Читать книгу Derecho administrativo sancionador - Juan Gabriel Rojas López - Страница 15

Como la potestad sancionadora de la Administración no es poca cosa, así como no son irrelevantes los efectos que se pueden derivar de la imposición de una sanción administrativa, se tienen que garantizar los derechos fundamentales del supuesto infractor para evitar que la Administración camine por la senda de la arbitrariedad y del abuso.

La potestad sancionadora de la Administración se justifica en los tiempos actuales como un importante instrumento de control social para garantizar la prevalencia de los intereses generales mediante la protección de los bienes jurídicos cuya definición determine el legislador. Pero ello no significa que por muy justificados que sean los fines que le sirven de fundamento se puedan utilizar todos los medios, en especial cuando estos medios restringen de manera desproporcionada los derechos fundamentales del supuesto infractor sometido al rigor punitivo de la Administración, con tal de obtener los resultados perseguidos.

Es allí donde debe entenderse que la sanción administrativa debe estar precedida de la observancia rigurosa de los principios históricos del derecho punitivo estatal, que fundamentalmente se han decantado en la disciplina jurídico-penal y que serían aplicables en el ámbito del derecho administrativo sancionador por tener un mismo fundamento político y una misma finalidad.

La observancia de tales principios, entre los que se encuentran los principios de legalidad, culpabilidad, non bis in idem, presunción de inocencia y debido proceso, entre otros, es lo que termina dándole la legitimidad a la sanción eventualmente impuesta, pues solo en un caso de respeto de los derechos fundamentales del supuesto infractor se hace tolerable la restricción de sus derechos en el contexto de un Estado democrático.