Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 103

Ramón Sáez Valcárcel

Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Una de las causas que pueden explicarnos por qué los crímenes de la dictadura han quedado impunes es el respeto que los juristas han demostrado por la legalidad y el ordenamiento jurídico del Estado franquista. Otras, relacionadas con esta, son la ideología de la apoliticidad del juez y la ideología jurídica del olvido. Porque la decisión de los tribunales de negar los derechos de las víctimas a justicia, verdad y reparación, con la excusa de la amnistía y la prescripción, y la negativa a explorar la fuerza expansiva hacia el pasado de la Constitución de 1978 y de la legalidad internacional son datos que obligan a cuestionar la deferencia que la cultura de nuestros juristas parece profesar a la legalidad de la dictadura. La continuidad entre un estado de excepción permanente –que carecía de verdadera constitución y contaba con simple legalidad antidemocrática, tanto desde el punto de vista procedimental como de su validez– y el Estado constitucional de 1978 es una imagen arraigada en la cultura jurídica que expresa la potencia performativa de una ideología que despolitiza al Estado y al derecho. Una cultura que fue funcional a la transición que, bajo su cobertura, se pudo hacer “de la ley (franquista, que negaba los derechos fundamentales) a la ley pasando por la ley”. Una cultura que no ha desvalorado la dictadura ni su legalidad antidemocrática, ni ha sido capaz de aplicar la Constitución retroactivamente ni juzgar los crímenes de estado. Me parece una hipótesis pertinente para participar en el homenaje al profesor Ignacio Muñagorri Laguia, a quien siempre incomodó la tranquilidad de los juristas y, por ello, practicó este oficio y su reproducción desde los márgenes que le ofrecía el pensamiento crítico.