Читать книгу Transición ecológica y desarrollo rural - Fernando García-Moreno Rodríguez - Страница 15

El mapa que se ha dibujado del estado de la cuestión no es suficiente. Diversos documentos establecen qué se debe de hacer para incorporar la perspectiva de género, pero el cómo lograrlo, mediante actuaciones específicas, no se concreta.

Es el caso del Informe “Género y cambio climático. Un diagnóstico de situación”, realizado por RED2RED, y publicado por el instituto de la Mujer, en junio de 2020, en el que se sostiene que se debe de aplicar de manera sistémica el enfoque de género con una “perspectiva dual”, es decir de manera transversal e incluyendo medidas positivas51. El Informe también recomienda que se impulse el desarrollo de la Ley de 2011, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias; que las Comunidades Autónomas establezcan planes de apoyo integral para las mujeres del medio rural; que se visibilice y ponga en valor el trabajo desarrollado por las mujeres en el sector pesquero (rederas, mariscadoras, empacadoras, trabajadoras del sector acuícola…); que se apruebe una Ley de Movilidad Sostenible que permita una reconversión del sector de transportes, así como que se refuerce el enfoque de género en la Nueva Agenda Urbana, entre otras cuestiones. Para todo ello es imprescindible, según el estudio, que se garantice la participación de mujeres en todos los foros y eventos locales, autonómicos y nacionales donde se debata la respuesta política contra el cambio climático. Solo así se podrá garantizar que los derechos de las mujeres y las niñas sean una prioridad horizontal en los fondos que financian la política medioambiental.

El impacto de la transición ecológica en el empleo femenino exige, en primer lugar, un paquete de Medidas de mejora del conocimiento del impacto de la transición ecológica en el empleo. Tal y como se indica en la Estrategia de Transición Justa52, entre esas Medidas, se encuentra “Presentar un análisis periódico de la transición ecológica de los sectores económicos para conocer la situación, tendencias, y evolución, sus posibilidades de generación de empleo, las actividades económicas y ocupaciones con mejores perspectivas de empleo, las competencias más solicitadas por las empresas y las necesidades formativas, etc. La información incluirá segregación de datos por sexo para proponer estrategias de género adecuadas”.

Finalmente, en el marco de las herramientas para la reactivación mediante Convenios de Transición Justa, se subraya la inclusión, señalándose la necesidad de llevar a cabo “La propuesta de un desarrollo inclusivo y equitativo en el territorio, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la empleabilidad y condiciones laborales para las mujeres y de colectivos con problemas de acceso al mercado laboral, como parados de larga duración, personas con discapacidad o población en riesgo de exclusión”. Por tanto, debe incentivarse el empleo laboral femenino a través de la contratación en los nuevos empleos que puedan surgir a partir de la implementación de aquellas ofertas que deriven de proyectos que aceleren la transición ecológica como, por ejemplo, plantas de biomasa, empresas de reciclaje, empresas de transporte sostenible, diseño, construcción o rehabilitación de edificios con eficiencia energética.

Si bien parecen estar claros el diagnóstico y los objetivos a alcanzar, la dificultad radica en el procedimiento a seguir, en cómo incentivar el empleo laboral femenino en el medio rural y que, a la vez, se inserte en un contexto de transición ecológica. Para ello, proponemos algunas actuaciones tales como: desgravaciones fiscales para la contratación de la mujer en actividades relacionadas con empleos que deriven de la transición justa; ampliar la red de ayudas que existen para jóvenes agricultoras; rebajar el IRPF para las mujeres que trabajan y residen en el medio rural; abrir unas ayudas para la rehabilitación de viviendas cuyo titular sea una mujer y que además, respeten los requisitos de eficiencia energética; crear una ventanilla única en la Administraciones de manera que se reduzcan las gestiones; simplificar protocolos y normativas, etc.

Como puede observarse, buena parte de estas actuaciones dependen de la dotación de presupuesto por parte de las respectivas Administraciones públicas para llevarlas a cabo. Como cualquier estrategia de inclusión –bien fuera para impulsar el empleo juvenil, o de parados de larga duración u otros colectivos– requiere de un imponderable económico.

De ahí que haya que buscar alianzas estratégicas y sinergias para poder hacer realidad la transición ecológica en armonía con el desarrollo rural. Las posibilidades de colaboración con instituciones, mediante transferencia de conocimiento hacia el ámbito rural, pueden muy bien orientarse con un enfoque de género, que resulte transversal a todas las Administraciones públicas, y en las que se contemple como prioritario el empleo femenino y la investigación desarrollada por mujeres, a la vez que se incida en actividades productivas ecológicas y eficientes: Universidades en cuanto instituciones que apoyen Clúster tales como el ICAMCYL53, el CBECYL54 y el AEICE55, CYLSOLAR56; Creación de cátedras específicas con los Clúster; Convenios Universidad-Empresa: Doctorado industrial en núcleos rurales; Relanzar PYMES ubicadas en el ámbito rural, relacionadas con la eficiencia energética, política de regulación, sostenibilidad y economía circular, entre otras; Potenciar Museos temáticos que aporten empleo y turismo a la comarca rural (como algunos de los ubicados en la provincia de Burgos: Museo de Radiocomunicación Inocencia Bocanegra, en Belorado; Minas de manganeso de Puras de Villafranca, Museo Fundación Iglesia Santiago (Pancorbo), Museo-Taller Pedagógico de las Técnicas Freinet (Bañuelos de Bureba), Museo Félix Rodríguez de la Fuente (Poza de la Sal), o en la provincia de Palencia (el Centro de Interpretación de la Mina y la Mina, de Barruelo de Santullán), entre otras iniciativas.