases de los Convenios de Transición Justa, es la de abrir unos procesos participativos en los que se busca la participación de todos los agentes del territorio (Administración local, empresas, organizaciones sindicales, asociaciones sociales y ambientales, agencias de desarrollo rural, Grupos de Acción Local, Ayuntamientos, Diputación,) para efectuar un diagnóstico, una especie de mapeo de la situación y, a partir de ahí, mediante cuestionarios donde se vuelcan las contribuciones y planteamientos, así como propuestas de proyectos e inversiones en la zona, poder trabajar. Este proceso pretende conocer la visión de los agentes del núcleo rural sobre las alternativas energéticas.

La igualdad de oportunidades y el enfoque de género se configura como una línea esencial en ese proceso de transición a nuevos modelos ecológicos, económicos y sociales. El empleo femenino en el ámbito rural no ha resultado fácil de articular. Si a esta situación se suma que la mayoría de las actividades que se están cerrando, o se van a cerrar, han estado fuertemente masculinizadas41, abre una oportunidad para, en las nuevas fuentes de empleo que se creen, como sustitución de las que se clausuran, se configuren estrategias en aras de un acceso igualitario al empleo. Si esta situación se contextualiza en entornos rurales, con marcada tendencia hacia la despoblación, se crea un caldo de cultivo idóneo para que, tanto desde el Instituto de Transición Justa como desde el Instituto de la Mujer, se canalicen proyectos e iniciativas para mejorar la situación de las zonas rurales afectadas por los cierres, mejorando así la situación socio-económica42.

La Declaración de Río, surgida a raíz de la denominada “Cumbre para la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 1992, que definió los derechos y obligaciones básicas de los Estados con respecto al medio ambiente y al desarrollo, formuló como una de las ideas clave, el que la participación de la mujer era considerada imprescindible para el logro de un desarrollo sostenible. La igualdad de oportunidades, de formación y de liderazgo, los mecanismos garantes de la conciliación de la vida familiar y laboral en el medio rural sigue siendo una tarea pendiente, aunque los avances han sido significativos: la perspectiva de género se ha incorporado plenamente al ámbito rural –a pesar de que aún resulte insuficiente–; se ha legislado sobre Desarrollo Rural, reconociéndose a la mujer como agente clave para el desarrollo; y se han aprobado Planes de igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural, entre otros.

Sin embargo, la perspectiva de la participación de la mujer en aquellos proyectos que se regulan a partir de los Convenios de Transición Justa sitúa el contexto de estudio más allá de una mirada del desarrollo rural con enfoque de género, o de una transición ecológica con una transversalidad de género. Se trata de diagnosticar qué función y qué empleos pueden desempeñar las mujeres, al igual que los hombres, en estos contextos donde la transición ecológica ha alterado los medios de producción y las empresas que daban sustento a las familias, y presentar propuestas para fijar población, evitar la degradación de esos núcleos rurales, contribuir a la preservación del medioambiente y prevenir el deterioro de bienes culturales y patrimonio histórico-artístico, así como ejercer una función cultural y de continuidad de las tradiciones. En todo ello, la mujer tiene mucho que aportar.