Читать книгу Investigación y proceso penal en el siglo XXI: nuevas tecnologías y protección de datos - Francesc Ordóñez Ponz - Страница 65

En los últimos años, la preocupación por la lucha contra la cibercriminalidad es una constante pues las cifras de esta no hacen más que aumentar. El último estudio sobre la ciberdelincuencia publicado en 2019 acredita cómo los hechos conocidos han crecido en más del doble, no así los hechos esclarecidos, que son una escasa cuarta parte de estos últimos.

(Gráfico extraído del mencionado estudio sobre la criminalidad en España)1.

En el primer trimestre de 2021 no existen datos oficiales publicados actualizados, pero, dado el aumento exponencial del uso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo debido a la pandemia, todo parece indicar que las cifras habrán aumentado, la única duda será hasta qué punto.

Buena muestra de la creciente preocupación por dicho aumento es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad publicada en la Orden PCI/487/2019. La mencionada estrategia, por primera vez, define la cibercriminalidad como un “conjunto de actividades ilícitas cometidas en el ciberespacio que tienen por objeto los elementos, sistemas informáticos o cualesquiera otros bienes jurídicos, siempre que en su planificación, desarrollo y ejecución resulte determinante la utilización de herramientas tecnológicas2”.

En la citada Estrategia Nacional de Ciberseguridad, una de sus líneas de acción, la tercera, tiene por objeto “reforzar las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad, para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades en el ciberespacio” y para lograr este objetivo una de las medidas que contempla, ni más ni menos que la primera de ellas, es reforzar el marco jurídico para responder eficazmente a la cibercriminalidad, tanto en lo relativo a la definición de tipos penales, como en la regulación de adecuadas medidas de investigación, que es lo que a nosotros nos interesa concretamente.

En el presente trabajo examinaremos hasta qué punto esta línea de acción se ha visto plasmada en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2019 y qué cambios ha supuesto en relación con la regulación del agente encubierto informático que es una de las diligencias de investigación tecnológicas empleadas en la lucha contra alguna de las formas de ciberdelincuencia existentes.