Читать книгу Historia de la República de Chile - Juan Eduardo Vargas Cariola - Страница 30

El mejoramiento de las calles fue el propósito prioritario de todas las administraciones municipales a lo largo del país. Lentamente, por las permanentes restricciones financieras que ellas experimentaban —años hubo en que en ciertas ciudades fue imposible realizar trabajo público alguna, por falta de fondos—, las calles de tierra fueron empedradas, y los municipios económicamente más sólidos comenzaron a sustituir el pavimento de piedras de río por adoquines. Este trabajo, no es ocioso recordarlo, solo concluyó a mediados del siglo XX tanto en Santiago como en las capitales de provincia. Las aceras, por su parte, recibieron pavimento de laja o de pizarra importada, y a falta de estos elementos se utilizaba la greda para el asentamiento de pequeños guijarros llamados porotitos. En las ciudades del sur el proceso de mejoramiento vial fue más lento. En 1870 las calles de Valdivia no estaban empedradas y solo las principales tenían sus veredas pavimentadas con laja³³¹. En Puerto Montt, en cambio, hacia esa misma época las aceras estaban cubiertas con tablones de alerce³³².

Una modernización urbana digna de destacarse fue la construcción de líneas férreas para el servicio de carros de sangre, es decir, tirados por caballos. Desde mediados del siglo XIX muchas municipalidades chilenas conocieron proyectos destinados a desarrollar ese medio de locomoción urbana, aunque pocos pudieron llevarse a la práctica. En general, la construcción estaba a cargo de empresarios privados, y el municipio les entregaba en concesión la franja de la calle por la cual debían ir los rieles. En Santiago la Empresa del Ferrocarril del Sur tendió en 1857 una vía que partiendo de la estación concluía en la parte oriente de la Alameda, frente a la iglesia de San Diego, en la esquina de la calle del mismo nombre. Más de 20 carros tirados por caballos ofrecían un aceptable servicio a los usuarios. Al concluir el siglo sumaban alrededor de 200³³³. En 1863 el banquero David Thomas fundó una empresa de ferrocarril urbano en Valparaíso, que constaba de una línea de cinco kilómetros de extensión desde la estación del ferrocarril hasta los almacenes fiscales, servida por 45 carros³³⁴. De 1886 es el contrato entre la Municipalidad de Viña del Mar y Teodoro von Schroeder para establecer un ferrocarril urbano en dicha ciudad³³⁵. Ese mismo año se aprobaron las bases para construirlo en Valparaíso³³⁶. En 1886 la Municipalidad de Santiago entró en conversaciones con Ricardo Goldsborough para construir una línea para un ferrocarril de vapor que circundara a la ciudad³³⁷.

La dotación de agua potable fue otro de los aspectos más relevantes de la acción municipal en el periodo en estudio. El incómodo y poco higiénico abastecimiento mediante los pozos que cada casa tenía, o el proporcionado por pilones o simples acequias a los sectores más pobres, dejó paso al entregado por cañerías conectadas a una red que, al menos como aspiración, había de cubrir todo el espacio urbano. Los trabajos de instalación de cañerías comenzaron en La Serena en 1885, y al año siguiente había más de 60 personas que habían hecho pedidos particulares de agua³³⁸. También de un elevado costo, porque, además de que las fuentes de abastecimiento no siempre estaban próximas a las ciudades, la construcción de la red dentro de ellas fue lenta y comprendió solo las áreas centrales de las mismas. En Santiago, por ejemplo, los barrios de los márgenes, es decir, los más pobres, quedaron privados de ese servicio, y otro tanto ocurrió en los cerros de Valparaíso. Esa limitación indujo a la municipalidad del puerto a continuar por su cuenta la provisión de agua de toda la ciudad, habida consideración, entre otros aspectos, de que la viruela era estimada allí como una enfermedad endémica, y que, como se subrayaba con exactitud, “la provisión de agua ha tenido una influencia eficaz y notable en la mejora de la higiene de la población”³³⁹. En esta última ciudad había un problema adicional, la carencia de una fuente que asegurara permanentemente el abastecimiento, y esto solo pudo solucionarse en el siglo siguiente con la construcción de una represa artificial en el sector de Peñuelas. En Curicó, en 1874, el agua potable solo llegaba a 87 casas, y el resto de la población debía recurrir a pilones o a alguna acequia de aguas contaminadas³⁴⁰. Pero no siempre una red de agua potable garantizaba la calidad del producto que entregaba. Se denunciaba, por ejemplo que la acequia que surtía al depósito de agua potable de San Fernando pasaba antes por muchas pequeñas propiedades, cuyos habitantes arrojaban a ella los “estrujes” de sus riegos, lavaban la ropa, se bañaban y echaban los desperdicios de sus casas³⁴¹. En 1886 se iniciaron los trabajos del tendido de cañerías de fierro en Talcahuano,³⁴² y el mismo año la Municipalidad de Talca contrató un empréstito de 60 mil pesos para el ensanche y mejoramiento del servicio de agua potable de la ciudad³⁴³.

Un aspecto central de la higiene urbana, la evacuación de las aguas servidas mediante alcantarillados, apenas se abordó en el siglo XIX, no obstante conocerse la importancia que ella tenía en el combate de epidemias como el cólera. Las ciudades chilenas, salvo el caso de Valparaíso, mantuvieron, en consecuencia, las redes de acequias que con tal propósito existían desde el periodo monárquico. Esto, junto con impedir un mejoramiento de las prácticas de higiene de todos los sectores sociales, aseguraba la circulación de ratas y ratones, vectores de numerosas y graves enfermedades. Además, las acequias se utilizaban como medio de eliminación de los desperdicios sólidos que se generaban en las casas, no obstante existir, al menos en Santiago, un sistema formal de retiro de ellos mediante unos 200 carretones empleados por la municipalidad. Tal procedimiento, al facilitar que se cegasen los cauces, era causa de los frecuentes anegamientos de los inmuebles. Por eso una ley de 30 de abril de 1870 facultó al Presidente de la República para aprobar las ordenanzas sobre arreglo y nivelación de las acequias. Es lo que por 1870 se hacía en Talca en las 35 acequias que se distribuían por la ciudad³⁴⁴. Así se hizo también en Chillán en 1872 y años después otras ciudades emprendieron tales mejoramientos. Al apoyar el intendente de Aconcagua una solicitud en tal sentido del municipio de San Felipe, describía los problemas originados por el primitivo sistema de evacuación de aguas servidas en uso, que se podían aplicar a las restantes ciudades del país:

Las acequias que sirven para el aseo interior de las propiedades han consistido siempre en un simple rasgo sobre la tierra, sin preparación alguna para impedir que el agua produzca filtraciones perjudiciales, y lo que es peor, en extremo nocivas a causa del cieno que se va aglomerando, y de la descomposición de las mismas aguas con las materias pútridas que arrastran y se detienen, infectando el aire, lo cual hace a la ciudad malsana³⁴⁵.

Solo en febrero de 1881 una empresa británica, The Valparaíso Drainage Company, Ltd., inició los trabajos para establecer un sistema de alcantarillados en el puerto, que abordó solo una parte del plan y no cubrió las necesidades de los cerros. Los trabajos, que concluyeron en mayo de 1882, no satisficieron las expectativas de los porteños, que con razón se quejaban de los hedores que se desprendían de la red³⁴⁶.

El alumbrado había sido, desde la monarquía, el servicio que más había preocupado a los gobernantes y a los ciudadanos. La ley de 23 de octubre de 1835 autorizó al Presidente de la República para hacer un nuevo reparto de la contribución denominada de serenos que pagaba el vecindario de Santiago y el de los demás pueblos donde existía esa institución, a fin de que con parte de ella se pudiera mantener un servicio de alumbrado público, que utilizaba el aceite y, más adelante, el kerosene o parafina como combustible. Decretos de 1846, 1852 y 1868 reglamentaron la prestación del servicio³⁴⁷. De mediados del siglo XIX fue la aparición de otra innovación de enorme importancia: el alumbrado de gas. En 1848 se presentó un presupuesto para dotar con ese alumbrado a las calles y plazas de Santiago. Se calculaba que para iluminar el centro de la capital con un farol a mitad de cada calle y en cada cruce de estas, más cuatro para la Plaza de Armas y 38 para edificios públicos, conventos y cuarteles, se necesitarían 600 lámparas. Gracias a una iniciativa de Guillermo Wheelwright, Copiapó fue la primera ciudad chilena que contó con ese servicio al inaugurarse en 1853 el alumbrado de gas con 450 faroles distribuidos cada media cuadra. A partir del 18 de septiembre de 1856 Valparaíso, que tenía lámparas de aceite desde 1844, se pudo iluminar también con gas. En la ceremonia inaugural el propio intendente encendió el gas “al frente de la casa nueva del Sr. Edwards”³⁴⁸. La Municipalidad de Santiago recibió varias propuestas de nacionales y extranjeros para instalar esa iluminación. Dicha corporación suscribió un acuerdo con Maximiano Errázuriz, detrás del cual estaba su suegro José Tomás de Urmeneta, y después de la obtención de una ley que aseguraba al favorecido el privilegio exclusivo por 30 años para la fabricación y venta de gas en Santiago, se constituyó la sociedad Urmeneta Errázuriz y Cía., con Adolfo Eastman, también yerno de Urmeneta, en calidad de tercer socio. La empresa inició con celeridad la construcción de la fábrica de gas, de un gasómetro y de la correspondiente red de distribución, y el 18 de septiembre de 1857 se inauguró el servicio, con 600 lámparas; en 1867 la ciudad era iluminada por 717 lámparas de gas y 122 de parafina³⁴⁹. La referida sociedad se transformó en 1865 en una sociedad anónima llamada Compañía de Gas de Santiago³⁵⁰.

La Serena tuvo su instalación de gas de alumbrado en 1865, y Concepción, en 1871. También las ciudades más pequeñas optaron por la nueva modalidad de iluminación. En 1872, por ejemplo, Eduardo Briekles suscribió un contrato con el intendente de Aconcagua José Miguel Rodríguez Velasco para proporcionar a San Felipe alumbrado público con “gas hidrógeno carburo”³⁵¹. Otras, en cambio, como Talca, Chillán y Ancud, continuaron con la débil iluminación proporcionada por la parafina. En el decenio de 1880 la iluminación de gas empezó a ser sustituida por la eléctrica en las calles y en los edificios públicos³⁵². Ya en 1860 Luis Zegers había tratado de establecer la iluminación eléctrica en Valparaíso y Santiago, pero solo en 1882 se inició la instalación del nuevo sistema en la capital³⁵³.

El abastecimiento de alimentos en las ciudades fue un objetivo prioritario de las municipalidades, tanto para permitir el fácil acceso de la población a los bienes de consumo cuanto por constituir esa actividad una fuente de ingresos para ellas. En efecto, los mercados de abasto generaban un tributo por las carnes muertas, y otro tanto ocurría con las recovas o mercados y las ferias, constituyendo estas últimas la instalación transitoria de un grupo de vendedores en ciertas calles o plazas. La conducción de los productos en carretas originó el pago de una patente por estas y, en general, por toda clase de coches y carruajes. Muy tardíamente, en la década de 1880, se dictaron los reglamentos para el funcionamiento de mercados y mataderos, y los informes de los intendentes reiteraban las serias deficiencias que unos y otros mostraban. El comercio al menudeo se practicó en almacenes y despachos, en los cuales muy frecuentemente se expendía vinos y licores. También aquéllos eran fuente de crédito para los sectores de más escasos recursos, al permitirles la postergación de los pagos, lo que suponía un encarecimiento de los productos que adquirían.

Tanto la policía de seguridad como las cárceles dependían, en general, de las municipalidades, cuyo permanente estado de insolvencia repercutía en graves limitaciones para una y otras. La situación de las cárceles era, sin duda, extremadamente precaria, tanto por la falta de seguridad de los edificios como por los cortos recursos con que contaban aquellas para el pago de la guardia y el de la alimentación de los reclusos. Por eso fue habitual que las municipalidades contrataran, al concluir el año, un préstamo a corto plazo para atender a los gastos de la alimentación de los presos³⁵⁴. Es posible que esta situación justificara la mantención de la isla de Juan Fernández como lugar de reclusión tanto de presos políticos como de delitos graves contra las personas y la propiedad. El presidio ambulante³⁵⁵, destinado a los presos por delitos comunes en reemplazo de dicha isla, ensayado a partir de 1837 con desalentadores resultados, no impidió que se la siguiera utilizando para tal fin. La construcción de la Penitenciaría de Santiago, que empezó a recibir a los primeros reclusos en 1847, debía significar un cambio en la política penitenciaria, pero su falta de capacidad para custodiar a los presos indujo al ministro Salvador Sanfuentes en 1847 a servirse de la colonia de Magallanes como centro receptor de los condenados por delitos políticos y militares, determinación muy negativa para la consolidación de aquella³⁵⁶. En el decenio de 1870 el ex presidente Montt, entonces senador, sostuvo que, fuera de la Penitenciaría de Santiago, “el estado y la condición de los presidios y establecimientos penales en toda la república son tan malos que no ofrecen seguridad ninguna para guardar a los detenidos”³⁵⁷.

La cárcel más importante, después de la Penitenciaría de Santiago, fue la penitenciaría de Talca, establecimiento creado en 1860, que recibía a los reos provenientes de todas las provincias desde San Fernando al sur. Esto le significaba a la corporación municipal de aquella ciudad gastar más de 10 mil pesos mensuales para la mantención de 250 presos en promedio³⁵⁸.

Abundaron al concluir el periodo los acuerdos para reformar esos servicios, expresados, paradójicamente, en la reducción del personal. Así, en 1886 se acordó disminuir a 804 individuos el número de componentes de la Guardia Municipal de Seguridad, de los cuales 99 formaron una compañía especial denominada Guardia Civil³⁵⁹. Los testimonio que se recogen sobre su falta de suficiencia son reiterativos: “Defectuosa constitución de plana mayor […], deficiencia de su número y exigüidad de sus remuneraciones; está muy lejos de ser una fuerza bien organizada y apta para el desempeño de sus funciones”, se diría de la Guardia Municipal de La Serena, juicio aplicable a cualquier otra ciudad de Chile³⁶⁰.