Читать книгу Economía del Estado de bienestar - Luis Ayala Cañón - Страница 37

Un instrumento habitual del Estado de Bienestar para incentivar o restringir el acceso a determinados consumos es el uso de subsidios e impuestos. Los subsidios sobre los precios tratan de modificar la restricción presupuestaria de los consumidores y los productores. Pueden cubrir parcial –como en el transporte público subvencionado– o totalmente el coste, como en algunos medicamentos gratuitos para los pensionistas.

El uso de subsidios para favorecer el acceso a bienes y servicios relevantes para el bienestar social puede defenderse tanto desde la perspectiva del aseguramiento de un consumo mínimo de bienes preferentes –esenciales para el desarrollo de una vida digna– como desde la idea, de nuevo, de que hay beneficios individuales que tienen a la vez un gran retorno social. Una sociedad que consigue que crezca su dotación de capital humano, por ejemplo, tendrá un mayor potencial de crecimiento económico, lo que justificaría que el precio de determinados servicios educativos fuera nulo o inferior al precio de mercado mediante la subvención del precio.

De la misma forma, se puede intentar alterar el precio de consumos que se consideran nocivos, aumentando su precio a través de impuestos. El consumo de determinados productos puede generar externalidades sanitarias, ambientales, laborales o de otro tipo. Casi todos los países tienen impuestos que gravan esos productos, como es el caso de los contaminantes, el alcohol o el tabaco. Se trata, sin embargo, de un instrumento controvertido, por su escasa capacidad disuasoria, sus posibles efectos regresivos y las dificultades que tiene fijar una línea suficientemente nítida que determine cuándo puede el Estado decidir que el consumo de un producto reduce el bienestar social (Recuadro 4).

Recuadro 4

LOS IMPUESTOS SOBRE EL PECADO

Los economistas anglosajones denominan así a los impuestos diseñados específicamente para gravar el consumo de ciertos bienes considerados dañinos para la sociedad y las personas. Ejemplos son el alcohol, el tabaco, los dulces, los refrescos, el azúcar o el juego. Existe una diferencia con los llamados impuestos pigouvianos, como los que gravan los carburantes, al tratar estos de corregir distintos tipos de externalidades que suponen daños para la sociedad. Los impuestos sobre el pecado no tratan de proteger a unos agentes del comportamiento de otros, sino del suyo propio y lo hacen aumentando el precio de estos consumos a través de los impuestos para reducir su demanda. No siempre es fácil, sin embargo, diferenciar ambos casos. Los riesgos de salud por el consumo de tabaco, por ejemplo, pueden tener consecuencias para la sociedad.

Un dilema importante es hasta qué punto el Estado puede y debe determinar qué comportamientos son lo suficientemente “malos” como para ser gravados. Para algunos autores, la intervención pública debería limitarse a modificar las restricciones presupuestarias de los consumidores, pero no sus preferencias. Estos impuestos suelen tener mayor aceptación social porque generalmente afectan a una proporción pequeña de la población y porque el consumo de estos productos es visto más como una elección que una necesidad. Tal respaldo aumenta especialmente en los períodos recesivos y en los que se deben asumir recortes presupuestarios. En la crisis de 2008, varios Estados norteamericanos pusieron en marcha nuevos impuestos –o elevaron los que había– sobre el consumo de alcohol, tabaco, juego o refrescos. En Italia, Silvio Berlusconi, presidente del Gobierno entonces, propuso implantar un impuesto sobre la pornografía.

En la práctica, estos impuestos tienen más una función recaudatoria que disuasoria, ya que la renuncia al “vicio” no es tan elástica y los consumidores suelen reaccionar de forma limitada a la subida de precios. Los datos de los meses de confinamiento en 2020 por la pandemia en varios Estados norteamericanos muestran que los únicos impuestos cuya recaudación no disminuyó fueron los que gravan el alcohol y el tabaco. Estos impuestos, además, afectan especialmente a las rentas de los hogares más pobres. Los estudios realizados en España sobre el reparto por niveles de renta del gravamen de los impuestos especiales muestran que la distribución de la carga es muy desigual, variando de forma inversa a la renta de los hogares y siendo inequívocamente regresivos.

Una de las críticas a los subsidios es que un precio de mercado bajo puede propiciar el exceso de demanda. Si el gobierno piensa que se trata de un bien o servicio básico podría no ser un gran problema que la demanda sea mayor que el nivel socialmente óptimo. Más relevante parece, de nuevo, el problema de la información de la que dispone el decisor público al adoptar sus decisiones, ya que esos cambios en la demanda pueden tener efectos sobre los precios. Estos podrían pasar a transmitir una información que no es exacta, ya que lo que está actuando es una fuerza ajena al mercado. En este contexto, el Gobierno puede tener dificultades para valorar con precisión tanto el beneficio como el coste social marginal.

Otra crítica, como se vio en la sección anterior, es la posibilidad de que los impuestos necesarios para financiar los subsidios produzcan cambios no deseados en el comportamiento de los agentes. Si bien la evidencia empírica apunta a que la magnitud de ese efecto no es grande, un uso muy generalizado de estos instrumentos podría dar lugar a cambios en los niveles de ahorro y en la participación laboral.