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LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA

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El doctor Ramón Allende Padín, que formaba parte de las filas del radicalismo, “en medio de la epidemia asoladora” de viruela de 1876 presentó un proyecto que obligaba a ciertos sectores de la población a vacunarse526, si bien “por respeto a la libertad de los individuos” no se establecía ese deber para todos los habitantes del país527.

La verdad es que el proyecto de Allende Padín, al no implantar la vacunación obligatoria, no encontró la oposición de quienes con más fuerza defendían la libertad individual. Por eso Zorobabel Rodríguez, una de las figuras más destacadas del Partido Conservador, afirmaba que “la idea de vacunación forzosa en el proyecto no tiene la gravedad que algunos le dan, porque tal como está redactado ella no es más que una excepción, puesto que no se hace obligatoria a todos los ciudadanos, sino como condición precisa para aquellos que ingresan por cualquier motivo en los establecimientos sostenidos por el Estado”528. En 1881, el proyecto indicado todavía no era aprobado por la Cámara de Diputados. El gobierno consideraba que esta tardanza era dañina, pues su sanción, si bien podía “importar una limitación de la libertad individual”, era necesaria “mientras nuestro pueblo adquiere la suficiente versación en preceptos higiénicos”529. Al año siguiente, el proyecto fue aprobado por dicha corporación, pasando al Senado para el trámite correspondiente.

Benjamín Vicuña Mackenna, senador por Coquimbo, estimó que el proyecto en cuestión era el “más grave a que pudiera consagrar su atención el Senado, después del gran problema de la guerra”530. Pero, a continuación, rechazó el despachado por la Cámara de Diputados, aduciendo que era “tímido en su alcance, porque en vez de abrazar la regla general de la vacunación […], excluyen a la gran masa de la población”531. Esa debilidad —agregaba— obedecía a que Justo Arteaga Alemparte y Zorobabel Rodríguez, “fascinados por el idealismo absoluto de la libertad individual, [… ] restringieron la vacunación forzosa”532; olvidando que “toda libertad individual para ser tal necesita las limitaciones de la libertad ajena [… y que] delante [de la salud pública] toda libertad individual desaparece”533. Estas ideas534, y la convicción de que la vacunación forzosa era “una salvación”, lo impulsaron a proponer “sustituir el complicado proyecto de ley en discusión” por otro que simplemente “declarase obligatoria la vacunación para todos los chilenos nacidos en el territorio de la República”535.

La posición de Vicuña Mackenna, respaldada por Ramón Allende Padín y Francisco Puelma Tupper, que eran senadores, médicos y radicales, no encontró mayor resistencia en el Senado, y se tradujo en un proyecto que, sin más, establecía “la vacunación obligatoria para todos los habitantes de la República”536.Votado favorablemente en general, se inició su discusión en particular en la cámara alta. Sin mayores modificaciones, fue enviado a la Cámara de Diputados, donde fue rechazado debido a que no “respetaba las garantías individuales”537. El Senado, por su parte, defendió el proyecto inicial. Corría el año 1886, y si la Cámara de Diputados insistía no habría ley. El diputado Enrique Tocornal y el conservador Ventura Blanco Viel, que se oponían a la vacunación obligatoria, alegaban que el “bien por la fuerza es un atentado; y los medios que ahora se proponen importan la violación de los derechos individuales”538. El diputado y médico Augusto Orrego Luco, por su parte, miembro del Partido Liberal, respondió señalando que incluso Adam Smith, el “escritor [que] encarnó el espíritu de resistencia a las medidas coercitivas”, admitía que “con el mismo derecho que interviene el magistrado para evitar los estragos de una peste material, debe intervenir para evitar los estragos de la ignorancia […]. Hasta tal punto le parecía claro e indiscutible este derecho de limitar la libertad individual en presencia de una epidemia, que lo tomaba como término de comparación, como prueba de que “hay casos en que el derecho a limitar la libertad individual está fuera de toda discusión”539. La prensa, a su vez, terció en el debate. Así La Época, diario radical y de gobierno540, en el que escribía el doctor Orrego Luco, fue partidario del proyecto, expresando que “el deber ineludible de todo Gobierno de conservar la salud pública y cuidar de ella [debe hacerse] a costa de cualquier sacrificio”541. El Mercurio542 y El Independiente, en cambio, fueron críticos, escribiendo este último que “la vacunación obligatoria […] es una negación audaz de las garantías individuales, del respeto a los hogares y de la dignidad de la persona humana. Es una extralimitación evidente de las facultades del Estado que no puede tener derecho de imponer a los ciudadanos lo que él estima más propio a la conservación de la salud, o a la adquisición de la fortuna, de la virtud, de la ciencia o de la felicidad”543.

El no al Estado se volvía a imponer. En realidad, y como se dijo, se trataba de un rechazo de carácter ideológico, que se sustentaba en el valor que se le daba a la libertad de cada cual y en el temor de muchos de que el Presidente de la República, a través del Estado, adquiriera más poder para violar las “garantías individuales”, como por lo demás ya lo hacía en materia electoral.

La última batalla de los facultativos apuntó a influir para que los hospitales se modernizaran y desecharan la función directiva que desde la Colonia cumplían las elites en ellos.

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