Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 48

1. Dos años antes de la publicación de la STC 85/2018, y sobre la base de un nuevo informe elaborado por encargo de la Secretaría General de Paz y Convivencia24, el Parlamento Vasco había aprobado una nueva normativa, esta vez con rango formal de ley, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Dirigida a superar las dificultades suscitadas por el carácter reglamentario del texto anterior y a dar cumplimiento a lo acordado en el marco de la Proposición no de Ley 70/2015, la Ley 12/2016 mantenía fundamentalmente el esquema del Decreto 107/2012, si bien perfilaba mejor el procedimiento (arts. 12 y ss.) y la Comisión de Valoración (arts. 16 y ss.), cuya profesionalidad reforzaba. También añadía a los derechos a la reparación (art. 8) e indemnización (art. 9)25 y a la asistencia sanitaria (art. 11), el reconocimiento público (art. 6) y la verdad (art. 7); y preveía su aplicación retroactiva a las víctimas reconocidas con base en el Decreto 107/2012 e incluso a víctimas no amparadas por el mismo (disposiciones adicionales 1.ª y 2.ª).

La Ley 12/2016 fue nuevamente objeto de recurso de inconstitucionalidad (núm. 2336/2017). Ahora bien, en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración de Estado-Administración de la Comunidad Autónoma de País Vasco (30 julio 2018), el Gobierno retiró el recurso y se aprobó –por Ley 5/2019, de 4 de abril, del Parlamento Vasco– la nueva redacción acordada de los arts. 2 y 4 (ámbito y principios de actuación), art. 7 (derecho a la verdad) y art. 14 (instrucción), así como la supresión de la disposición adicional 6.°, referida a la “aplicación de la ley a las vulneraciones de derechos humanos donde no pueda establecerse una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones de derechos humanos”.

2. También en la Comunidad Foral navarra, la STC 85/2018 dio paso a un nuevo proceso legislativo que se tradujo en la aprobación de una nueva Ley foral –la Ley 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos– con el propósito explícito de corregir las objeciones de constitucionalidad suscitadas por la Ley 16/2015: en particular, en cuanto a la independencia y procedimiento de actuación de la Comisión –de cometido resarcitorio, ajeno a todo juicio de culpabilidad, y cuya propuesta dejaba de tener carácter vinculante–, el respeto de la esfera jurisdiccional penal y la garantía de los derechos de terceros.