Читать книгу Anuario de Derecho Administrativo 2018 - Miguel Ángel Recuerda Girela - Страница 29

En opinión del profesor GARCÍA DE ENTERRÍA25), y contrariamente a la reconocido por la jurisprudencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo que hemos expuesto, la posibilidad de formulación de una reclamación judicial de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el Derecho español quedaría limitada estrictamente a la solicitud del quantum indemnizatorio que la ley expropiatoria no agotara y que, por ello, permita a la Administración concretarla en el caso particular a solicitud del expropiado.

En este caso, y conforme a nuestro criterio, posiblemente la vía más sencilla de reclamar de la totalidad del quantum indemnizatorio a que tiene derecho el afectado conforme a la ley expropiatoria es formular una mera solicitud en vía administrativa ante el órgano administrativo competente, conforme a los presupuestos fijados en dicha ley, activando la mecánica del procedimiento administrativo general.

Una aproximación a este concreto planteamiento del concepto de responsabilidad patrimonial, que viene a ratificarlo, podría extraerse de la citada en este trabajo reciente Sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo (Sección 5.ª), de 20 de diciembre de 2017 (JUR 2018, 668), en la que, si bien desestima una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por exceder la petición de la concreta delimitación de daños reclamables fijados en la norma legal, es cierto que avala la articulación de esta responsabilidad como vía para demandar aquellos daños que el perjudicado pruebe superan a los previstos de manera abierta en la ley privativa o que afecte sustancialmente al derecho o interés legítimo.