Читать книгу Contra la política criminal de tolerancia cero - María Isabel Pérez Machío - Страница 99

En este punto es preciso hacer un paréntesis, una referencia, todavía muy precoz, a los efectos que la pandemia de Covid-19 que asola el mundo desde hace un año, puede tener sobre la temática que estamos tratando, porque constituye un ejemplo de las derivas que puede tomar una gestión en materia de seguridad pública.

El estado de alarma por la pandemia fue declarado en España por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y prorrogado sucesivamente hasta el 8 de mayo de 2021. La norma se promulgó al amparo del art. 116.2 en relación con el art. 55 de la Constitución española y conforme a la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma excepción y sitio. Es preciso recordar que dicha ley es consecuencia directa del fallido golpe de estado del 23 F (perpetrado por elementos militares policiales y civiles cuya cúpula suprema sigue oculta) y que constituye un desglose de la que tenía que ser una ley de seguridad ciudadana que substituyera a la franquista Ley de Orden público de 1959.

Los estados de alarma, excepción y sitio no son grados de una escala, se trata de respuestas diferentes a situaciones distintas. En el estado de alarma no se pueden suspender derechos fundamentales, que tan sólo se pueden restringir, como lo aclaró en si día el Tribunal Constitucional en la Sentencia 83/2016 referida a una huelga de controladores aéreos.

Con todo, el RD 463/2020 amplía el concepto de restricción hasta límites que pueden considerarse excesivos, especialmente en lo relativo a la libertad de circulación. De hecho, et TC ya se ha pronunciado el 30-04-2020 en un recurso de amparo de la Central de Trabajadores de Galicia por la denegación de permiso para una manifestación con motivo del 1.° de mayo. (QUADRA-SALCEDO 2020).

El virus llega en un momento especialmente sensible, porque todavía no existe una verdadera alternativa consolidada a la vieja idea de seguridad y de orden público. Ello conlleva un riesgo cierto de involución hacia modelos estatal-autoritarios, y un desarrollo todavía más neoliberal y desequilibrado. Ciertamente, una situación así no parece tener futuro a largo plazo, pero puede tener un cierto presente e hipotecar seriamente el futuro de una globalización cuya continuidad está asegurado, pero cuya forma puede ser todavía más injusta y segregacionista.

La gestión de la crisis del coronavirus tiene encaje en el modelo clásico de seguridad. En España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene asentada una doctrina que distingue entre seguridad ciudadana y seguridad pública, concepto más amplio que permite incluir, por ejemplo, una pandemia como la actual (RECASENS 2007:132-145). A diferencia de otros países que supieron evitar la tentación securitaria, y gestionaron desde el inicio la crisis desde una perspectiva estrictamente sanitaria, las pantallas televisivas españolas se llenaron, durante los primeros días, de uniformes y de terminología militar y policial, reduciendo una vez más el concepto de seguridad pública y confundiéndolo con seguridad ciudadana y con orden público. Dicha gestión se corrigió en buena medida durante las semanas sucesivas, devolviendo la primacía al sector sanitario, pero es preciso sacar conclusiones de lo sucedido. Una de ellas es que el problema no reside en la presencia de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, que deberían también tener un importante papel en un contexto de pandemia, junto con otros actores. El problema está en dar la preminencia y protagonismo casi exclusivo de dichas corporaciones y en el lenguaje bélico empleado (verbal, de indumentaria, comunicativo…) asimilando el virus a un enemigo y la lucha contra el mismo a una guerra, cuya gestión difiere mucho de la de una pandemia.

A parte de este tema, otros problemas han venido a empañar la gestión de la crisis: ha faltado transparencia, la información ha sido escasa e incompleta y la gestión deficiente, por falta de infraestructuras sanitarias públicas (desmanteladas durante pasados gobiernos). Por otra parte, se ha hecho evidente la opacidad de los contratos con la industria farmacéutica para la provisión de vacunas y el intento de ocultar corrupciones e ineptitudes. Si la pandemia también constituye un problema de seguridad, en este caso de seguridad pública, hay que admitir que se ha generado un grave problema de inseguridad, miedo y desconfianza en una ciudadanía que, por su parte, ha demostrado mayoritariamente su madurez muy por encima de determinadas formaciones políticas que tratan de sacar provecho y votos de una gestión demagógica, populista y más que dudosa de la pandemia.

Habrá que seguir atentamente la evolución tras el estado de alarma, para evitar riesgos reales que se atisban en el horizonte securitario tales como la limitación de derechos y libertades a partir de interpretaciones restrictivas del ordenamiento; el desarrollo de nuevas tecnologías y medios de control y seguimiento físico y telemático (geolocalización obligatoria, chips, telefonía…); el agravamiento de vulnerabilidades (pobreza, violencia doméstica, precariedad laboral, pobreza energética, personas sin techo…) o el endurecimiento de la normativa represiva; por poner sólo algunos ejemplos.

Los efectos combinados de la crisis económica de 2008 y de la sanitaria con fuertes consecuencias económicas de 2020 todavía esperan un análisis en profundidad, pero lo que parece evidente es que la llamada eufemísticamente “nueva normalidad” no será otra cosa que una realidad a secas, más dura y restrictiva. Supondrá, entre otras cosas, la modificación de los umbrales de tolerancia, de control, de capacidad real de ejercicio de derechos y libertades, estableciendo pautas de control más avanzadas sobre la ciudadanía, como ya está ocurriendo en diversos países del mundo.

En el fondo, la verdadera cuestión reside en cómo se gestiona una crisis sanitaria de grandes dimensiones y alta complejidad: si se hace con un imaginario de orden público, con criterios y políticas restrictivas de derechos y libertades, o bien si se hace centrando el foco en la sanidad; si se refuerza el paternalismo autoritario del Estado o se fomenta un esfuerzo de madurez y de responsabilidad, con criterios de transparencia y de resolución de problemas que incorporen la coproducción de políticas públicas, y un uso de los poderes públicos como facilitadores de recursos y organizadores-coordinadores de acciones políticas. Pero las necesarias transformaciones no se producirán de manera espontánea, previamente es preciso fomentar un cambio de cultura ciudadana e institucional, desarrollar planificación, hacer formación, generar infraestructuras (de sanidad, protección civil, comunicación…) y disponer de redes de personas que saben que hay que hacer porque están bien preparadas, informadas y dirigidas. Algo que por ahora no parece bien desarrollado en España. Si no se ponen esos medios, seguiremos matando virus a cañonazos y tomando decisiones a partir de informaciones y contabilizaciones lamentablemente sesgadas.