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VI. CON EL ESTABLECIMIENTO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS SE BUSCA LA PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS

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La infracción administrativa y el delito no solo tienen en común su fundamento político, el ius puniendi del Estado, y representar instrumentos de control social, sino los objetivos que con ellos se persiguen, puesto que de manera inmediata lo que se pretende por medio del establecimiento de estas conductas objeto de reproche punitivo es la protección de ciertos bienes jurídicos.

El bien jurídico es el elemento que legitima la imposición de una sanción, que de una u otra manera implicará para un sujeto la restricción de sus derechos, y por ende es fundamental justificar las razones por las cuales los derechos e intereses de un sujeto deben ceder cuando de la imposición de una sanción se trata, y tal justificación debe estar relacionada con la pretensión de amparo del Estado de bienes jurídicos de especial relevancia que justifican este tipo de protección.

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