Читать книгу Transición ecológica y desarrollo rural - Fernando García-Moreno Rodríguez - Страница 9

La “Transición Justa”, como término, aparece por primera vez en las negociaciones climáticas en la cumbre de Kioto (1997), como una demanda de los sindicatos europeos, y fue incluida en el Acuerdo de Paris (2015). En el año 2015, la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), publicó una Guía con unas pautas para una transición justa hacia economías ambientalmente sostenibles y sociedades para todos19. En esta Guía, se afirma que “una transición justa para todos hacia una economía ambientalmente sostenible […] debe estar bien administrada y contribuir a los objetivos del trabajo decente para todos, inclusión social y erradicación de la pobreza”. En esta misma línea, y en ese mismo año, el Acuerdo de París reconoce que los ciudadanos pueden verse afectados no sólo por el cambio climático como tal, sino también por las medidas que se adopten para combatirlo, por lo que se incorporó el término “just transition” como un mandato orientado a que, la implementación de las políticas contra el cambio climático, deberán tener en cuenta “los imperativos de una transición justa en el mundo del trabajo y la creación de trabajo decente y de calidad”. Esta demanda proviene de las organizaciones sindicales que, a cambio de comprometerse en la defensa de la acción climática, pidieron ciertas garantías socio-laborales para que los cambios no se produjeran a costa de los trabajadores20. Con esta misma orientación de una “transición justa, sin dejar a nadie atrás”, se trabajó en la 25.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Chile, celebrada en Madrid en diciembre de 2019.

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el denominado Pacto Verde Europeo, European Green Deal, cuya hoja de ruta era dotar a la Unión Europea (UE) de una economía sostenible21. Para ello, se propone transformar los retos en materia de clima y medio ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y haciendo que la transición sea justa e integradora para todos. De nuevo, el concepto de transición justa se presenta como una de las claves. El debate sobre el Fondo de Transición Justa (FTJ), que se financia con los fondos estructurales de la UE, no es pacífico en la medida en que unos países se verán beneficiados (como es el caso de Polonia, porque se supone que tendrá que hacer frente a unos desafíos mayores) y otros, que temen perder financiación (como es el caso de España).

En el contexto español, cobra especial relevancia optimizar los beneficios de la transición ecológica para generar más y mejores empleos, ya que la tasa de paro en España duplica la media de la Unión Europea22. La finalidad de esta Estrategia de Transición Justa es optimizar los resultados de la transición ecológica para el empleo y asegurar que las personas y las regiones aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición y que “nadie se quede atrás”, máxima por cierto que, ya desde la Agenda 2030, y después con la pandemia, se ha convertido en la condición que deben cumplir las diversas políticas públicas que se vayan implementando23. Siguiendo las directrices de la Organización Internacional del Trabajo y las recomendaciones del Acuerdo de París, se trata de maximizar las oportunidades de empleo de la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono. Tal Estrategia se materializa, como se ha indicado, a través de los “Convenios de Transición Justa” que recogerán un plan de acción territorial integral para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica y las empresas. El objetivo es que no se produzcan impactos negativos sobre el empleo ni sobre la población. Por ello, el propósito es impulsar el diseño de políticas industriales, de investigación y de desarrollo, de promoción de actividad económica, y de empleo y formación profesional, con el fin de asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente beneficioso para todos.

La Estrategia de Transición Justa incluye diferentes medidas e instrumentos. En concreto, para los desafíos a corto plazo del proceso de descarbonización, la Estrategia ha incorporado el Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021 (Plan de Acción Urgente), que busca dar respuesta al cierre de explotaciones mineras a 31 de diciembre de 2018, así como de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. Hasta ahora, se han lanzado los procesos de participación para la elaboración de Convenios en el Principado de Asturias, Aragón, Andalucía, Galicia y Castilla y León –Comunidad esta última a la que se hará referencia en el siguiente item–24.