Читать книгу Derecho Procesal I - Virginia Pardo Iranzo - Страница 49

En un principio el ámbito de actuación de la Jurisdicción era muy reducido. Ello era consecuencia de su concepción como un poder del Estado menguado. Se pretendía con ello que la actuación de la Jurisdicción no interfiriera con las actuaciones de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.

El ejercicio de la Jurisdicción quedaba constreñido a la tutela de los derechos de los ciudadanos. Distinguiéndose entre el proceso civil y el proceso penal, pues tanto en uno como en otro la Jurisdicción tenía la función de tutelar los derechos y libertades que el ordenamiento jurídico reconocía a las personas.

A través de una necesaria evolución, la Jurisdicción ha ido ampliando extraordinariamente su ámbito de actuación de modo que, con la CE actual en la mano, el ámbito de la Jurisdicción se extiende a la tutela de los derechos de las personas (art. 24.1), el monopolio en la imposición de las penas (art. 25 CE), tutela de los derechos y libertades fundamentales (art. 53.2 CE), el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE) y el control de la constitucionalidad de las leyes (art. 161.1 a CE) (Montero Aroca).

Con el actual ámbito de actuación queda claro que la Jurisdicción es un verdadero poder estatal y no solo eso. Además, por su concreta función de decir el derecho en el caso concreto, controla la función del Poder Ejecutivo (control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa) y del Poder Legislativo (control de la constitucionalidad de las leyes). Quizás desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que la independencia es la principal nota del estatuto de jueces y magistrados, no resulte complicado entender por qué el Poder Judicial es un poder incómodo, especialmente para la clase política.