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LA VIDA EN EL CAMPO
ОглавлениеAunque esta materia se trata con más detalle en otro lugar, es necesario recalcar aquí la importancia que tuvo el agro en la vida chilena del siglo XIX. Se ha sostenido que el mundo rural estuvo marcado por la gran propiedad, concepto muy ambiguo porque en él deben incluirse tanto las extensas estancias del Norte Chico, carentes de riego, montuosas y de escaso valor agrícola, como las más próximas a los centros urbanos, que por ello tenían una salida segura para sus productos. En una primera aproximación, la hacienda del siglo XIX era, como la del precedente, un mundo bastante autosuficiente, con una población de inquilinos con sus familias y de peones en su interior, en que predominaban los cultivos extensivos y la ganadería. Es sabido, sin embargo, que la apertura del mercado peruano a fines del siglo XVII había provocado grandes cambios, primero en los valles del Norte Chico, y a continuación en la zona central, al descubrirse las posibilidades de la agricultura como fuente de ingresos de regular cuantía. En los bordes de las grandes propiedades y en las vecindades de los pueblos se produjeron procesos de fragmentación de tierras, y en ciertos lugares, como en el valle de Elqui o en el sector de la Florida, cerca de Concepción, la mediana y la pequeña propiedad adquirieron una presencia predominante. La pequeña propiedad ha sido, como es notorio, una constante en Chiloé.
Hasta el decenio de 1840 las diferencias entre la vida rural de la colonia y la de la república eran muy reducidas. En la zona central el cultivo extensivo y las abundantes masas de ganado eran respuestas razonables a una demanda reducida y a imperfectas modalidades de comercialización. Por otra parte, la falta de numerario, tan marcada durante todo el siglo XIX, entorpecía la venta al menudeo de productos del agro. Consecuencia de esto fue el predominio de formas alternativas de pago a la mano de obra. El salario en dinero, que muy frecuentemente se pagaba no en efectivo sino en vales, pasaba del patrón al inquilino y, de este, nuevamente a aquél por intermedio de la pulpería o almacén que siempre existió en los predios, única forma de asegurar a los trabajadores agrícolas el abastecimiento de artículos esenciales como aceite, sal, azúcar, telas o velas.
Los inquilinos vivían en sus ranchos de quincha y barro y techo de paja rodeando las casas principales del predio. Así, por ejemplo, frente a las tres casas patronales de las haciendas Lo Campo, San Roque y San Buenaventura, en Panquehue, había 120 ranchos pajizos grandes y 125 medianos y pequeños. Este cuadro se repite en gran parte de las propiedades agrícolas.
La transformación de la actividad rural en una agricultura comercial, que llevó a la reducción del número de inquilinos y de peones estables, obligó a muchos, en especial a los más jóvenes, como ya se ha indicado, a buscar mejores destinos, lo que originó una movilización de personas hacia los más variados lugares. La disminución de la mano de obra por la demanda en las ciudades y, en especial, en obras públicas como el ferrocarril, se hacía sentir con especial fuerza en los meses de la cosecha y de la vendimia, por lo que los propietarios hubieron de recurrir a variadas fórmulas, que iban desde enganches de trabajadores en otras localidades a la mecanización, pasando por el incremento de los jornales. Un periódico de Curicó aseguraba en 1880 que “no hay agricultor regularmente acomodado que no posea una buena máquina trilladora”570. Los aumentos salariales llegaron a ser tan elevados en ciertas regiones, como Casablanca, que muchos propietarios preferían atrasar sus trabajos antes que pagar a los operarios571.
El campo chileno, como es bien sabido, distaba de ser un bucólico lugar de paz. Tradicional centro de variadas manifestaciones de violencia, el bandidaje tenía profundas raíces. Además, la permanente actividad de los cuatreros, que continuó en el periodo a pesar de las severas normas legales contra el abigeato, constituyó un freno a la ganadería. Como forma de combatir la inseguridad rural, una ley de 16 de diciembre de 1881 creó una Policía Rural o Guardia de Seguridad en las subdelegaciones rurales de cada uno de los departamentos del país. El presupuesto de dicha policía era formado por la Junta Departamental, según lo dispuso un decreto de 1 de abril de 1882, y los ingresos provinieron del 20 por ciento de la contribución territorial a que estaban afectos los predios agrícolas y del 100 por ciento de la contribución de patentes rurales572. La medida no produjo mayor efecto, y la violencia rural no amainó. Hubo, por cierto, acusaciones contra la policía rural de ser utilizada con propósitos de intervención electoral573.