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I. INTRODUCCIÓN

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Uno de los fundamentos económicos más importantes de la intervención de los Estados de bienestar en las economías de mercado es la mejora de la eficiencia. Aunque buena parte de su legitimación procede de corregir la desigualdad y proporcionar aseguramiento, la destacada presencia de la intervención pública responde también al intento de aumentar la eficiencia de la economía.

El análisis económico cuenta con conceptos e instrumentos para determinar el grado de eficiencia de una economía. Aunque con algunos problemas, se puede medir, por ejemplo, si la demanda de un bien considerado socialmente necesario es insuficiente o si se está cerca del nivel óptimo de producción de un servicio básico de bienestar. Los gobiernos deben intervenir para intentar mejorar esas asignaciones y conseguir que el sistema económico funcione de forma más eficiente.

Algunos de los objetivos del Estado de bienestar, como la reducción de las diferencias de renta, no siempre son compatibles con el de mejora de la eficiencia. Una pregunta importante en el análisis económico del Estado de bienestar es si hay un intercambio inevitable entre estos dos objetivos o si puede haber situaciones y actuaciones en las que ambos fines pueden conseguirse simultáneamente. Si mejora la capacidad de crecimiento de la economía a la vez que aumenta la justicia con la que se reparten los recursos, el bienestar de una sociedad aumentará.

Un límite para el análisis de esa posible compatibilidad es que mientras que en el caso de la eficiencia se cuenta con conceptos e indicadores suficientemente consensuados, la interpretación de la justicia distributiva es, a menudo, una cuestión sujeta a juicios de valor. Se dispone, afortunadamente, de enfoques y propuestas que permiten traducir en criterios de evaluación bien definidos ideas muy diferentes sobre qué es aquella.

Para dar respuesta a los problemas de eficiencia, los Estados de bienestar disponen de instrumentos muy variados. Aunque la atención se suele centrar en el uso del sistema de impuestos y prestaciones, en determinados contextos puede ser preferible la regulación o la propia producción pública de determinados servicios. Desde los años ochenta del siglo pasado, ambas posibilidades han sido objeto de una profunda revisión crítica. Se ha reducido el alcance de la regulación y el papel del Estado de bienestar como productor directo ha ido perdiendo peso a favor de otras fórmulas, como la concertación de servicios o, en algunos casos, la privatización.

Otra cuestión relevante es cómo mejorar el uso que hace el Estado de bienestar de los recursos para alcanzar sus objetivos. Las restricciones para el aumento del gasto público y los límites para mantener su financiación han hecho que se hayan introducido nuevas formas de funcionamiento que tratan también de dar respuesta a las necesidades de aumento de la productividad de los servicios de bienestar social. El desarrollo más importante ha sido la introducción de instrumentos, como los copagos, los cheques o los incentivos monetarios, que tratan de incorporar en la producción de servicios públicos rasgos propios del sector privado.

En el primer tema de este bloque de fundamentos económicos del Estado de bienestar se revisan las razones que justifican la intervención en los mercados para mejorar su eficiencia, los instrumentos para alcanzar ese objetivo y las posibilidades para aumentar su propia eficiencia. Las preguntas que se quieren responder son:

– ¿Cuándo debe intervenir el sector público a través del Estado de bienestar para mejorar la eficiencia de la economía mediante el aseguramiento social?

– ¿Qué relación hay entre las mejoras de la eficiencia y los cambios en el bienestar?

– ¿Qué opciones de intervención pública son las más adecuadas para aumentar la eficiencia desde la óptica del bienestar?

– ¿Qué ventajas y qué inconvenientes presentan los nuevos instrumentos de gestión pública para mejorar la eficiencia del Estado de bienestar?

Economía del Estado de bienestar

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