Читать книгу Economía del Estado de bienestar - Luis Ayala Cañón - Страница 36

Una de las formas más habituales de intervención del Estado de bienestar en los mercados es la regulación. La frecuencia de su uso responde tanto a razones económicas como a normas sociales. Entre las primeras, destacan los problemas de información que reducen la eficiencia, tanto en el caso de los consumidores, que pueden tomar decisiones bajo restricciones inexactas, como de los productores, que pueden enfrentarse a problemas de riesgo moral o selección adversa, que se verán con detalle en el Capítulo 4. En mercados como el educativo, el sanitario, de vivienda o de pensiones la información suele ser imperfecta. Otro argumento importante es la posible presencia de externalidades.

El Estado puede actuar regulando la calidad de un producto. Se trata de alterar las condiciones de oferta para proteger a los consumidores. Hay ejemplos en prácticamente todos los ámbitos en los que actúa el Estado de bienestar, como pueden ser las condiciones de venta de productos a menores, la necesidad de regular las apuestas, las condiciones del trabajo, los requisitos técnicos de algunos productos y la mayoría de las leyes que tratan de proteger los derechos de los consumidores.

La regulación puede afectar también a la cantidad de un producto. En este caso, el objetivo es intentar modificar las pautas de la demanda porque los mercados no integran todos los costes y beneficios que pueden ser relevantes para la sociedad. El aumento del nivel educativo de la población es un ejemplo de externalidad positiva, al que puede contribuir favorablemente la regulación a través de la escolarización obligatoria. Se puede regular también el uso de productos que impiden el contagio de enfermedades, como las vacunaciones o el uso de mascarillas.

El ámbito más controvertido es el de la regulación de los precios. Se trata de un instrumento habitual en las decisiones del Estado de bienestar relacionadas con las condiciones de vida de los hogares. Cuando un gobierno trata de imponer un precio en un mercado puede haber efectos positivos en términos de algunos de los objetivos del Estado de bienestar, pero también efectos secundarios no deseados. Uno de los ejemplos más habituales es el establecimiento de un salario mínimo. En muchos países, un problema social creciente es el aumento de trabajadores cuyos salarios son insuficientes para escapar de la pobreza. Existe una amplia literatura que subraya los efectos positivos de los salarios mínimos sobre la reducción de la desigualdad salarial y el subempleo, pero también el impacto negativo potencial sobre la contratación, especialmente en el caso de los jóvenes.

Otro ejemplo cada vez más debatido, como se verá en el capítulo 10, es el del control de los alquileres de vivienda para dar respuesta al problema de creciente aumento de la brecha entre el crecimiento de los salarios y el del precio del alquiler. Al regular este precio, se quiere favorecer el acceso a la vivienda a asalariados jóvenes. El control de alquileres, sin embargo, podría hacer que se redujera la oferta de pisos en alquiler por debajo del nivel eficiente y que los propietarios los mantuvieran en condiciones de peor calidad, al no poder recuperar a través del precio los costes de mantenimiento y de las reformas necesarias.

Otro problema de la regulación son las dificultades para que el decisor público tenga la información adecuada a la hora de adoptar decisiones óptimas. Los consumidores frecuentemente tienen una información imperfecta sobre la calidad y los precios de los productos, mientras que los productores pueden desconocer la capacidad real de pago de sus clientes o el riesgo real de un demandante de aseguramiento. En estas condiciones, es comprensible que actúe el Estado a través de la regulación. La pregunta es si el Estado dispone realmente de una información suficientemente precisa para ajustar la regulación a las condiciones de eficiencia y bienestar. Debería tener un conocimiento completo de los beneficios y costes sociales de cualquier alternativa, lo que para algunos autores, como Hayek (el problema del conocimiento), es imposible. En caso contrario, el precio o la cantidad que se regule puede ser muy superior o inferior al que refleja las condiciones reales de consumidores y productores.

Un posible criterio de actuación es no intervenir cuando las deficiencias de información puede corregirlas el mercado. Si estas deficiencias son grandes, la intervención del Estado es necesaria. Eugene Fama definió las condiciones de eficiencia de un mercado tomando como referencia la información. Los mercados son más eficientes:

– cuanto mejor es la información de la que dispone el consumidor.

– cuanto más fácil y menos costoso resulte mejorarla.

– cuanto más fácil resulte para el consumidor comprenderla.

– cuanto menor sea el coste de una selección equivocada.

Mientras que para algunos bienes de consumo se suelen cumplir estas condiciones, no sucede lo mismo con otros básicos para el bienestar social, como la sanidad, la educación o la vivienda.

Otro problema es la posibilidad de que el mantenimiento de la regulación durante períodos prolongados genere desincentivos. Como han mostrado algunos autores, un mercado muy regulado puede desincentivar la innovación. También puede desincentivar la entrada de oferentes potenciales.

Estos problemas no deben llevar, en cualquier caso, a renunciar a la regulación de los mercados. Algunos de esos efectos adversos se pueden corregir con otros tipos de intervención pública que se combinen con la regulación. El problema es cuando una regulación inadecuada genera mayores ineficiencias que las que se quieren corregir.