Читать книгу El nuevo marco legal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España - Clara Martínez García - Страница 6

A toda persona lega en Derecho le resultaría sin duda extraño que alguien pueda llegar a discutir quién deba asegurar la protección integral de la infancia y la adolescencia, no por falta de voluntad de asumir dicha tarea, sino todo lo contrario: por la voluntad de ser el único encargado de llevarla a cabo, al menos en determinados ámbitos. Sin embargo, eso es precisamente lo que ha ocurrido en el largo camino para la aprobación de la LOPIVI. Como analiza ÁLVAREZ VÉLEZ en otra parte de la presente obra, solo en el último momento pudo obtenerse el voto afirmativo de diversos Grupos Parlamentarios (GP) a la futura ley, a pesar de que la mayoría de ellos compartiera, según ideas expresadas por sus propios miembros, la necesidad, los objetivos y el espíritu de la norma.

El problema planteado se resume bien en las palabras del Diputado del GP Vasco en el Congreso D. Iñigo Barandiaran Benito, pronunciadas en la fase de deliberación en Comisión:

“técnicamente es una ley que está aportando muchas soluciones y medidas con las que estamos de acuerdo y, como también estaba diciendo, forman parte del borrador del proyecto de ley que el Gobierno vasco está a punto de remitir al Parlamento vasco, coincidiendo en muchas ocasiones hasta en lo literal. Sin embargo, ya hemos advertido a lo largo del debate en ponencia que esta es una ley que consideramos regresiva en lo competencial […] a nuestro juicio, también supone una injerencia intolerable en materias relativas a los ámbitos de educación, sanidad y la propia infancia y adolescencia, que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas”1.

Esta posición fue reiterada por el propio Sr. Barandiaran en el Pleno del Congreso, donde explicó que el GP Vasco votaría en contra de la futura LOPIVI:

“… con harto dolor de corazón, porque entendemos que sustantivamente es una ley que aporta al conjunto de la protección de la infancia unos parámetros que no solo compartimos, sino que replicamos […] con eso no queremos decir que no se deban adoptar estas medidas, se deben adoptar, y las vamos a apoyar allí donde se tienen que apoyar, que entendemos que es en el ámbito del Parlamento vasco”2.

Y fue reiterada nuevamente, en la Comisión de Derechos Sociales del Senado, por el GP Vasco en el Senado, en términos muy similares. En palabras de la Sra. Vaquero Montero, Senadora:

“En definitiva, nuestra posición al dictamen, si no se salva el ámbito competencial, va a ser un voto en contra, y lo digo con mucho dolor porque no estamos en contra del fondo de la ley, creemos que es una ley necesaria, pero no entendemos cómo no se puede salvar el ámbito competencial”3.

Se trata de una cuestión que está lejos de ser central desde un punto de vista sustantivo, especialmente en una norma que busca consensuar metas e instrumentos para proteger la infancia y la adolescencia, así como otorgar nuevos derechos. Y resulta además un punto de fricción inesperado, si se tiene en cuenta la existencia de otras normas previas similares a la LOPIVI en otros ámbitos, como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOPIVI). Sin embargo, ha sido éste –el de la adecuada cobertura competencial de la LOPIVI– uno de los puntos principales en los que se ha centrado la tramitación de la norma en esta ocasión. Con su inusitado protagonismo, ha arrojado dudas importantes que merecen ser objeto de un análisis detallado.

Las cuestiones competenciales que en este capítulo se abordan son todavía más acuciantes, si cabe, si se tiene en cuenta que condicionan inevitablemente el juicio de constitucionalidad que merezca la LOPIVI y su validez como norma dentro del ordenamiento jurídico español, independientemente de su contenido material y de los loables objetivos perseguidos con su aprobación. La cuestión competencial en un Estado compuesto como el español resulta ciertamente insoslayable.