Читать книгу Fundamentos de Derecho Mercantil para economistas - Abel B. Veiga Copo - Страница 51

La constitución española de 1978 reconoce en el artículo 38 el principio de libertad de empresa en el marco de una económica de mercado, y en el artículo 128 el principio de iniciativa pública en la actividad económica. Nuestra constitución contiene incluso un principio general de planificación de la economía en su artículo 131.

Esos principios generales de contenido programático enmarcan la posible intervención del Estado como agente económico en el mercado. La concepción de la intervención pública en la economía tuvo que ser readaptada ante la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986. A partir de ese momento, el sector público inició una adaptación progresiva al derecho comunitario, cuyos ejes son: la mejora de la gestión y la adaptación a un entorno más competitivo y menos intervencionista que el que había en el régimen anterior a nuestra vigente Constitución.

Desde un punto de vista instrumental, por Ley 5/1996 de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público, se creó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y se suprimió el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) que databa de 1941. La SEPI11 es una Entidad de Derecho Público, que se rige en sus actuaciones por el ordenamiento jurídico privado, civil, mercantil y laboral, sin perjuicio de las materias en las que le es aplicable la Ley General Presupuestaria, estando adscrita, en la estructura orgánica del Estado, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Como consecuencia de la creación de la SEPI se transmitieron a esta las participaciones que tenía la Administración General del Estado en distintas sociedades mercantiles, y se estableció un objetivo de racionalización y mejora de la gestión de dichas participaciones. Debe precisarse que la SEPI aglutina participaciones accionariales de distintas sociedades anónimas participadas por la Administración General del Estado, pero al margen de esta Entidad instrumental, las diferentes Administraciones públicas existentes en España y la Administración General del Estado en particular participan en otras sociedades mercantiles con muy diferente objeto y finalidad.