Читать книгу Anuario de arbitraje 2017 - Mª José Menéndez Arias - Страница 32

Ahora bien, aun cuando la aplicación de la «teoría del control» no ha sido generalmente acogida por los tribunales arbitrales en caso de silencio del correspondiente tratado de protección de inversiones, la «jurisprudencia» arbitral se muestra favorable, como ya se ha dicho, al levantamiento del velo social en los supuestos de fraude o en casos de abuso del procedimiento(127). Un supuesto de abuso podría ser un cambio de nacionalidad no ya con el propósito de buscar la protección futura de un APPRI (lo que, como hemos visto, es considerado admisible por la jurisprudencia arbitral(128)), sino para lograr dicha protección una vez surgida la controversia con el Estado de inversión (lo que resulta más fácil que en el caso de las personas físicas). Así lo entendió, entre otros, el Tribunal arbitral el asunto Mobil Corporation c. Venezuela(129).

Téngase en cuenta que, al igual que en relación con las personas físicas, en este caso está además en juego la no aplicabilidad retroactiva (salvo disposición en contrario) del propio APPRI. Así, en el asunto Phoenix c. República Checa, el Tribunal descartó su jurisdicción ratione temporis para conocer de una reclamación presentada, con fundamento en el APPRI entre Israel y la República Checa, por una sociedad israelí en relación con determinadas medidas adoptadas por este último Estado contra compañías checas adquiridas por ella con posterioridad(130). Pero también descartó su jurisdicción en relación con las medidas adoptados por el Estado de inversión con posterioridad, descartando que la inversión estuviera protegida al no haber sido realizada de buena fe y estimando que la reclamación supuso un abuso del sistema del CIADI:

«Although, at first sight, the operation realized by Phoenix looks like an investment, numerous factors converge to demonstrate that the apparent investment is not a protected investment. All the elements analyzed lead to the same conclusion of an abuse of rights. The abuse here could be called a “détournement de procédure”, consisting in the Claimant’s creation of a legal fiction in order to gain access to an international arbitration procedure to which it was not entitled. […] It is the conclusion of the Tribunal that the whole “investment” was an artificial transaction to gain access to ICSID. Here the “bona fide” test is applied to the abusive distortion of the requirements for jurisdiction, but the Tribunal notes that it is not so limited and may also play its role when it comes to the analysis of the substantive protection for investments under international treaties, which is a matter for the merits».(131)

En esta misma línea, en el asunto Pac Rim Cayman c. El Salvador, tras calificar las medidas litigiosas como «hechos continuos»(132), el Tribunal arbitral consideró que respecto de la porción de tiempo anterior al cambio de nacionalidad de la compañía carecía de jurisdicción ratione temporis. Y respecto de la porción de tiempo posterior al cambio de nacionalidad negó asimismo su jurisdicción afirmando que:

«To this extent, the Tribunal accepts the Respondent’s general submission that: “... it is clearly an abuse for an investor to manipulate the nationality of a shell company subsidiary to gain jurisdiction under an international treaty at a time when the investor is aware that events have occurred that negatively affect its investment and may lead to arbitration”. In particular, abuse of process must preclude unacceptable manipulations by a claimant acting in bad faith and fully aware of an existing or future dispute, as also submitted by the Respondent».(133)

Así pues, debe distinguirse entre las objeciones a la jurisdicción que pueda formular el Estado demandado ratione temporis y por abuso del procedimiento. Como señala el Laudo de 2015 en el asunto Gremcitel c. Perú, «[i]f a claimant acquires an investment after the date on which the challenged act occured, the tribunal will normally lack jurisdiction ratione temporis and there will be no rooom for an abuse of processs»(134). Una objeción basada en el abuso del procedimiento puede prosperar aun cuando la medida controvertida sea posterior a la adquisición de la inversión o a la reestructuración societaria si el surgimiento de la controversia fuera previsible. En este sentido, en la Decisión sobre jurisdicción y admisibilidad en el asunto Philip Morris Asia c. Australia el Tribunal señaló que:

«[…] the initiation of a treaty-based investor-State arbitration constitutes an abuse of rights (or an abuse of process, the rights abused being procedural in nature) when an investor has changed its corporate structure to gain the protection of an investment treaty at a point in time when a specific dispute was forseeable».(135)