Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 97

Si nos limitáramos a ver a la policía como un mero aparato de Estado, en el sentido estructuralista althusseriano, estableceríamos una relación directa y unívoca entre el Estado, como mandante activo, y la policía como instrumento inerte, como el martillo que golpea si y solo si lo empuña una mano, si lo impulsa un brazo, el brazo del Estado. Este enfoque tiende a crear una perspectiva maniquea, simplista, limitadora, distorsionadora.

Tratar de alcanzar una dimensión más profunda nos lleva a una perspectiva sistémica, que otorgue a la policía, como corporación, una capacidad de generar, defender y reproducir intereses propios, políticas específicas con alto grado de autonomía. Tal planteamiento supone admitir que la policía, en tanto que corporación, constituye, con plena entidad, un actor más de las políticas de seguridad. Así pues, está ligada íntimamente al Estado y en buena medida ejecuta sus mandatos, pero tiene (también) intereses propios en la seguridad, actúa (también) en defensa de intereses corporativos, y no siempre tienen porqué coincidir (plenamente) con los del Estado que supuestamente es su mandante. Dichos intereses pueden ser tan legítimos o ilegítimos como los de cualquier otro actor de las políticas de seguridad. Es necesario entonces distinguir como mínimo entre el concepto de policía como corporación y actora de las políticas públicas, y el de policía como institución y parte de los aparatos de Estado.

En cualquier caso, y a los efectos que nos interesa en este análisis, es evidente que la policía, tal y como hoy la conocemos, está ligada, con todas las circunstancias expuestas, al Estado, al poder y a sus formas de violencia (RECASENS 2021). Es más, podríamos decir que la institución policía es el Estado, junto con otras instituciones determinantes. Algunas de ellas constituyen el conocido como estado profundo (Deep state) dentro del cual cabria considerar extensas áreas del llamado sistema de justicia criminal compuesto por policía, administración de justicia y sistema de ejecución de penas, que custodian buena parte de los arcana imperii, a veces en favor del estado, a veces en favor de intereses propios, a veces no se sabe en favor de quien.

Pero el Estado-nación contemporáneo, plenamente soberano, hijo de la revolución francesa y a la vez heredero del orden surgido de la paz de Westfalia en 1648 ya no es el que era. Ese Estado y sus estructuras no pueden ignorar la realidad de la globalización, un fenómeno que puede tener diversas lecturas y posibilidades, aunque, por lo que parece, la interpretación más pesimista ligada al desarrollo de políticas y economías neoliberales que profundizan las desigualdades e incrementan la pobreza (NAVARRO 2003) se ha impuesto a la que pretendía aprovechar la ocasión para desarrollar un proyecto humanista y alternativo (AMIN 1999). Las relaciones de dominación, a todos los niveles, parecen haber cambiado de escala, pero no de protagonistas, de objetivos ni de destinatarios.

Los espacios clásicos de poder (el Estado) no alcanzan a cubrir sus objetivos por su inadaptación a la nueva realidad surgida del proceso de globalización y los espacios (ciudades) clásicos de desarrollo y resolución de conflictos carecen de los recursos necesarios para hallar soluciones. La globalización afecta de manera determinante el papel tanto de la ciudad como del Estado, en sus relaciones tanto internas como externas. Se configuran y redefinen nuevos espacios que, tomando al Estado-nación como referente, se tornan supra y subnacionales, cosa que afecta, tanto en su vertiente política como económica, al concepto de soberanía (HABERMAS 2000). Son diversos los autores que han puesto de relieve esta situación. A nivel estatal, “podría decirse que los Estados nacionales son demasiado pequeños para controlar y dirigir los flujos globales de poder, riqueza y tecnología del nuevo sistema, y demasiado grandes para representar la pluralidad de intereses sociales e identidades culturales de la sociedad, perdiendo por tanto legitimidad a la vez como instituciones representativas y como organizaciones eficientes” (BORJA y CASTELLS 1999:18). A nivel local, Bauman señala que “las ciudades se han convertido en el vertedero de problemas de origen mundial. Sus habitantes y quienes los representan suelen enfrentarse a una empresa imposible, se mire por donde se mire: la de encontrar soluciones locales a contradicciones globales” (BAUMAN 2010:23).

En síntesis, en una realidad mundializada, en un contexto de globalización, se abren “nuevas perspectivas, nuevos modelos de análisis, nuevas posibilidades, nuevos enfoques políticos y geo-estratégicos que convierten (también) a las políticas de seguridad en un elemento ‘glocal’ en el que se entrelazan indisolublemente las políticas ‘macro’ con las ‘micro’, en un incremento de complejidad que exige una adecuada comprensión y una adaptación de la capacidad de respuesta tanto política, como institucional y teórica” (RECASENS 2003).

Los cambios introducidos por fenómenos como la globalización y la irrupción de la complejidad como concepto llevan a aceptar que no se pueden encontrar soluciones sencillas a situaciones complejas. En ese caso, y si el Estado no puede sustraerse a estas turbulencias, ¿qué nos autoriza a pensar que sus estructuras, sus instituciones, sus corporaciones y sus políticas pueden permaneces incólumes?