Читать книгу Economía del Estado de bienestar - Luis Ayala Cañón - Страница 42

La producción pública de servicios de bienestar social se caracteriza por algunas diferencias importantes con el sector privado, que pueden reducir su eficiencia. Una de ellas es la baja productividad en algunos servicios. A menudo se señala que esta está ligada a la ausencia de incentivos monetarios para los empleados del sector público.

La forma más habitual para identificar estos problemas de incentivos es a través de los modelos de agencia. El modelo principal-agente, con la delegación de la capacidad de decisión del principal –decisor público– en el agente –gestor público–, se ha aplicado con frecuencia creciente en el marco de los servicios del Estado de bienestar. El principal decide la producción del servicio que ha de llevarse a cabo –puesta en marcha de un hospital, un nuevo centro educativo, un programa de vivienda pública, etc.– y el gestor es el encargado de desarrollar ese proyecto.

El resultado final –y la utilidad del principal– depende decisivamente del esfuerzo del agente. La clave es que ese esfuerzo, que tiene un coste, no puede ser observado por el principal. Si pudiera hacerlo, establecería sistemas de control para que el agente maximizara la producción. En el sector privado, el medio más habitual de control de ese esfuerzo es el contrato y la remuneración en él establecida. En el sector público, sin embargo, el decisor no tiene medios para forzar al gestor a que aumente su esfuerzo. Puede darse el caso de que este no se comporte de manera altruista y limite su esfuerzo o que aproveche su mayor disponibilidad de información en beneficio propio.

La vía para conciliar los intereses de ambos es el establecimiento de contratos en los que el salario del empleado público depende del resultado de su esfuerzo, de forma equivalente a cómo la utilidad del decisor depende del esfuerzo del agente. Este vínculo más estrecho entre la remuneración del agente y su esfuerzo puede mejorar los incentivos para una mayor eficiencia en la gestión del servicio.

Los límites para que estos incentivos funcionen correctamente son varios. En primer lugar, se está aceptando el supuesto de que la única variable determinante del esfuerzo de los gestores públicos es su remuneración. Puede haber otras motivaciones importantes, entre las que no es menor el comportamiento altruista. También puede haber asimetrías en la aversión al riesgo del agente y el principal. Normalmente, es mayor en el caso del primero y para pasar de una remuneración fija a otra potencialmente superior pero variable sería necesario un incremento importante de los costes salariales. En tercer lugar, la medición de la productividad en los servicios de bienestar social es una tarea compleja. Por último, el establecimiento de remuneraciones variables en el sector público se enfrenta a numerosas restricciones, ya que los márgenes para modificar las retribuciones de los empleados públicos son muy limitados.

Recapitulación

• Una economía es eficiente cuando las capacidades de producción de los distintos bienes se igualan con las condiciones en las que los individuos están dispuestos a intercambiar el consumo de esos mismos bienes.

• Los mercados en los que se producen los bienes y servicios más relevantes para el bienestar social funcionarían de forma ineficiente sin la intervención del sector público.

• La mayoría de las teorías de la justicia distributiva ofrecen espacio para que las mejoras de la eficiencia supongan también mejoras del bienestar social. El alcance de estas dependerá de la ponderación que se dé a la equidad.

• La regulación de los mercados ofrece una respuesta al problema de las deficiencias de información, pero puede tener efectos adversos que se pueden corregir con otros tipos de intervención.

• El uso de subsidios e impuestos es un instrumento para incentivar o restringir el acceso a determinados consumos, pero es difícil que el Estado cuente con la información precisa para su diseño óptimo.

• Un cambio importante en la provisión de los servicios del Estado de bienestar ha sido su producción por entidades privadas bajo financiación pública. Esta vía suscita algunos problemas de equidad y no siempre es más eficiente.

• Los cuasi-mercados tratan de aumentar la eficiencia del sector público incorporando a la gestión mecanismos propios del sector privado. Es necesario que se diseñen facilitando el acceso a los servicios a las personas con mayores necesidades.

Lecturas recomendadas

Muchas de las ideas recogidas en este capítulo pueden encontrarse en los principales manuales de economía. Por su análisis específico de las cuestiones económicas relacionadas con el Estado de bienestar es especialmente recomendable la lectura de Le Grand (2008) y Barr (2020). También son abundantes los textos que resumen las principales teorías de la justicia distributiva. Una lectura, sin duda, interesante es la presentación práctica que hace Sandel (2012). López Casasnovas (2003) ofrece una revisión exhaustiva de los nuevos instrumentos de la gestión pública y su aplicación a servicios de bienestar. Para el caso específico de los copagos sanitarios se puede ver un análisis detallado en González López-Valcárcel et al. (2016).

Cuestiones para la reflexión

1. En la definición de eficiencia, el beneficio social está ligado al consumo. ¿Te parece razonable?

2. ¿Crees que la economía de mercado es el mejor sistema para aumentar nuestra capacidad de elección?

3. ¿Es más fácil de medir el criterio de capacidades de Sen que el de otras teorías de la justicia distributiva?

4. ¿Cómo piensas que encaja la propuesta de una renta básica en las teorías de la justicia distributiva?

5. ¿Debería haber una regulación de los anuncios de apuestas en las retransmisiones deportivas?

6. ¿Qué efectos podría tener sobre la eficiencia y la equidad una subida de los impuestos sobre el alcohol?

7. ¿Debería haber un mercado para cualquier necesidad?

8. La legislación establece un copago para el acceso a algunos servicios para personas dependientes. ¿Qué efectos crees que tiene sobre el uso de estos servicios y la equidad en su acceso?

9. ¿Qué opinas de la idea de un “cheque universitario”?

10. “La mejor forma de aumentar la eficiencia en la producción pública de servicios de bienestar es reducir el porcentaje de empleados públicos que son funcionarios”. ¿Estás de acuerdo con este juicio?