Читать книгу Historia de la República de Chile - Juan Eduardo Vargas Cariola - Страница 25

Aunque la agricultura siguió estacionaria hasta mediados de siglo, hubo cambios importantes en la tenencia de la tierra. Durante el gobierno de Ramón Freire se consolidó la estructura agraria de pequeña propiedad. Por decreto de 10 de junio de 1823 se ordenó el remate de tierras fiscales en porciones de seis a 10 cuadras, para facilitar el acceso a la propiedad territorial²¹⁴. La medida comenzó a aplicarse en Chiloé en 1828, al hacerse una mensura parcial que, por lo mismo, no permitió conocer la extensión precisa de los terrenos fiscales hasta principios del siglo siguiente. La idea era transformar en propietarios el mayor número posible de campesinos. El intendente decía en 1827 que

en las islas más pobladas y cultivadas, una porción de 6 a 10 cuadras, como lo designa la ley, es de alguna consideración y bastante para mantener al labrador, y en otras partes donde no hay terreno limpio, sino bosques, un número aumentado de cuadras ha de suplir la falta […] siempre observando el principio de dividir en lo más posible las porciones²¹⁵.

En la práctica, cada familia recibió gratuitamente seis cuadras y 12 los caciques a elección del paraje. Como era natural, los favorecidos prefirieron los terrenos más cercanos a la costa por ser también más fáciles de cultivar²¹⁶. El mismo beneficio tuvieron los no indígenas. Para estos se mensuraron las tierras, se tasaron y se pusieron en pública subasta o se vendieron directamente a sus ocupantes o se revalidaron sus títulos antiguos. Fue un proceso muy complejo por la inexistencia de documentos coloniales, desaparecidos tal vez en el incendio de Ancud de 1797 o perdidos más tarde en el desorden que siguió a la ocupación chilena en 1826.

Con el aumento de la población se hizo visible la falta de tierras despejadas. Cuando Darwin visitó Chiloé en 1834, advirtió ese problema y llamó la atención sobre la negligencia de los propios pobladores en abrir nuevos terrenos, en las limitaciones impuestas por el Estado y en el excesivo cobro de los agrimensores:

Hace falta, en efecto, antes de adquirir una pieza de tierra, por pequeña que esta sea, pagar al geómetra dos chelines por cada cuadra (150 metros cuadrados) que mide, además, el premio que le place fijar como valor de la tierra²¹⁷.

En 1835 los propietarios reconocidos eran cuatro mil 500, cuando la población adulta de la provincia alcanzaba a 15 mil 256 individuos de ambos sexos entre 25 y 70 años, según numeración de 1832. En 1856 los propietarios habían aumentado a seis mil 259 con posesiones inventariadas, de los cuales mil 648 estaban en el departamento de Ancud, dos mil 579 en el de Castro, mil 138 en el de Quinchao y 894 en el de Carelmapu.

Los favorecidos con mercedes anteriores a 1826 quedaron en posesión de sus tierras. Pero muchos de estos las extendieron, apropiándose de retazos fiscales. En los remates se adjudicaban lotes que después ponían en arriendo, y tanto los rematantes como los arrendatarios se apropiaban de más terreno que el que les correspondía. En 1853 Antonio Varas decretó que —reconociendo que era indispensable tener conocimiento de los terrenos pertenecientes al Estado, y que lo indeterminado de sus límites había dado origen al abuso de ser ocupados por los particulares sin título alguno— las autoridades debían proceder a hacer los deslindes de todos los terrenos fiscales “con signos bien manifiestos y que no sean fáciles de quitar, y que se levantara un plano general de ellos, como también de las hijuelas de que se habían hecho concesiones”²¹⁸.

Pero la orden no tuvo cumplimiento. Además, el incendio de Ancud de 1879 volvió a quemar los archivos, y el primer plano de las tierras solo se levantó a fines de siglo por la Inspección de Colonización. Por entonces, el centro de la Isla Grande permanecía despoblado, a pesar de existir “extensos y excelentes terrenos”, porque los chilotes “siempre se han resistido a poblarlos”²¹⁹.