Читать книгу Digitalización de la actividad societaria de Cooperativas y Sociedades Laborales - Rosalía Alfonso Sánchez - Страница 55

Si el maestro VANDELLI hubiese concebido ahora su ensayo sobre Derecho y Literatura7, es probable que hubiese añadido a los vicios y corruptelas tradicionales de una Administración lenta ahogada por la burocracia y el papeleo algunos problemas de corte tecnológico y que, en vez de recurrir únicamente a autores clásicos como STENDHAL o DOSTOYEVSKI, profundos conocedores de la práctica administrativa por su dedicación profesional no literaria, se hubiera planteado, además, si sueñan los juristas con ovejas digitales, como DICK8, o si la angustia existencial de Josef K. la producía la idea de ser juzgado por un algoritmo9.

Consideraciones literarias a un lado, uno de los grandes desafíos que afronta la Administración en el siglo XXI es su plena adaptación a la digitalización. Este cambio no opera de forma abrupta, antes bien, requiere, para abrirse paso, de un proceso de modernización progresiva que se lleva a cabo, según la United Nations E-Government Survey 2014. E-Government for the Future We Want, en cuatro fases o etapas. Estas fases o estadios han sido definidas como 1.ª) emergente (emerging); 2.ª mejorada (enhanced); 3.ª transaccional (transactional); y 4.ª conectada (connected)10.

Por supuesto, el ritmo de incorporación varía de unos países a otros. Si se entiende que la fase denominada de servicios transaccionales11 consiste en que los sitios web gubernamentales mantienen una comunicación bidireccional con sus ciudadanos (incluida la solicitud y recepción de resultados sobre políticas, programas o regulaciones), se requiere autenticación electrónica de la identidad de éstos para completar con éxito el intercambio y además pueden procesar transacciones no financieras, tales como declarar impuestos en línea o solicitar certificados, licencias y permisos, mientras que en la fase de servicios conectados12 los sitios web gubernamentales han cambiado la forma en que los gobiernos se comunican con sus ciudadanos, son proactivos a la hora de solicitar información y opiniones a los ciudadanos utilizando la Web 2.0 y otras herramientas interactivas, la información, los datos y el conocimiento se transfieren desde los ministerios o agencias gubernamentales a través de aplicaciones integradas y los gobiernos se decantan por un enfoque centrado en los ciudadanos, en el que los servicios electrónicos están dirigidos a los ciudadanos a través de eventos del ciclo de vida y grupos segmentados para brindar servicios personalizados, entonces podría afirmarse que la Administración Pública española se encuentra en una fase avanzada, abandonando la etapa 3.ª para profundizar en los servicios conectados propios de la 4.ª etapa13.

Durante la pandemia de COVID-19, las organizaciones públicas también han experimentado una rápida transformación digital. Los encargados de formular políticas se han visto obligados a incrementar la presencia de la Tecnología en las instituciones públicas a fin de lograr de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)14.

Los esfuerzos para el desarrollo de estrategias digitales después de la crisis del COVID-19 deberían centrarse en fortalecer la protección de datos y las políticas globales de inclusión digital, así como también en reforzar la política y las capacidades técnicas de las instituciones públicas. Al mismo tiempo y más allá de la pandemia de COVID-19, los gobiernos deben consolidar las normas comunes para el intercambio de conocimientos y la colaboración15. Dicho esto, ahora nos centraremos en la situación actual el ordenamiento jurídico español y en la evolución de la Administración electrónica.